Marco Licón, el saqueo impune
Marcos Licón Barraza, exdirector general del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), encarna un claro ejemplo de cómo el poder público se convierte en instrumento de enriquecimiento ilícito. Su gestión, marcada por la imposición de la venta obligatoria de uniformes escolares a precios exorbitantes, desató un escándalo que expuso las entrañas de la corrupción en el sistema educativo chihuahuense. En 2022, Licón Barraza fue forzado a renunciar tras revelarse que su administración pretendía obligar a miles de padres de familia a adquirir nuevos uniformes, ignorando el uso de prendas existentes y sin una licitación transparente. Esta maniobra no solo vulneró los derechos de las familias de bajos recursos, sino que evidenció un esquema diseñado para desviar recursos públicos hacia proveedores afines, consolidando a Licón como un operador de redes clientelares al servicio de intereses partidistas del PAN.
Marcos Licón Barraza, exdirector general del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), encarna un claro ejemplo de cómo el poder público se convierte en instrumento de enriquecimiento ilícito. Su gestión, marcada por la imposición de la venta obligatoria de uniformes escolares a precios exorbitantes, desató un escándalo que expuso las entrañas de la corrupción en el sistema educativo chihuahuense. En 2022, Licón Barraza fue forzado a renunciar tras revelarse que su administración pretendía obligar a miles de padres de familia a adquirir nuevos uniformes, ignorando el uso de prendas existentes y sin una licitación transparente. Esta maniobra no solo vulneró los derechos de las familias de bajos recursos, sino que evidenció un esquema diseñado para desviar recursos públicos hacia proveedores afines, consolidando a Licón como un operador de redes clientelares al servicio de intereses partidistas del PAN.
136 millones a plazo fijo
La carpeta de investigación abierta contra Licón Barraza por el presunto “uniforme-gate” revela un montaje financiero de proporciones alarmantes: una operación por 136 millones de pesos en ventas forzadas de uniformes a sobreprecio, sin el menor atisbo de competencia o auditoría previa. Documentos y denuncias periodísticas detallan cómo el proveedor seleccionado —inexplicablemente no registrado como tal en el Cobach— se benefició de un contrato opaco, mientras Licón Barraza omitía consultar a instancias superiores como la Secretaría de Educación o la propia gobernadora María Eugenia Campos. Esta irregularidad no fue un error administrativo aislado, sino un patrón de abuso que priorizó el lucro personal sobre la equidad educativa.
La carpeta de investigación abierta contra Licón Barraza por el presunto “uniforme-gate” revela un montaje financiero de proporciones alarmantes: una operación por 136 millones de pesos en ventas forzadas de uniformes a sobreprecio, sin el menor atisbo de competencia o auditoría previa. Documentos y denuncias periodísticas detallan cómo el proveedor seleccionado —inexplicablemente no registrado como tal en el Cobach— se benefició de un contrato opaco, mientras Licón Barraza omitía consultar a instancias superiores como la Secretaría de Educación o la propia gobernadora María Eugenia Campos. Esta irregularidad no fue un error administrativo aislado, sino un patrón de abuso que priorizó el lucro personal sobre la equidad educativa.
COBACH: el negocio de la pobreza
El impacto de las acciones de Licón Barraza trasciende lo económico y se adentra en lo ético, al perpetuar desigualdades en un sistema educativo ya vulnerable. Padres de familia, muchos de ellos jornaleros o en condiciones de pobreza extrema en Chihuahua, fueron coaccionados para desembolsar sumas que equivalían a semanas de salario, bajo amenaza de exclusión escolar para sus hijos. Esta política coercitiva no sólo pegaba al bolsillo de padres de familia, sino que normalizó la corrupción como herramienta de control, transformando al Cobach en un “botín de oro” para allegados, como lo han denunciado voces críticas que ven en su gestión un reflejo de la podredumbre sistémica en el estado.
El impacto de las acciones de Licón Barraza trasciende lo económico y se adentra en lo ético, al perpetuar desigualdades en un sistema educativo ya vulnerable. Padres de familia, muchos de ellos jornaleros o en condiciones de pobreza extrema en Chihuahua, fueron coaccionados para desembolsar sumas que equivalían a semanas de salario, bajo amenaza de exclusión escolar para sus hijos. Esta política coercitiva no sólo pegaba al bolsillo de padres de familia, sino que normalizó la corrupción como herramienta de control, transformando al Cobach en un “botín de oro” para allegados, como lo han denunciado voces críticas que ven en su gestión un reflejo de la podredumbre sistémica en el estado.
Impunidad con el logo del PAN
A tres años del escándalo, la impunidad que envuelve a Licón Barraza es tan escandalosa como el delito mismo. A pesar de la intervención de la Secretaría de la Función Pública federal, que inició una pesquisa en 2022, la Auditoría Superior del Estado ha sido acusada de encubrir evidencias y dilatar procesos, permitiendo que el exdirector evada responsabilidades penales. Diputadas como María Antonieta Pérez Reyes han cuestionado públicamente esta inacción, destacando cómo el caso de los uniformes se entrelaza con otras irregularidades, como cafeterías no licitadas, en un entramado de complicidades que protege a los intocables del poder. Por cierto el columnista agradece a la diputada la refrescada de memoria,
A tres años del escándalo, la impunidad que envuelve a Licón Barraza es tan escandalosa como el delito mismo. A pesar de la intervención de la Secretaría de la Función Pública federal, que inició una pesquisa en 2022, la Auditoría Superior del Estado ha sido acusada de encubrir evidencias y dilatar procesos, permitiendo que el exdirector evada responsabilidades penales. Diputadas como María Antonieta Pérez Reyes han cuestionado públicamente esta inacción, destacando cómo el caso de los uniformes se entrelaza con otras irregularidades, como cafeterías no licitadas, en un entramado de complicidades que protege a los intocables del poder. Por cierto el columnista agradece a la diputada la refrescada de memoria,
¿De regreso al botín?
La diputada Pérez Reyes ha alertado sobre intentos de colocarlo en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez, un movimiento que sería la culminación de una carrera construida sobre favores y desvíos. Mientras la investigación federal pende de un hilo —con retrasos inexplicables que rozan la negligencia—, el caso ilustra la fragilidad de las instituciones ante figuras como Licón, cuya “caja china” de corrupción no solo robó millones, sino hace relumbrar la impunidad. Urge una depuración radical para que nombres como el suyo queden relegados al basurero de la historia, no al altar de la impunidad. Si en Bachilleres hizo negocios, imaginen lo rentable que puede ser tener más de dos mil millones de pesos, presupuesto de la paraestatal que parece estar en su futuro y en el subsecuente aumento del peculio, dados los antecedentes,
Bonilla responde con sarcasmo
La respuesta sarcástica del alcalde capitalino Marco Bonilla al ser señalado por presuntos actos anticipados de campaña revela, más que enojo, una estrategia calculada de descalificación personal que busca deslegitimar a sus denunciantes antes de que el fondo del asunto llegue a discusión seria. Al calificar a Miguel La Torre y Marco Quezada como mercenarios que “terminan su carrera política haciéndole el trabajo sucio a otros actores políticos de otros partidos”, Bonilla traslada el debate del terreno jurídico-electoral al pantanoso ámbito de la traición partidista y la dignidad personal. Es un recurso clásico: en lugar de defenderse con documentos o desmentir puntualmente los espectaculares y eventos denunciados, opta por cuestionar la honorabilidad de quienes lo señalan, intentando así convertir la denuncia en un boomerang moral contra Morena y sus aliados circunstanciales.
¿La risa que esconde nerviosismo?
El mensaje implícito es doble: por un lado, refuerza la narrativa interna del PAN estatal de que cualquier crítica proviene de “vendidos” o “exprianistas resentidos” –un discurso que funciona bien entre la base albiazul más dura– y, por otro, proyecta fortaleza al mostrar al alcalde riéndose de sus adversarios en público. Sin embargo, esta sobreactuación de desprecio también expone una debilidad: revela que el equipo de Bonilla percibe la denuncia como una amenaza real que podría prosperar en el IEE si una voluntad como la de Maru Campos, da la venia ya que cualquier sanción por precampaña adelantada limitaría severamente sus posibilidades de competir por la gubernatura. En el fondo, la risa del alcalde podría ser nerviosismo.
Colofón
El columnista se puso serio y formal, como si la política en nuestro país y nuestro estado lo fueran; lo cierto es que con el mismo sarcasmo han respondido la senadora de Morena Andrea Chávez a sus caravanas de salud o el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, con sus regalos a diversos municipios, de los(a) candidatos(a), ambos también con sendas demandas ante las autoridades electorales por actos anticipados de campaña. De los políticos(a) en posición de tirador sólo no ha caído en la práctica, la delegada del Bienestar Mayra Chávez, por cierto de esa posición salió el candidato morenista en las elecciones de 2021,
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