Ciudad Juárez, Chih.,- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha alcanzado las 123 identificaciones de las 386 personas sin vida halladas apiladas en el crematorio Plenitud el 26 de junio pasado, un avance que trae alivio parcial a familias destrozadas por el engaño de cenizas falsas y cuerpos abandonados, pero que también ha desatado una ola de 85 denuncias por fraude contra los responsables de esta red de omisiones mortales.
En un esfuerzo pericial que combina ciencia forense con el doloroso testimonio de los deudos, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses notificó este jueves a 116 familias sobre las identidades confirmadas, con planes para completar las notificaciones restantes en las próximas horas. De esas, 110 cuerpos ya han sido entregados, permitiendo a los afectados dar sepultura a sus seres queridos tras meses de incertidumbre y rabia contenida. Sin embargo, el hallazgo inicial de junio –que reveló cadáveres embalsamados, no cremados, incluyendo a tres menores de edad– expuso una crisis en el manejo de la muerte en la frontera, donde el crematorio Plenitud operaba como un cementerio clandestino de promesas rotas.
Todo comenzó con una inspección rutinaria que se convirtió en pesadilla: el 26 de junio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado irrumpieron en las instalaciones del crematorio Plenitud, en las afueras de Ciudad Juárez, y descubrieron 386 cuerpos humanos acumulados en condiciones inhumanas, muchos de ellos envueltos en bolsas plásticas y apilados como mercancía olvidada. Entre ellos, 213 hombres, 165 mujeres y ocho indeterminados, con la presencia lacerante de infantes: un bebé en estado de esqueletización, una niña de entre seis y siete años, y un niño de siete a ocho. Las autoridades vincularon de inmediato a proceso al propietario, José Luis A. C., de 39 años, y al trabajador Facundo M. R., de 64, por delitos contra el respeto a cadáveres y restos humanos, en perjuicio de la sociedad. Días después, una dueña de la funeraria Del Carmen –ligada al entramado– fue enviada a prisión preventiva, ampliando la red de sospechosos en esta trama de negligencia que ha salpicado a varias empresas funerarias de la región.
El escándalo estalló cuando familias, que habían pagado miles de pesos por servicios de cremación, recibieron en su lugar restos de animales o nada en absoluto, un fraude que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, describió como evidencia de la «crisis forense» en México. «Muchos de los familiares habían recibido restos de animales», reveló el funcionario federal, subrayando cómo el crematorio Plenitud convertía el duelo en una estafa sistemática.
Identificaciones a contrarreloj
El proceso de individualización ha sido un maratón forense, impulsado por la Unidad de Identificación Humana de la FGE, que ha empleado desde rehidratación de huellas dactilares hasta análisis odontológicos, tatuajes y reconocimientos visuales en cuerpos menos descompuestos. Un hito reciente fue la creación de un catálogo fotográfico con más de 260 imágenes de prendas de vestir extraídas de los restos, mostrado a grupos diarios de 10 a 12 familias desde el 14 de octubre. Esta herramienta permitió identificar a seis personas adicionales solo esta semana, elevando el conteo a 120 el miércoles y a 123 hoy. «Hemos generado hipótesis positivas que se confirman con métodos científicos», explicó Javier Sánchez Herrera, director de Servicios Periciales, quien enfatizó la capacitación especializada del equipo –entrenado en la academia de la Policía Federal en Querétaro– para priorizar la precisión sobre la velocidad y evitar errores que prolonguen el sufrimiento.
Para agilizar las denuncias y aportes, la FGE habilitó en julio un registro digital en su sitio web (https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio), donde las familias suben datos antemortem y fotos, facilitando cotejos con evidencias postmortem. En paralelo, cuando las prendas no bastan, se recolectan muestras de ADN de dos familiares directos por cuerpo, un procedimiento que, aunque lento, ha sido clave en casos complejos. Hasta ahora, 89 cuerpos fueron entregados con apoyo integral: servicios funerarios gratuitos, sepulturas y asesorías jurídicas, todo coordinado con el Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).
De las familias notificadas, 85 han formalizado denuncias por fraude ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, un incremento de 12 respecto a las 73 reportadas hace dos semanas, lo que refleja no solo indignación sino una creciente organización de los afectados. Colectivos de búsqueda, como los que han impulsado la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), exigen «verdad y no errores» en las identificaciones, abriendo recientemente la puerta a expertos federales para auditar el proceso y garantizar transparencia. «Queremos verdad en el horror de Plenitud», clamaron representantes de estos grupos, que han documentado omisiones en el sector funerario local, donde al menos otras funerarias siguen operando pese a sospechas similares.
La FGE, en colaboración con el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos contra la Paz y la Fe Pública, promete mantener el ritmo ininterrumpido, con atención psicológica inmediata para los deudos y un compromiso de no dejar a nadie atrás. Mientras las notificaciones continúan, Ciudad Juárez lidia con las secuelas de un crematorio que, en lugar de dar paz, multiplicó el vacío: 263 identidades pendientes, y un sistema funerario que clama por reformas urgentes antes de que el olvido se convierta en la última traición.
