Licón llegó a la JMAS a hurtadillas
Parece que les da algo de pena, sólo parece, porque es evidente que lo que falta es vergüenza, más bien trataron de hacerlo lo menos visible posible… casi a hurtadillas llegó Marco Licón Barraza, a la dirección ejecutiva de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, su toma de posesión se dio a conocer después de lasa ocho de la noche mediante un boletín de prensa, sin fotos, con discreción, pero total falta de pudor.
Licón llego a la JMAS a hurtadillas (II)
El columnista logra imaginar a don Ali, llegando a casi el paraíso, en donde podrá administrar más de dos mil millones de pesos por año. Dejó temblando al Colegio de Bachilleres, en donde casi la totalidad del presupuesto está etiqueta. Es fácil imaginar a Licón Barraza, a una alberca de billetes y monedas oro, como Rico Mc´Pato…
Pérez Cuéllar es capaz de darle una feria a Slim
El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, al aprobar un subsidio de 1 millón 475 mil pesos para la Unión Ganadera de Juárez, parece estar consolidando alianzas estratégicas electorales. Este tipo de asignaciones directas de recursos públicos a grupos específicos, como los ganaderos que adquieren toretes en la Expo Ganadera 2025, genera una percepción de clientelismo político. ¡Las vacas no votan don Cruz!
Muy dadivoso don Cruz
En un contexto donde el alcalde ha sido reelecto recientemente, estas acciones podrían servir para mantener lealtades y expandir su base de apoyo. Esta acción lo que deja en claro es que es fácil ser generoso con el dinero ajeno, en este caso el dinero de los juarenses, que Pérez Cuéllar prodiga como si creciera en maceta. En periodismo se dice piensa mal y acertaras, y aquí solo se puede pensar mal Juárez es un municipio urbano, ganaderos son pocos y vacas debe haber más en Guadalupe. Hay que darle vueltas al asunto para saber donde esta la ganancia electoral, porque sin duda es un acto de precampaña.
Ocurrencias municipales
A diferencia del subsidio estatal de 15 mil pesos por cabeza de ganado, que forma parte de programas presupuestados y aprobados por el Congreso del Estado, la iniciativa municipal de 12 mil 500 pesos por ganadero aparece como una medida reactiva y posiblemente improvisada, ligada al «calor de una campaña electoral» según críticas locales. Mientras los fondos estatales responden a planes estructurados para el desarrollo agropecuario, el aporte de Pérez Cuéllar podría verse como una «ocurrencia» destinada a ganar favores inmediatos, sin un marco normativo claro ni evaluación de impacto a largo plazo. Esta disparidad resalta tensiones entre niveles de gobierno y plantea preguntas sobre la sostenibilidad fiscal del municipio, donde recursos limitados se desvían hacia subsidios puntuales en lugar de inversiones en infraestructura esencial.
Prioridades ciudadanas
La elaboración del dictamen por la Comisión de Regidores de Hacienda, integrada por figuras como Daniel Acosta, Karla Escalante y Mireya Porras, ha generado controversia al priorizar este subsidio sobre necesidades urgentes como el bacheo de calles, la seguridad pública o los servicios básicos en Juárez. Críticos argumentan que este millón y medio de pesos podría haber financiado reparaciones en colonias marginadas o la adquisición de equipo policial, en una ciudad plagada de inseguridad y deficiencias urbanas. Además, el beneficiario Alfonso Deandar Duarte, quien ha recibido apoyos previos del municipio sin contrapartidas visibles para la comunidad —como donaciones al DIF—, alimenta sospechas de que estos fondos sirven más a intereses políticos personales que al bienestar colectivo, potencialmente alineados con campañas futuras.
Sucesión temporal en Movilidad
La suspensión por 30 días del regidor panista Miguel Riggs Baeza por violencia política en razón de género obligó al Cabildo a nombrar este miércoles a Eliel Alfredo García Ramos como sustituto temporal en la Comisión de Movilidad. Lo significativo no es solo el castigo al titular, sino quién lo reemplaza: un exregidor de Morena que en el propio alcalde Marco Bonilla (PAN) tuvo que aceptar en 2021 como parte de la representación proporcional. El regreso de García Ramos genera más ruido político.
Morena capitaliza el error panista
El gran ganador político del caso Riggs es, paradójicamente, Morena. García Ramos no solo recupera un espacio en el Cabildo que había perdido en 2024, sino que lo hace en una comisión estratégica como Movilidad en plena discusión del nuevo sistema de transporte, el BRT y las concesiones de rutas. Durante las próximas cuatro semanas tendrá voz y voto en temas que el alcalde Bonilla había intentado blindar con mayoría absoluta de su partido. Es un recordatorio incómodo de que, a pesar de la aplastante victoria electoral del PAN en 2024, la oposición sigue teniendo oxígeno gracias a los autogoles del partido en el poder.
¿Sanción real o correctivo de fachada?
El caso contra Riggs Baeza fue resuelto por el Tribunal Estatal Electoral con una sanción de 30 días, lo cualitativamente leve si se compara con casos similares en otros estados donde se han impuesto inhabilitaciones de años. En Chihuahua, el mensaje parece ser: “se castiga, pero no tanto”. Esto refuerza la percepción de que el PAN local prefiere resolver sus escándalos internos con suspensiones simbólicas que no alteren el equilibrio de poder en el Cabildo. El precedente debilita la lucha contra la violencia política de género y envía la señal de que, con un buen abogado y un partido fuerte detrás, las consecuencias pueden ser mínimas.
El tablero municipal se reacomoda
La crisis de la regiduría de Movilidad llega cuando Marco Bonilla apenas lleva un año de su segundo periodo y ya enfrenta desgaste. Tener que ceder temporalmente una comisión clave a un opositor con experiencia (y con la capacidad de hacer ruido mediático) obliga al alcalde a acelerar la cohesión de su grupo y a limpiar la imagen de su Cabildo de cara a las elecciones de 2027. Mientras tanto, Morena observa y toma nota: cada error del PAN en Chihuahua capital es una grieta que pueden aprovechar en la batalla por la gubernatura. El reloj político ya corre.
Repudio a Andrea Chávez
El incidente en Delicias, en donde la senadora Andrea Chávez suspendió sin aviso una posada en la plaza principal, forma parte de un contexto más amplio de tensiones generadas por la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, impulsada la administración de Claudia Sheinbaum. Esta legislación busca regular el uso del agua para priorizar el consumo humano sobre actividades industriales y agrícolas, combatiendo el acaparamiento y el desperdicio, según defensores como la senadora Andrea Chávez de Morena, a quien ya en Delicias le están haciendo pagar el sentido de su voto.
El caso del agua en Chihuahua
El estado de Chihuahua enfrenta una crisis hídrica crónica agravada por la sobreexplotación de acuíferos, donde se estima que existen al menos 7 mil pozos ilegales, según investigaciones académicas y periodísticas. Esta situación se remonta a décadas de concesiones irregulares, particularmente intensificadas entre 2013 y 2015, periodo en que Alex LeBarón fungió como delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad. Durante su gestión, se entregaron miles de permisos para perforaciones, muchos de ellos presuntamente sin controles adecuados, beneficiando a grupos como comunidades menonitas y familiares del propio funcionario, lo que ha contribuido a la sequía en regiones agrícolas y afectando a miles de familias productoras. La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado en conferencias matutinas este «acaparamiento de agua» como un ejemplo de privilegios del pasado, vinculándolo a intereses económicos y políticos que priorizaron el beneficio privado sobre el bien común, exacerbando vulnerabilidades climáticas y conflictos sociales en un estado con escasas precipitaciones y temperaturas extremas.
Permisos otorgados a exfuncionarios
En el Congreso piden se investiguen los permisos dados por Alex LeBarón. La solicitud del Congreso estatal apunta directamente a posibles irregularidades en permisos de perforación y concesiones de agua otorgados entre 2013 y 2018, así como a cambios de uso de suelo autorizados por Brenda Ríos Prieto durante su administración en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua. LeBarón, designado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido acusado de autorizar hasta 2 mil 140 constancias de inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua en un solo año, muchas de ellas para pozos sin registro previo, lo que facilitó la explotación ilegal y el tráfico de agua en el desierto chihuahuense. Por su parte, Ríos Prieto, como delegada federal, habría expedido autorizaciones para actividades mineras sin cumplir requisitos ambientales, como evaluaciones técnicas y consultas indígenas, generando riesgos para ecosistemas y comunidades locales. Estas prácticas no solo representan faltas administrativas, sino potenciales vulneraciones de derechos colectivos, como se ha denunciado en informes de organizaciones civiles y en mañaneras presidenciales, donde se vinculan a redes de corrupción ligadas al exgobernador César Duarte.
Ampliación de la investigación
La aprobación del Punto de Acuerdo por el diputado Carlos Olson San Vicente marca un esfuerzo por transparentar la gestión de recursos estratégicos, extendiendo la revisión desde 1992 hasta la fecha actual, a propuesta de la diputada Brenda Ríos Prieto, y agregando una solicitud de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) impulsada por el diputado Alfredo Chávez. Esta ampliación busca abarcar concesiones históricas, como las 530 mil otorgadas a nivel nacional entre 1992 y 2025, con picos en 1999 bajo gobiernos priistas, revelando un entramado de irregularidades que incluyen acaparamiento por exfuncionarios y empresarios. La intervención de la FGR apunta a sanciones penales, similar a acciones recientes contra Duarte por presas ilegales que acapararon 700 mil metros cúbicos de agua, frenadas temporalmente por amparos judiciales. Esta medida legislativa refleja una demanda social, especialmente en un contexto donde la nueva Ley de Aguas busca ordenar el consumo y combatir prácticas como la perforación indiscriminada, promoviendo mesas de trabajo para evaluar pozos no legales y reubicar cultivos, y promover un desarrollo sostenible en Chihuahua.
