La Doctrina Estrada, formulada en 1930 por el canciller Genaro Estrada, constituyó el eje vertebral de la política exterior mexicana durante el apogeo de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Basada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, esta directriz rechazaba de manera tajante la práctica de que los gobiernos extranjeros calificaran la legitimidad de las administraciones locales. Durante las décadas de hegemonía priista, el respeto a este postulado se mantuvo como un dogma de consumo interno y un escudo protector frente a los vaivenes de la política global. Para los cancilleres de la época, la Doctrina Estrada era un límite infranqueable en términos de etiqueta soberana; acudir a una representación extranjera a signar convenios o negociar agendas domésticas se consideraba una claudicación inaceptable que ningún titular de Tlatelolco estaba dispuesto a tolerar públicamente.
En la actualidad, este referente histórico es evocado de manera casi cotidiana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un estandarte de dignidad frente a las presiones externas. Sin embargo, el análisis de la praxis diplomática contemporánea revela una profunda brecha entre la retórica nacionalista y la realidad operativa. La reciente reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el embajador estadounidense, Ronald Johnson, efectuada en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, es la muestra más fehaciente de cómo la Doctrina Estrada ha sido vaciada de contenido, transformándose en una simulación discursiva.
El hecho de que el canciller mexicano acuda a la sede diplomática norteamericana para anunciar la creación del Grupo Bilateral de Implementación rompe de forma drástica con el decoro institucional de la República. El protocolo tradicional dicta que las negociaciones soberanas deben suscitarse en territorio neutral o en los salones de la Cancillería. Al trasladar la discusión de una estrategia de seguridad nacional que escala el escrutinio de quince agencias del gobierno de Donald Trump a los linderos de la embajada, el actual régimen incurre en una sumisión geográfica que contradice los principios de igualdad jurídica entre Estados que la misma presidenta defiende en sus conferencias de prensa.
Del cabildeo en las sombras a la capitulación con alfombra roja
Es indispensable precisar que, si bien existen antecedentes de funcionarios mexicanos ingresando a la sede diplomática estadounidense, dichos episodios pertenecieron estrictamente al ámbito de la informalidad y el cabildeo discreto. Sucedió en el salinismo con Fernando Solana Morales al sostener diálogos informales para destrabar cláusulas del Tratado de Libre Comercio, y ocurrió con Luis Videgaray Caso al convertir la residencia del embajador en un centro de operaciones alterno durante el primer mandato de Trump. Incluso la canciller Patricia Espinosa Cantellano recurrió a reuniones de trabajo técnico en el búnker de la sede diplomática bajo el argumento de la encriptación por la Iniciativa Mérida. Sin embargo, todos estos casos se mantuvieron deliberadamente en las sombras de la diplomacia tras bambalinas, precisamente para cuidar las formas exteriores del Estado y no exhibir una capitulación pública de la soberanía.
Por el contrario, el encuentro entre Velasco y Johnson representa una ruptura inédita e impúdica con la Doctrina Estrada porque formaliza, institucionaliza y oficializa dicha sumisión en un acto público de Estado. Ya no se trata de una plática coyuntural para operar una crisis, sino del anuncio oficializado mediante comunicados conjuntos y logotipos gubernamentales de un mecanismo permanente operado y pactado desde el interior de una delegación extranjera. La validación pública de este acuerdo, donde las agencias de Washington dictan las pautas de la seguridad interior en su propio terreno, disuelve por completo el discurso de la soberanía nacional, demostrando que la Doctrina Estrada ha pasado de ser una regla de conducta histórica a una mera herramienta de movilización electoral que se subordina con docilidad a las exigencias fácticas de la Casa Blanca.
