La paradoja del éxito
Resulta paradójico que la administración de Claudia Sheinbaum priorice una reforma electoral profunda cuando el sistema vigente ha demostrado ser el vehículo más eficaz para la alternancia. Las reglas actuales no solo permitieron el ascenso de su movimiento en 2018, sino que le otorgaron una victoria abrumadora en 2024, lo que desarticula el argumento de que el árbitro sea un obstáculo. Intentar desmantelar un modelo que le ha funcionado tan bien al oficialismo sugiere que el objetivo no es la eficiencia, sino el control absoluto sobre el proceso.
Prioridades invertidas
El empeño por impulsar una reforma que la sociedad civil ha señalado como innecesaria revela una desconexión con las urgencias nacionales. En un país con crisis de seguridad y retos económicos, el gasto de capital político en capturar al aparato electoral parece una maniobra de consolidación de poder. Se percibe una intención de «blindar» el futuro mediante el debilitamiento de los contrapesos, asegurando que las reglas del juego favorezcan permanentemente a una sola visión de nación.
La austeridad que asfixia
La narrativa de la «austeridad» utilizada para justificar el recorte a los órganos electorales es un caballo de Troya que esconde la asfixia operativa. Reducir presupuestos bajo el lema del ahorro fiscal compromete la capacidad técnica del INE para organizar elecciones transparentes. Al debilitar la autonomía financiera del árbitro, el Ejecutivo traslada el poder de decisión de los expertos electorales a la burocracia gubernamental, representando un retroceso democrático de décadas.
La politización de la justicia electoral
La propuesta de elegir a consejeros y magistrados mediante voto popular es el punto más crítico y peligroso de esta agenda. Esta medida transformaría a los garantes de la imparcialidad en actores políticos sujetos a campañas y lealtades partidistas. En lugar de técnicos, tendríamos políticos en el estrado, lo que anularía la confianza en los resultados y dejaría la justicia electoral al arbitrio de las mayorías momentáneas, ignorando a las minorías.
La imposición frente al consenso
El anuncio del «Plan B» tras la derrota en el Congreso evidencia un desprecio por el consenso parlamentario y la pluralidad. Al optar por cambios en leyes secundarias para evadir la barrera constitucional, la Presidenta muestra una voluntad de imposición que ignora el espíritu de la ley. Esta estrategia de legislar en los límites de la constitucionalidad solo genera incertidumbre jurídica y se columbran controversias innecesarias.
Hegemonía transexenal
Es preocupante que el oficialismo use su mayoría para intentar modificar las reglas del juego de manera unilateral. Históricamente, las reformas electorales en México nacían de la demanda de las oposiciones para abrir el sistema; hoy, por primera vez, es el poder en turno el que busca cerrarlo. Esta inversión de la lógica sugiere un intento de hegemonía transexenal que busca impedir que otros actores tengan las mismas oportunidades que ellos tuvieron.
En riesgo la estabilidad
La insistencia en esta reforma ignora el valor de la estabilidad institucional construida durante treinta años. El sistema mexicano es reconocido por su robustez frente a intentos de fraude; al atacar la integridad de las instituciones, la administración de Sheinbaum arriesga la paz social en futuras elecciones. Además, debilita la confianza de los observadores internacionales en la solidez del Estado de derecho y la certeza jurídica del país.
Un proyecto sin base técnica
En conclusión, la reforma de Sheinbaum parece ser una solución en busca de un problema inexistente. Si el sistema electoral permitió una transición pacífica y un mandato contundente, no existe una razón técnica que justifique su desmantelamiento. La persistencia del gobierno confirma que se trata de un proyecto ideológico destinado a subordinar la democracia a los intereses del Ejecutivo, poniendo en riesgo la pluralidad política del país.
