La crónica de un fiscal carnal anunciado: Ineptitud… ¿con título en trámite?
En la tragicomedia política que se ventila en el estado grande, el Palacio de Gobierno decidió recetar un nuevo capítulo de audacia e incongruencia jurídica. La gobernadora María Eugenia Campos optó por saltarse olímpicamente el Estado de derecho al imponer a Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado. Más que un enroque institucional, estamos ante una auténtica jugada de prestidigitación transexenal con dedicatoria firmada, denunciada desde hace meses, y que deja al descubierto la poca devoción que el panismo chihuahuense le guarda a sus propias leyes.
El tamaño del despropósito legal
Para ocupar el codiciado sillón de la procuración de justicia en Chihuahua, la ley no se anda con rodeos. El marco constitucional y orgánico es lapidario. Por un lado, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su artículo 121, exige de forma categórica que el titular sea ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 35 años, y posea título y cédula profesional de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años. Por el otro, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en su artículo 19, reitera el mismo perfil jurídico indispensable, blindándolo con candados de probidad y el historial limpio de antecedentes de violencia de género o deudas alimentarias.
¿Cuál fue el problema menor para la administración estatal? Sencillo: Gilberto Loya no es abogado. Su perfil profesional es el de ingeniero en electromecánica. Su experiencia se reduce a los circuitos, las cámaras y las pantallas de la cuestionada estrategia de seguridad, pero de derecho penal, procesal o constitucional absolutamente nada.
Por supuesto, con esa picardía tan característica de la vieja escuela del poder, no se descarta que en los pasillos de alguna universidad patito, de esas que tanto inspiran a ciertos personajes de la judicatura federal, ya le estén imprimiendo un título exprés, nuevecito, con la tinta aún fresca y oliendo a cartón prensado, para justificar lo injustificable.
Blindaje a medida y herederos incómodos
El propósito real detrás de esta maniobra quedó al descubierto con la iniciativa enviada al Congreso del Estado para otorgar una flamante autonomía a la fiscalía con un periodo de ocho años en el encargo. La jugada es doblemente perversa. Primero, el blindaje transexenal opera porque un fiscal por ocho años no sólo entierra lo que queda del sexenio actual, sino que se extiende cómodamente para absorber la mitad de la próxima administración estatal que iniciará en 2027, y rebasar el umbral hasta adentrarse en el periodo que comenzaría en la década siguiente.
Segundo, el fiscal carnal se consuma con la intentona de colocar mediante un artificio legal a un perfil afín como encargado de despacho, evadiendo la votación de mayoría calificada que exige el Congreso, para curarse en salud y heredar una fiscalía a modo que proteja las espaldas del grupo en el poder cuando los tiempos de rendición de cuentas lleguen.
Las denuncias por parte de las fuerzas opositoras no tardaron en llover desde el momento en que se ventiló el contenido de la iniciativa y la intentona de imponer a Loya: se trata de un plan B burdo ante la falta de consenso legislativo, un premio a la opacidad y una violación flagrante al espíritu de profesionalismo técnico que exige la persecución de delitos.
Un balazo en el pie para Marco Bonilla
Lo verdaderamente grave de este sainete no es sólo el desprecio institucional de la mandataria estatal por las leyes que juró cumplir, ya que el verdadero daño colateral se paga en la boleta electoral.
Esta imposición representa un despropósito monumental que perjudica directamente las aspiraciones y la campaña de Marco Bonilla rumbo a 2027. ¿Con qué cara puede el proyecto del alcalde capitalino presumir orden, legalidad y respeto institucional si desde la cúpula del Palacio de Gobierno se pisotea la Constitución local para acomodar a los amigos en puestos técnicos clave? Dejar en claro que las leyes estatales se adaptan al capricho del inquilino en turno es regalarle munición al adversario y confirmar que el cinismo político sigue siendo el deporte favorito de la casa
Premian el fracaso de Loya
El arte de ascender desde el fracaso tiene en Chihuahua su obra maestra. Mientras los datos duros del INEGI y del Secretariado Ejecutivo colocan tercamente al estado en el podio nacional de la violencia letal —firmes en un deshonroso tercer lugar nacional en homicidios dolosos y con tasas de letalidad que pulverizan cualquier media del país—, la respuesta oficial al fracaso operativo es la promoción de los artífices del estancamiento.
Hacer del jefe de la policía estatal, con un historial de seguridad más que cuestionable frente a la crisis permanente, el nuevo mandamás de la Fiscalía General del Estado desafía la lógica de la procuración de justicia para instalar la lógica del premio político. ¿Cómo se explica que los responsables de blindar a la ciudadanía terminen galardonados con una fiscalía? Sencillo: en el ajedrez del poder local, los resultados medibles para la sociedad importan mucho menos que la supervivencia en el círculo rojo.
Los chihuahuenses no viven en la realidad alterna de los informes gubernamentales; viven en el territorio de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), donde cerca de dos terceras partes de la población adulta percibe que su estado es un territorio hostil e inseguro. Navegan entre patrimonios vulnerados donde el fraude y la extorsión escalan sin freno, mientras la cifra negra de delitos no denunciados roza el insultante 90% debido a la nula confianza en instituciones que prefieren maquillar expedientes antes que procurar justicia.
Promover al operador de la seguridad pública al timón de la procuración de justicia no es una estrategia de combate al crimen; es el blindaje de la ineficacia. Cuando el termómetro marca fiebre alta, el poder decide cambiar de lugar el termómetro en lugar de curar al enfermo, apostando a que el desgaste informativo sepulte el hecho de que en Chihuahua, al ciudadano se le recetan balazos y al funcionario se le regalan ascensos.
