Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán destapó un caso de presunta ejecución extrajudicial en la audiencia inicial por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas. Demetrio «N», director de la Policía Municipal en ese momento, es señalado como el responsable de disparar a quemarropa contra Víctor Manuel «N», un joven de 17 años originario de Paracho, quien acababa de balear al edil con seis tiros. Las pruebas presentadas, que incluyen videos de vigilancia, peritajes balísticos y testimonios, contradicen la versión de los involucrados y apuntan a un homicidio deliberado cuando el adolescente ya estaba sometido, desarmado y posiblemente esposado.
La diligencia, que duró ocho horas en los juzgados de Mil Cumbres, expuso una secuencia precisa: el sicario hirió primero a un civil en la multitud de la plaza principal, luego avanzó hacia Manzo, quien encabezaba el evento del Día de Muertos. Tras forcejear con escoltas, Víctor soltó su pistola calibre 9 mm, que cayó al suelo. Demetrio «N» la recogió y, a solo 10-30 centímetros del pecho del joven boca abajo e inmovilizado, accionó el arma 13 segundos después del ataque inicial. Un paramédico testigo relató que los escoltas bloquearon su acceso para brindar auxilios: «Déjalo», le ordenaron, permitiendo atención solo hasta la llegada de la Guardia Nacional, cuando el menor ya había fallecido. Esta omisión configura, para la Fiscalía, un delito de comisión por omisión y ejecución extrajudicial.
El juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a ocho imputados: los siete escoltas detenidos el 21 de noviembre —Omar «M», Alejandro «F», Mario Alberto «S», Guillermo «T», Demetrio «N», Omar Osvaldo «G» y Monserrat «H»— más Jorge Armando «N», alias «El Licenciado», presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este último, capturado el 18 de noviembre en Morelia por un operativo conjunto de Sedena, Semar y Guardia Civil, fue trasladado al penal federal de El Altiplano. Declaraciones ministeriales y audios de una USB incautada revelan que el CJNG ofreció dos millones de pesos por el asesinato, coordinado por Raúl Álvarez Ayala, «El R1», en comunicación directa con Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho». «El Licenciado» integraba un grupo de mensajería donde se planeó el atentado, filtrando datos vía Threema desde un infiltrado en el círculo de seguridad de Manzo.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que un octavo escolta permanece prófugo, mientras se indaga a elementos de la Guardia Nacional por fallos en el esquema protector —14 federales y ocho municipales no impidieron que el tirador se acercara a metros del objetivo—. Testigos grabaron el forcejeo y el disparo final, entre insultos al menor. Además, una carta póstuma de Ramiro «N», hallado muerto el 10 de noviembre junto a Josué «N», de 16 años, advierte: «Nos van a querer silenciar… El Licenciado tiene comprada a toda la fiscalía». Estos cuerpos, en la carretera Uruapan-Paracho, sugieren una «limpieza» interna del cártel para tapar rastros.
Manzo, quien denunciaba públicamente la infiltración del CJNG en Uruapan —conocida por su producción de aguacate y violencia narco—, había recibido amenazas previas. La Fiscalía prepara más imputaciones por complicidades en el aparato municipal. El 26 de noviembre continuará la audiencia para decidir la vinculación a proceso por homicidio calificado, ejecución extrajudicial y participación en crimen organizado. Este caso expone la fragilidad de las instituciones en Michoacán, donde el narco permea hasta la cúpula policial, y deja a la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, al frente de un municipio en alerta máxima, con refuerzos federales prometidos por Omar García Harfuch.
