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Jaque al «As de Oros»

Antonio Pinedo Cornejo Texto: Antonio Pinedo Cornejo
8 diciembre, 2025
en > Crónica
Tiempo de Lectura: 10 minutos
Portada Crónica
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César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2010 y 2016, se ha convertido en uno de los símbolos más notorios de la corrupción política en México. Su trayectoria judicial, marcada por acusaciones de peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero, refleja las complejidades del sistema de justicia mexicano, influenciado por redes de poder, amparos y procesos internacionales. Extraditado desde Estados Unidos en 2022 tras dos años de prisión preventiva en Florida, Duarte ha enfrentado un laberinto de procedimientos que, hasta hace poco, parecían garantizarle una impunidad relativa. Sin embargo, el 8 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvo nuevamente en Chihuahua por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, reavivando el debate sobre la rendición de cuentas en el país.

          Esta detención, autorizada por Estados Unidos debido a que se trata de un delito distinto a los de su extradición original, representa un giro significativo en su caso.

Antecedentes de las acusaciones
Las investigaciones contra Duarte se remontan a su gestión como gobernador, período en el que se le imputa el desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos. En 2017, la entonces Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral (PAN), emitió la primera orden de aprehensión por peculado agravado y asociación delictuosa, relacionada con el desvío de 246 millones de pesos destinados a campañas del PRI.
        Posteriormente, se acumularon más de 20 órdenes de aprehensión por delitos como peculado (desvío de hasta 1,200 millones de pesos), uso de recursos públicos para fines partidistas, adquisición irregular de ranchos y propiedades en Estados Unidos, y facturación fantasma a través de «aviadores» en la nómina estatal.
         En 2020, Duarte fue detenido en Miami, Florida, por Interpol, acusado no solo por autoridades mexicanas, sino también en un caso civil impulsado por Corral en Texas por lavado de dinero y corrupción en la compra de 50 propiedades en EE.UU.
          Aunque este último caso fue desestimado en junio de 2025 por un juez federal en El Paso, Texas, al concluir que no había pruebas suficientes, las acusaciones mexicanas persistieron.
        Duarte, quien reportó un patrimonio de más de 195 millones de pesos en su última declaración, ha negado sistemáticamente las imputaciones, alegando persecución política.

El Proceso de extradición

La extradición de Duarte desde Estados Unidos fue un hito en la cooperación bilateral contra la corrupción. Detenido el 8 de julio de 2020, permaneció en prisión preventiva en Florida por un año 10 meses, acercándose al plazo constitucional mexicano de dos años.
         El 2 de junio de 2022, fue extraditado a México por peculado y asociación delictuosa, delitos no considerados políticos por las autoridades estadounidenses.
         Al llegar, fue vinculado a proceso en Chihuahua y enviado al penal de Aquiles Serdán, en la capital del estado. El proceso destacó las tensiones entre la justicia mexicana y la estadounidense: mientras México buscaba su regreso para enjuiciarlo, Duarte apeló la extradición argumentando violaciones a sus derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) intervino en octubre de 2025 solicitando reducir su vigilancia electrónica, alegando acoso de la Fiscalía de Chihuahua, lo cual m{as de un observador en la entidad calificó de absurdo, tanto la queja de Duarte, como la resolución de la CEDH

         No obstante, la detención del 8 de diciembre de 2025 requirió una nueva autorización de EE.UU., concedida el 4 de diciembre, ya que el nuevo cargo de lavado de dinero no estaba cubierto por el tratado original.
 
Procesos judiciales en México
En México, el caso de Duarte ha sido un ejemplo de dilación judicial. Tras su extradición, un tribunal de Chihuahua lo vinculó a proceso en julio de 2022, pero en junio de 2024, la jueza Hortensia García Rodríguez lo liberó de prisión preventiva, sustituyéndola por arresto domiciliario con brazalete electrónico, sin audiencia ni apelación inmediata de la Fiscalía estatal.

        Esta decisión, criticada como evidencia de colusión, congeló el juicio oral declarado abierto en septiembre de 2023 por peculado y asociación delictuosa, debido a múltiples amparos interpuestos por su defensa.
          En octubre de 2025, Duarte fue trasladado a la Ciudad de México para comparecer ante la FGR por el aseguramiento del rancho «El Saucito», disputando la medida por falta de fundamentos.
         Artículos periodísticos han denunciado una «red secreta» de protección, involucrando a la gobernadora Maru Campos (PAN), magistrados y fiscales, que ha impedido el avance del juicio pese a la apertura formal.
         La visitadora de la CEDH que solicitó registrarlo como víctima, Paulina Chávez López, había trabajado previamente en su administración, generando sospechas de conflicto de interés.

Desarrollos recientes y la nueva detención
El panorama cambió drásticamente el 8 de diciembre de 2025, cuando la FGR, bajo la nueva fiscal Ernestina Godoy Ramos, ejecutó una orden de aprehensión emitida en mayo de 2024 por un juez en Almoloya de Juárez, Estado de México.
         La detención, en Chihuahua, se basa en un esquema de lavado de dinero donde Duarte, como servidor público, ocultó recursos desviados de las arcas estatales mediante el sistema financiero mexicano.

          Esta acción federal elude las dilaciones locales y marca un «golpe a la impunidad», según analistas, vinculándolo a la agenda anticorrupción de la Cuarta Transformación.

         La defensa de Duarte insiste en que se trata de persecución política, similar a las que enfrentan otros exgobernadores priistas como Javier Duarte (Veracruz) o Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas).

         No obstante, la FGR enfatiza que Duarte es considerado inocente hasta sentencia firme, pero el proceso federal podría acumularse a los estatales pendientes.

«Nadie está por encima de la ley»

La situación jurídica de César Duarte Jáquez ilustra las fallas estructurales del sistema judicial mexicano: desde la protección de élites hasta la lentitud procesal, agravadas por influencias políticas. Su reciente detención por la FGR sugiere un fortalecimiento de la justicia federal bajo la administración de Claudia Sheinbaum, pero también plantea interrogantes sobre la independencia judicial y la efectividad de las extradiciones. Mientras el juicio oral por corrupción sigue «congelado» en Chihuahua desde 2023, este nuevo capítulo podría precipitar un enjuiciamiento integral.
         En última instancia, el caso de Duarte no solo busca justicia por desvíos millonarios, sino que simboliza la lucha por erradicar la impunidad en un país donde, como él mismo ha dicho, «nadie está por encima de la ley» —una premisa que, por fin, parece aplicarse.

Autor

  • Antonio Pinedo Cornejo

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