Ciudad Juárez, Chih.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, reconoció que la operación judicial en el Distrito Bravos enfrenta una presión extraordinaria tras la quiebra del corporativo estadounidense First Brands Group. Con cerca de 2 mil expedientes acumulados recientemente, el Poder Judicial ha tenido que trasladar jueces de otros distritos a la frontera para evitar el colapso del sistema de justicia laboral en Ciudad Juárez.
La crisis se originó tras la declaratoria de bancarrota bajo el Capítulo 11 de la ley estadounidense por parte del gigante de autopartes, proveedor de marcas como Raybestos, Centric Parts y Autolite. Este colapso financiero, vinculado a investigaciones por presunto fraude contra exdirectivos en Estados Unidos, derivó en el cierre repentino de cinco plantas maquiladoras en la localidad, dejando a miles de trabajadores en la incertidumbre y sin el pago de sus liquidaciones conforme a la ley.
Ante la magnitud del conflicto, Herrera Sandoval detalló que el reforzamiento del personal es una medida de emergencia necesaria para dar respuesta puntual a los afectados. La magistrada señaló que el volumen de casos ha revelado áreas de oportunidad urgentes, por lo que ya se trabaja en la adecuación de espacios físicos y el fortalecimiento de capacidades técnicas para agilizar los fallos y mejorar la atención a los usuarios del sistema.
En el ámbito legal, la situación se ha tornado crítica debido a que los representantes de la empresa no han comparecido en las etapas de conciliación. Esto ha obligado al Centro de Conciliación Laboral a emitir constancias de no acuerdo, permitiendo que los trabajadores inicien demandas colectivas y procesos de embargo de activos. Actualmente, grupos de empleados mantienen guardias de 24 horas en las instalaciones para evitar que la maquinaria sea retirada antes de que se garantice el pago de sus derechos.
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