Concordia, Sinaloa.- El municipio de Concordia, Sinaloa, se ha convertido en el epicentro de una tragedia humanitaria tras la localización de un complejo de fosas clandestinas que operaba como campo de exterminio. El hallazgo permitió identificar los restos de cinco de los diez empleados de la minera canadiense Vizsla Silver, quienes fueron secuestrados el pasado 23 de enero por un comando armado vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Las víctimas han sido identificadas como José Ángel Hernández, Ignacio Aurelio Salazar, José Manuel Castañeda, José Antonio Jiménez y Jesús Antonio de la O, mientras que el paradero de los otros cinco trabajadores permanece en la incertidumbre.
La operación criminal se registró en el fraccionamiento La Clementina, lugar que servía de campamento para el personal minero. Según las declaraciones de cuatro sicarios detenidos por autoridades federales, el secuestro masivo se debió a una supuesta confusión de los mineros con un grupo rival. Los cuerpos fueron localizados inicialmente el 5 de febrero en el poblado de El Verde, a 15 kilómetros del campamento, pero las excavaciones posteriores han revelado la magnitud del sitio: hasta el momento se han exhumado al menos 14 cuerpos y se han detectado seis fosas adicionales en un perímetro que la Guardia Nacional mantiene bajo estricto cerco de seguridad.
La brutalidad de los hallazgos ha paralizado la vida turística de Concordia, un referente artesanal y gastronómico del sur de Sinaloa. A las afueras del área de exclusión, colectivos de mujeres buscadoras como Tesoros Perdidos y Uniendo Corazones han instalado campamentos improvisados, exigiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) acceso a las excavaciones y confrontación de perfiles genéticos. Familiares de personas desaparecidas en Mazatlán desde 2019 aguardan con angustia, sospechando que este campo de exterminio podría albergar cientos de víctimas acumuladas durante años de violencia en la región del Pacífico.
El presidente de Vizsla Silver, Michael Konnert, emitió un comunicado expresando su solidaridad con las familias afectadas, mientras el Servicio Médico Forense continúa con el traslado de restos hacia Culiacán. Esta crisis de seguridad ocurre a pocas horas de que inicie el Carnaval de Mazatlán, contrastando la festividad oficial con la realidad de los pueblos cercanos, hoy convertidos en corredores de despliegue militar y forense. La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó que las denuncias ciudadanas y las coordenadas proporcionadas por los detenidos han sido clave para cartografiar una zona de muerte que apenas comienza a ser dimensionada por las autoridades federales.
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