Ciudad de México.– A catorce meses de iniciada la administración de Claudia Sheinbaum, la falta de recursos para cumplir el ambicioso gasto público aprobado para 2026 ha obligado al Ejecutivo federal a diseñar una nueva vía de financiamiento que dependerá, en gran medida, del dinero privado. Fuentes de alto nivel en Palacio Nacional confirmaron que antes del 15 de diciembre próximo el Congreso, con mayoría de Morena, aprobará la Ley de Inversiones en Infraestructura para el Bienestar, iniciativa que sustituirá por completo el esquema de asociaciones público-privadas creado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La nueva legislación permitirá al Estado captar recursos de afores, fondos de inversión, créditos bancarios y ahorros de la población para destinarlos a proyectos de infraestructura que, según el plan oficial, deberán combinar rentabilidad para los inversionistas y beneficios sociales directos. El propósito central es alcanzar en 2030 una inversión total en infraestructura equivalente al 29 por ciento del Producto Interno Bruto, meta que la propia Sheinbaum ha repetido desde la campaña presidencial y que requiere movilizar varios billones de pesos adicionales a los que aporta el presupuesto federal.
El autor de la iniciativa es el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena y uno de los legisladores más cercanos a la presidenta. En entrevista, Ramírez Cuéllar explicó que la ley busca “movilizar una cantidad millonaria de fondos que hoy están depositados en instituciones bancarias” para poner en marcha “un programa contracíclico de gran calado” que reactive la industria de la construcción, la vivienda y las obras de comunicaciones y conectividad. El legislador evitó precisar cifras exactas, pero reconoció que el gobierno necesita recursos extraordinarios porque el paquete económico de 10.1 billones de pesos aprobado para 2026 ya resultó insuficiente apenas iniciada su ejecución.
La urgencia quedó en evidencia desde los primeros meses del año. Diversos secretarios de Estado han advertido en privado que los recortes aplicados al gasto corriente y la caída en algunos ingresos petroleros no serán suficientes para cumplir con los compromisos adquiridos, entre ellos los programas sociales insignia, el aumento real al salario mínimo y los grandes proyectos de infraestructura que la propia mandataria ha calificado de estratégicos. Sin una reforma fiscal que eleve la recaudación –opción que Sheinbaum ha descartado reiteradamente–, la única alternativa viable pasó a ser la captación masiva de capital privado bajo un nuevo marco jurídico.
Meses de consultas y análisis
Desde septiembre, equipos de la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia han sostenido reuniones reservadas con los principales grupos empresariales del país. En Monterrey, funcionarios de alto nivel se entrevistaron con constructores y desarrolladores de vivienda para explicar los incentivos que contendrá la nueva ley. Este jueves está programado un encuentro a puerta cerrada con la Asociación de Bancos de México para afinar los últimos detalles antes de que el dictamen sea enviado a comisiones en la Cámara de Diputados.
Aunque el gobierno insiste en que los proyectos deberán tener un componente social claro –por ejemplo, vivienda digna para trabajadores, carreteras que conecten comunidades marginadas o plantas de tratamiento de agua en zonas de alta pobreza–, los empresarios consultados reconocen que el verdadero atractivo radica en las garantías de rentabilidad y en la eliminación de los candados que, a su juicio, volvían poco atractivo el anterior esquema de asociaciones público-privadas.
La derogación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas de 2012 implicará, en la práctica, el fin de los contratos celebrados bajo ese marco y la migración forzosa de los proyectos en curso hacia el nuevo modelo. Funcionarios de Hacienda aseguran que ya existen acuerdos con los concesionarios afectados para evitar litigios, aunque algunos inversionistas extranjeros han manifestado preocupación por la seguridad jurídica de sus contratos previos.
Dentro del propio Morena, la iniciativa ha generado opiniones divididas. Un sector de la bancada considera que abrir la puerta al capital privado contradice el discurso histórico del movimiento contra la privatización, mientras que otro grupo, encabezado por Ramírez Cuéllar, defiende que se trata de una fórmula “nacionalista y soberana” porque el Estado mantendrá la rectoría y la propiedad de los bienes estratégicos. La presidenta Sheinbaum ha respaldado públicamente la propuesta y, según colaboradores cercanos, la ve como la pieza clave para cumplir sus compromisos sin aumentar impuestos ni endeudarse de manera excesiva con organismos internacionales.
Analistas económicos consultados coinciden en que la ley, de aprobarse en los términos que hoy se discuten, representará el cambio más profundo en el modelo de financiamiento de infraestructura desde la creación del Fondo Nacional de Infraestructura en 2014. Sin embargo, advierten que su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para ofrecer rendimientos atractivos sin comprometer recursos públicos en caso de que los proyectos resulten deficitarios, riesgo que en el pasado llevó al rescate de varias autopistas con cargo al erario.
Por lo pronto, el reloj corre. La mayoría oficial en el Congreso tiene hasta el 15 de diciembre para sacar adelante la ley antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. Una vez aprobada, el gobierno espera anunciar en los primeros días de enero el paquete inicial de proyectos que serán financiados bajo el nuevo esquema, entre los que ya se mencionan tramos del Tren Maya pendientes, ampliaciones de líneas del Metro en la Ciudad de México y programas masivos de vivienda en zonas metropolitanas.
Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum mantiene la narrativa de que México vive un momento histórico de transformación con justicia social. La nueva ley será la prueba de fuego para demostrar que esa transformación puede financiarse sin tocar el bolsillo de los contribuyentes ni recurrir al endeudamiento tradicional. En los próximos días, los banqueros, constructores y fondos de inversión tendrán la palabra para decidir si están dispuestos a apostar miles de millones de pesos a la visión de infraestructura para el bienestar que promueve el gobierno federal.
