Lima. Perú.- En un movimiento orientado a frenar el crimen organizado que opera desde las cárceles, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia por un plazo de sesenta días en cinco de los centros penitenciarios considerados de mayor peligrosidad en el país, otorgando a las fuerzas del orden el control operativo de los recintos.
La medida, oficializada este sábado mediante su publicación en el diario oficial El Peruano, fue firmada por la presidenta Keiko Fujimori. La disposición abarca a los penales de Challapalca, Cochamarca, Trujillo Varones, así como a Miguel Castro Castro y Ancón I, estos últimos ubicados en la capital peruana.
De acuerdo con el sustento técnico del decreto, estos recintos albergan aproximadamente a la mitad de la población carcelaria vinculada directamente a estructuras delictivas transnacionales y bandas criminales, un escenario agravado por una sobrepoblación general que alcanza el 156 por ciento en el sistema penitenciario nacional, además de un déficit crítrico de guardias y el ingreso constante de objetos prohibidos como armas y equipos de telecomunicación.
Bajo los términos de la declaratoria de emergencia, la Policía Nacional del Perú, con el respaldo estratégico de las Fuerzas Armadas, asumirá el control directo del orden interno al interior de los penales y de su perímetro circundante, contemplando restricciones temporales en los derechos de tránsito y libertad de reunión en las inmediaciones de los centros penitenciarios intervenidos.
Esta decisión se enmarca en la estrategia de seguridad de mano dura prometida por la administración de la presidenta Fujimori desde el inicio de su gestión a finales de julio, enfocada en desarticular las redes criminales, el narcotráfico y la extorsión que tradicionalmente se dirigen desde el interior de las prisiones.
El contexto de la medida responde a la presión económica y social generada por la delincuencia en el país sudamericano, donde cálculos emitidos por el Ministerio de Economía señalan que el impacto financiero de la inseguridad equivale al 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que representa pérdidas estimadas en unos 5 mil millones de dólares anuales.
