CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, alteró la ruta de su estrategia jurídica al trasladarse directamente a las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República en la capital del país. Aunque el citatorio original entregado el sábado pasado en Palacio de Gobierno estaba programado para desahogarse este miércoles en la delegación federal de Ciudad Juárez, la mandataria local optó por viajar a la Ciudad de México para convertir el requerimiento ministerial en un acto de reclamo político, cobijada por la cúpula nacional del Partido Acción Nacional.
Desde las puertas de la sede central de la FGR, Campos Galván ofreció una conferencia de prensa en la que calificó el procedimiento de la autoridad ministerial federal como una vulgar simulación institucional. La jefa del Ejecutivo chihuahuense argumentó que el documento oficial la requiere de manera formal bajo la calidad de testigo dentro de la investigación abierta por la participación de supuestos agentes de la CIA en un operativo en la Sierra Tarahumara; sin embargo, acusó que el trasfondo real del expediente busca fabricarle un caso penal para convertirla de manera ilegal en una persona inculpada.
Rechazo al citatorio y defensa del fuero
A pesar de su presencia física en las inmediaciones del recinto federal, la gobernadora no ingresó a las salas de la fiscalía para comparecer. El abogado que encabeza el equipo de la defensa técnica, Roberto Gil Zuarth, explicó ante los medios de comunicación que su cliente se encuentra plenamente protegida por el fuero constitucional que le otorga su investidura, por lo que no existe una obligación legal para atender una comparecencia que consideran convocada de manera irregular por el Ministerio Público de la Federación.
El cuerpo de litigantes chihuahuense detalló que la respuesta institucional consistió exclusivamente en la entrega de un oficio de contestación formal dirigido a los ministerios públicos federales. En dicho documento técnico se desglosan las inconsistencias operativas del citatorio recibido y se argumenta su invalidez jurídica, sosteniendo que la legislación procesal civil y penal exenta a los mandatarios en funciones de acudir a este tipo de requerimientos, concluyendo que la autoridad federal no posee las facultades para molestar el ejercicio del gobierno local en los términos formulados en el expediente.
Movilización nacional ante embestida oficialista
La comparecencia mediática en la capital del país contó con el respaldo presencial del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, así como de los líderes parlamentarios Ricardo Anaya Cortés y Elías Lixa Abimerhi. El presidente del blanquiazul denunció que la gobernadora es objeto de una persecución de Estado coordinada por el Gobierno Federal y el partido Morena, fuerza política que formalizó en San Lázaro una demanda de juicio político por el supuesto delito de traición a la patria derivado del operativo táctico del pasado 18 de abril.
Romero Herrera criticó la asimetría institucional del régimen al señalar que se hostiga penalmente a una mandataria que combate al crimen organizado y desmantela laboratorios de narcóticos, mientras que funcionarios del oficialismo que cuentan con solicitudes formales de extradición por parte de cortes extranjeras reciben protección discursiva diaria. La cúpula del PAN advirtió que no permitirán medidas restrictivas contra Campos Galván, ratificando el despliegue de una marcha masiva el próximo fin de semana en Chihuahua que competirá en el espacio público con los mítines de Morena programados por el segundo aniversario del triunfo electoral de la presidencia de la república.
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