Tijuana, Baja California.- Durante su conferencia matutina en Tijuana, la mandataria morenista expresó plena confianza en las autoridades federales. “Estoy convencida de que la FGR es una institución sumamente seria, que va a hacer una investigación en profundidad y se van a esclarecer los hechos”, declaró Ávila Olmeda, quien reconoció conocer el expediente desde hace semanas.
La indagatoria se originó en una denuncia anónima presentada el 11 de junio de 2025, según reveló la unidad de investigación N+ Focus en un reportaje emitido el martes. La carpeta de investigación, a la que tuvo acceso el medio, señala que Torres recibía aproximadamente 150 mil dólares mensuales por parte de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, a cambio de permitir las operaciones del Cártel de los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, en el estado.
La red presuntamente liderada por Luis Alfonso Torres, hermano del investigado, habría canalizado fondos ilícitos a través de empresas fachada y apoyos a campañas políticas, además de realizar extorsiones en aduanas para liberar mercancías a cambio de pagos millonarios. Parte del dinero obtenido se habría invertido en bienes raíces en Estados Unidos.Carlos Torres, quien militó dos décadas en el PAN —donde fue diputado federal y local— antes de sumarse a Morena y vincularse políticamente a Ávila, abandonó el 3 de junio de 2025 su cargo honorario como coordinador de proyectos estratégicos en Baja California, en medio de los señalamientos. En un comunicado difundido este miércoles, Torres rechazó las acusaciones y las calificó como “falsedades” basadas en un “dicho sin rostro”. “Confío plenamente en que la investigación servirá para desestimar estas imputaciones”, afirmó, destacando la naturaleza protocolaria del procedimiento ante denuncias anónimas.
La carpeta también menciona a otros funcionarios, como el director del SAT en Baja California, Gustavo Santos; el director de Auditoría de Comercio Exterior, Omar Vicente Franco; y el senador Armando Ayala, exalcalde de Ensenada. El caso se remonta a mayo de 2025, cuando Estados Unidos revocó las visas a Ávila y Torres, lo que precipitó las pesquisas.
La gobernadora evitó profundizar en los detalles y reiteró su fe en el proceso judicial para resolver el asunto.
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