Washington, D.C.- El Gobierno de Estados Unidos devolvió las cartas de cese y desistimiento que la administración de Claudia Sheinbaum había enviado a los centros de detención de migrantes donde fallecieron ciudadanos mexicanos. El diplomático Michael Kozak, al frente de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, entregó las misivas al embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri, bajo el argumento de que los escritos pretendían dirigir las acciones del personal gubernamental estadounidense en su propio territorio soberano. Ante este rechazo, la representación norteamericana recomendó a México canalizar sus preocupaciones formalmente por las vías diplomáticas habituales.
Por su parte, la Embajada de México tomó nota de la devolución del documento y constató que las inconformidades quedaron planteadas mediante los encuentros sostenidos con el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés. Las cartas enviadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores representaban el primer paso formal para emprender acciones civiles ante la muerte de al menos 17 connacionales en lo que va del año a manos de agentes migratorios de esa corporación. La primera de estas comunicaciones se dirigió al centro de detención de Adelanto, en California, donde ya se registran cuatro decesos de ciudadanos mexicanos.
La tensión escaló tras el fallecimiento del migrante Lorenzo Salgado Araujo el pasado 7 de julio en Houston, Texas, a causa de los disparos de un agente del ICE, un suceso que reavivó la polémica en torno a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump desde su regreso al poder. A este hecho se sumaron otras muertes recientes, como la del ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en Maine y los decesos previos de civiles en Minneapolis durante operativos de la policía migratoria. Las acciones de protesta del gobierno mexicano incluyeron además denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscalías estatales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El escenario se complejiza con las conclusiones de un informe de Human Rights Watch presentado a finales de junio, el cual documenta la muerte de 52 personas bajo custodia del ICE durante los primeros 500 días de la actual presidencia estadounidense, lo que refleja un fuerte aumento en la tasa de mortalidad. La organización internacional denunció que la corporación migratoria limita de manera severa la información que proporciona al Congreso y al público, lo que vuelve prácticamente imposible realizar una supervisión efectiva sobre las condiciones de internamiento. Ante esta situación, el organismo civil hizo un llamado urgente para que las autoridades legislativas y de seguridad de ese país intervengan de inmediato.
