Fox, el «alto vacío» vuelve a hablar
Vicente Fox volvió a hacerle un favor a Morena. No porque haya dejado de ser un opositor auténtico de la Cuarta Transformación, sino porque cada vez que abre la boca parece empeñado en demostrar que Porfirio Muñoz Ledo tenía razón cuando lo bautizó como el «alto vacío». Sus declaraciones sobre la elección presidencial de 2006, en las que presume haber hecho ganar a Felipe Calderón, son una confesión política de enorme torpeza, pero también una muestra de que el expresidente no termina de entender las consecuencias de sus propias palabras.
«En 2006 gana Calderón… O lo puedo decir aquí: hice que ganara Calderón. Aunque no es muy democrático decir eso», declaró en una entrevista con el medio español The Objective. Después explicó que, desde su mentalidad empresarial, consideraba necesario dejar la conducción del país en manos de alguien de su propio partido. Incluso reconoció que llegó a decir públicamente que no entregaría la banda presidencial, salvo a un presidente electo del PAN. No es poca cosa lo que acaba de admitir quien encabezaba el Ejecutivo federal durante aquella controvertida elección.
Fox no solamente reivindicó su intervención en la sucesión presidencial, sino que describió la Presidencia de la República como si fuera una empresa familiar cuya administración debía entregar a quien garantizara la continuidad de sus intereses. Ahí está el problema de fondo: un presidente que tenía la obligación constitucional de garantizar condiciones de equidad para todos los contendientes reconoce que utilizó el poder para favorecer al candidato de su partido. Y todavía considera que es una hazaña que merece presumirse.
La oposición a Morena tiene ahora todos los argumentos para devolverle la frase que Andrés Manuel López Obrador le lanzó durante la campaña de 2006: «¡Ya cállate, chachalaca!». La ironía es que aquella expresión terminó convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de la contienda, pero fue Fox quien, con sus declaraciones de ahora, vuelve a ponerse en el centro de una discusión que le hace daño a cualquier proyecto opositor que pretenda presentarse como una alternativa democrática.
Y es que sus palabras le dan la razón, una vez más, a Porfirio Muñoz Ledo, quien encontró en el «alto vacío» una definición demoledora para describir al expresidente. No era solamente una ocurrencia para ridiculizar sus frecuentes desatinos verbales. Era un juicio sobre su escasa profundidad política, su frivolidad y su incapacidad para comprender la dimensión de las responsabilidades que había asumido. El tiempo ha sido bastante generoso con la vigencia de aquel calificativo.
Hay que reconocerle a Fox una cosa: es un opositor genuino a la 4T. No necesita que nadie le dicte el discurso, le prepare las consignas o le explique por qué debe confrontar a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Tiene convicciones, o cuando menos una animadversión política muy clara, y no ha tenido reparo en expresarla. El problema es que ser opositor no significa necesariamente ser un buen político. Mucho menos tener inteligencia estratégica.
La diferencia se advierte cuando se compara al Fox que consiguió encabezar la alternancia del año 2000 con el personaje que hoy aparece en entrevistas haciendo declaraciones que terminan convertidas en munición para sus adversarios. Aquel Fox supo convertirse en un fenómeno electoral, romper la inercia priista y capitalizar el hartazgo ciudadano. Pero no hay que confundir al candidato que logró vender la esperanza del cambio con el hombre que tuvo la responsabilidad de gobernar.
El timing político que hizo posible la alternancia probablemente estuvo mucho más en manos de otros integrantes de su equipo, particularmente de José Luis González y González, El Bigotón, uno de los principales arquitectos de Amigos de Fox y coordinador inicial de aquella operación electoral. González entendía la política como una construcción de percepción, posicionamiento y oportunidad. Sabía cuándo hablar, cómo colocar un mensaje y, sobre todo, cuándo evitar que el candidato se convirtiera en su propio enemigo.
Fox, en cambio, parece haber confundido siempre la espontaneidad con la inteligencia política. En 2000 fue un extraordinario candidato, pero su Presidencia terminó muy lejos de las expectativas que generó la alternancia. Y ahora, más de dos décadas después, vuelve a exhibir esa misma limitación: no mide el alcance de lo que dice ni advierte a quién beneficia con sus declaraciones.
La confesión sobre Calderón es particularmente inoportuna para una oposición que necesita recuperar credibilidad, construir un discurso democrático y convencer a los ciudadanos de que Morena no tiene el monopolio del poder ni de las instituciones. En lugar de ayudar a esa causa, Fox le entrega a Sheinbaum una declaración que confirma buena parte de los señalamientos históricos de López Obrador sobre la intervención presidencial en 2006.
No se trata de defender a Morena ni de concederle a López Obrador la razón en todo lo que dijo sobre aquella elección. Se trata de reconocer que Fox acaba de ponerle palabras a una de las acusaciones más graves de aquel proceso electoral.
El expresidente sigue siendo un opositor de la 4T, pero no necesariamente el opositor que Morena necesita tener enfrente para preocuparse. A estas alturas, sus adversarios no tienen que inventarle frases ni construirle caricaturas. Él solito se encarga de proporcionarles el material.
Y después de semejante declaración, quizá lo más inteligente que podría hacer Vicente Fox es guardar silencio. Porque si algo ha demostrado en estos años es que, cuando habla, el «alto vacío» vuelve a llenarse de razones.
México: replantear la diplomacia
El momento que viene es inmejorable para que México replantee su estrategia diplomática frente a Estados Unidos. Debe hacerlo con precisión quirúrgica, identificando los gobiernos estatales y municipales con los que tiene mayores intereses económicos, comerciales, fronterizos y culturales. No basta con mantener una relación institucional con la Casa Blanca y esperar a que Washington defina las condiciones de nuestra relación bilateral. México necesita tomar la iniciativa, abandonar la diplomacia tradicional y construir una red de interlocución mucho más amplia, activa y, en el buen sentido de la palabra, agresiva.
Hay dos razones inmediatas para hacerlo: Texas y California. No son dos estados más de la Unión Americana, sino las dos economías estatales más grandes de Estados Unidos y territorios fundamentales para los intereses mexicanos. Sus dimensiones económicas, su intercambio comercial y la presencia de millones de personas de origen mexicano los convierten en interlocutores indispensables.
Los números explican su importancia. En 2024, California registró un producto interno bruto de aproximadamente 4.1 billones de dólares y Texas de 2.7 billones, mientras México alcanzó alrededor de 1.8 billones. Es decir, cada una de esas economías supera individualmente a la mexicana. California tiene más del doble de nuestro tamaño económico y Texas aproximadamente una vez y media.
El intercambio comercial confirma esa dependencia recíproca. En 2024, Texas realizó operaciones comerciales con México por 281 mil 200 millones de dólares. Nuestro país fue su principal socio comercial, tanto como destino de sus exportaciones como por el origen de sus importaciones. México representa una parte sustancial de la actividad comercial internacional texana.
California tampoco es un socio menor. Su intercambio de mercancías con México supera ampliamente los 90 mil millones de dólares anuales. Nuestro país es uno de sus principales mercados y un eslabón fundamental de sus cadenas productivas. Detrás de estas cifras hay industria automotriz, componentes electrónicos, maquinaria, semiconductores, productos agroalimentarios, energía, inversiones y empleos. Lo que sucede en Texas y California tiene repercusiones directas en México, y viceversa.
La oportunidad que ahora se abre es también política. En Texas, Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina electa gobernadora. En California, Xavier Becerra ganó la gubernatura frente al republicano Steve Hilton. Ambos tienen ascendencia mexicana y asumirán sus cargos en enero de 2027.
Su origen no garantiza cambios radicales en las políticas públicas, pero permite esperar mayor sensibilidad hacia las comunidades mexicanas y una interlocución sin la hostilidad que caracterizó al gobierno texano de Abbott. Durante doce años, su administración convirtió la confrontación migratoria en bandera política mediante Operación Lone Star, despliegues policiales, barreras fronterizas y medidas que provocaron tensiones con México. La seguridad fronteriza no tiene por qué convertirse en agresión contra los mexicanos.
México no debe esperar a que los nuevos gobernadores den el primer paso. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que establecer desde ahora una agenda de trabajo con sus equipos de transición y preparar encuentros entre gobernadores, legisladores, empresarios y autoridades mexicanas. Los temas son evidentes: comercio, infraestructura fronteriza, energía, agua, seguridad, migración, educación y desarrollo tecnológico.
Pero la estrategia debe llegar también a los municipios. El Paso no puede ser solamente el vecino geográfico de Ciudad Juárez; debe ser un interlocutor permanente. Lo mismo ocurre con San Diego y Tijuana, Calexico y Mexicali, Laredo y Nuevo Laredo. Hay ciudades estadounidenses con una presencia mexicana determinante y relaciones comerciales y culturales que merecen atención diplomática directa.
Los consulados deben dejar de ser vistos exclusivamente como oficinas de documentación y protección. Necesitan convertirse en centros de interlocución política, económica y comunitaria, capaces de construir alianzas con autoridades locales, universidades, cámaras empresariales y organizaciones mexicoamericanas.
Hay otra razón para actuar: la revisión del T-MEC. México necesita construir respaldos en los territorios estadounidenses donde nuestro comercio representa miles de millones de dólares y sostiene empleos. Texas y California tienen intereses económicos concretos que coinciden con los nuestros. Esos intereses deben convertirse en una plataforma de entendimiento político.
La 4T tiene una oportunidad que no debería desperdiciar. No puede limitarse a reaccionar ante las presiones de Washington ni a defenderse cada vez que aparece una amenaza comercial o migratoria. Necesita anticiparse, construir relaciones y generar interlocutores en Estados Unidos.
El momento es favorable, pero las oportunidades políticas no son permanentes. Si México no toma la iniciativa, alguien más ocupará esos espacios.
La diplomacia también se construye en las fronteras, en las ciudades, en las legislaturas estatales, en las cámaras empresariales y en las comunidades. No se trata de pedir favores por el origen mexicano de sus gobernantes, sino de defender intereses nacionales, aprovechar coincidencias y construir relaciones de respeto y cooperación.
México debe dejar de mirar exclusivamente hacia Washington. Si Texas y California son dos de las economías más poderosas del mundo y socios fundamentales para nuestro país, resulta inexplicable que no exista una estrategia diplomática de esa misma dimensión. La diplomacia mexicana debe dejar de ser reactiva. Es tiempo de salir a buscar interlocutores, abrir puertas y tomar la iniciativa.
Arlett Espino la renuncia necesaria
La permanencia de Claudia Arlett Espino al frente de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua resulta políticamente insostenible. No se trata solamente de un problema de imagen para el gobierno de Maru Campos, sino de una exigencia elemental de responsabilidad pública: quien aparece comprometida por sus relaciones con el entorno de Guadalupe Taddei y mantiene vínculos documentados con el empresario José Alfredo Hernández Casillas no puede seguir ocupando una posición en el gobierno estatal.
La contradicción es demasiado evidente. La dependencia encargada de combatir al crimen no puede tener al frente a una funcionaria cuya actuación y relaciones están bajo cuestionamiento público por un escándalo que tiene en vilo al propio Instituto Nacional Electoral y a su estructura administrativa. La confianza no se recupera con explicaciones burocráticas ni con silencios convenientes.
Pero el problema ya no se resuelve únicamente con la salida de Espino. La funcionaria presentó su renuncia irrevocable a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con efectos desde el 2 de noviembre. La propia dependencia reconoció que la decisión obedecía, entre otras razones, a los señalamientos mediáticos. Es decir, el gobierno terminó admitiendo que el costo político de mantenerla era mayor que el de separarla.
Y hay datos que no pueden minimizarse. Durante su gestión como presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Espino adjudicó en 2021 un contrato de 33 millones 881 mil 653 pesos a Cajas Graf, empresa vinculada con José Alfredo Hernández Casillas. No es una relación inventada ni una simple coincidencia de fotografías: existe una contratación pública documentada.
El escándalo tiene una dimensión nacional. Guadalupe Taddei ya renunció al INE y existen versiones periodísticas sobre su traslado a Palominas, Arizona. También circulan versiones sobre una posible salida de Hernández Casillas hacia Argentina, aunque esta última información requiere confirmación documental. Lo que sí está a la vista es la red de relaciones empresariales y administrativas que ha colocado bajo sospecha a distintos integrantes del entorno de Taddei.
Maru Campos tiene razones para tomar distancia… lo inexplicable es que la haya incluido en su equipo. Fueron apenas dos semanas de Espino como colaboradora de la gobernadora, pero suficientes para que el escándalo alcanzara nuevamente a la administración estatal. El daño político ya está hecho. Lo que no tendría justificación es prolongarlo por consideración a viejas amistades, compromisos personales o acuerdos que no tienen por qué estar por encima del interés público.
La renuncia de Espino era necesaria y finalmente llegó. Ahora corresponde que las autoridades deslinden responsabilidades y expliquen quién decidió reincorporarla al gobierno estatal pese a los antecedentes que ya eran públicos, de hecho el escándalo en el INE estalló a menos de 48 horas, del ingreso de espino al gobierno de Campos Galván.
Maru no puede darse por satisfecha con una renuncia…la opinión pública no.
