Coahuayana, Mich. – La Fiscalía General de la República (FGR) rectificó este domingo que la investigación por la explosión de una camioneta cargada de explosivos frente a la base de la policía comunitaria de Coahuayana, ocurrida el viernes, se lleva por el delito de delincuencia organizada y no por terrorismo, como se informó inicialmente.
El sábado, la fiscal general Ernestina Godoy difundió un comunicado en el que mencionaba expresamente el “delito de terrorismo”. Horas después, la propia FGR aclaró que el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y que la mención inicial obedeció a un error de redacción, al tratarse de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, unidad adscrita a la Femdo.
El ataque dejó cinco personas muertas –tres policías comunitarios y dos civiles, entre ellos el conductor de la camioneta– y siete heridas. Además, doce vehículos resultaron dañados, dos de ellos camionetas blindadas Chevrolet Suburban de la corporación local.
Según la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la camioneta Dodge Ram tipo Dakota ingresó desde Colima por la carretera federal 200, fue captada en cámaras de videovigilancia en San Vicente entre las 08:35 y las 09:30 horas del viernes, y explotó en la calle Allende, frente a la comandancia comunitaria, con una onda expansiva de 300 metros.
En Coahuayana sigue operando la policía comunitaria encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, “Comandante Teto”, exmiembro de las autodefensas que en 2013-2014 enfrentaron a Los Caballeros Templarios y que en años recientes ha tenido choques con células del Cártel Jalisco Nueva Generación y remanentes de otros grupos.
En el lugar trabajan 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 agentes de la Policía Federal Ministerial, especializados en explosivos, balística, genética y criminalística de campo. La investigación está a cargo de la Femdo con apoyo del gabinete de seguridad federal (Sedena, Semar, SSPC y Guardia Nacional).Autoridades estatales y federales no descartan que el atentado haya sido una respuesta del crimen organizado contra la corporación comunitaria que se ha negado a alinearse o someterse a los cárteles que disputan la costa michoacana.
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