Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) citará a declarar en los próximos días a cerca de 50 agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, en el marco de las investigaciones abiertas por la presencia de elementos estadounidenses —presuntamente de la CIA— en un operativo antidrogas que derivó en la muerte de dos de ellos y dos funcionarios estatales.
Los hechos se remontan al 16 de abril de 2026, cuando un convoy de aproximadamente 40 elementos de la AEI partió de la capital del estado hacia la sierra, específicamente entre los municipios de Morelos y Guachochi, con el objetivo de desmantelar un narcolaboratorio de drogas sintéticas. En dos de las unidades viajaba el entonces director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, junto con su escolta y cuatro civiles estadounidenses que no fueron reportados a los mandos superiores.
Según la investigación preliminar de la Fiscalía de Chihuahua, encabezada por la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva al frente de una unidad especial, los extranjeros vestían ropa civil, no portaban insignias oficiales ni armas de fuego visibles en algunos relatos, y mantuvieron un perfil bajo, con el rostro cubierto en gran parte del tiempo. Su interacción se limitó al director Oseguera y su círculo inmediato de seguridad. La presencia de estos elementos no formaba parte formal del despliegue operativo institucional y no fue notificada a las autoridades superiores de la AEI ni a la Fiscalía estatal.
Alrededor de las 17:30 horas del mismo día, el convoy se unió a unas ocho unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con aproximadamente 50 elementos militares. El operativo permitió localizar e intervenir el laboratorio clandestino. En el trayecto de regreso, en la madrugada del 19 de abril, ocurrió un accidente vehicular en el que perdieron la vida Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes y dos de los estadounidenses. Versiones posteriores han generado controversia sobre si los agentes extranjeros portaban armas o uniformes de la AEI.
La FGR, bajo la dirección de Ernestina Godoy Ramos, abrió dos carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Chihuahua. Una se relaciona con el hallazgo del narcolaboratorio y la otra indaga posibles delitos contra la seguridad nacional por la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano sin la autorización formal correspondiente.
Las indagatorias estatales han incluido alrededor de 50 entrevistas ministeriales y más de diez informes periciales. Autoridades han señalado que el director fallecido sería el principal responsable de no haber reportado la colaboración, calificada como extraoficial. El caso ha provocado la renuncia del entonces fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y ha generado tensiones diplomáticas y políticas, con cuestionamientos sobre posibles injerencias extranjeras y omisiones institucionales.
Hasta el momento, la FGR ha confirmado que citará a los elementos de la AEI que participaron en el despliegue para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y determinar si hubo violaciones a protocolos de seguridad nacional. El gobierno federal y el estatal han manifestado disposición para colaborar en las pesquisas, mientras persisten dudas sobre el alcance real de la participación estadounidense en operaciones en suelo mexicano.
Los hechos se remontan al 16 de abril de 2026, cuando un convoy de aproximadamente 40 elementos de la AEI partió de la capital del estado hacia la sierra, específicamente entre los municipios de Morelos y Guachochi, con el objetivo de desmantelar un narcolaboratorio de drogas sintéticas. En dos de las unidades viajaba el entonces director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, junto con su escolta y cuatro civiles estadounidenses que no fueron reportados a los mandos superiores.
Según la investigación preliminar de la Fiscalía de Chihuahua, encabezada por la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva al frente de una unidad especial, los extranjeros vestían ropa civil, no portaban insignias oficiales ni armas de fuego visibles en algunos relatos, y mantuvieron un perfil bajo, con el rostro cubierto en gran parte del tiempo. Su interacción se limitó al director Oseguera y su círculo inmediato de seguridad. La presencia de estos elementos no formaba parte formal del despliegue operativo institucional y no fue notificada a las autoridades superiores de la AEI ni a la Fiscalía estatal.
Alrededor de las 17:30 horas del mismo día, el convoy se unió a unas ocho unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con aproximadamente 50 elementos militares. El operativo permitió localizar e intervenir el laboratorio clandestino. En el trayecto de regreso, en la madrugada del 19 de abril, ocurrió un accidente vehicular en el que perdieron la vida Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes y dos de los estadounidenses. Versiones posteriores han generado controversia sobre si los agentes extranjeros portaban armas o uniformes de la AEI.
La FGR, bajo la dirección de Ernestina Godoy Ramos, abrió dos carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Chihuahua. Una se relaciona con el hallazgo del narcolaboratorio y la otra indaga posibles delitos contra la seguridad nacional por la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano sin la autorización formal correspondiente.
Las indagatorias estatales han incluido alrededor de 50 entrevistas ministeriales y más de diez informes periciales. Autoridades han señalado que el director fallecido sería el principal responsable de no haber reportado la colaboración, calificada como extraoficial. El caso ha provocado la renuncia del entonces fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y ha generado tensiones diplomáticas y políticas, con cuestionamientos sobre posibles injerencias extranjeras y omisiones institucionales.
Hasta el momento, la FGR ha confirmado que citará a los elementos de la AEI que participaron en el despliegue para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y determinar si hubo violaciones a protocolos de seguridad nacional. El gobierno federal y el estatal han manifestado disposición para colaborar en las pesquisas, mientras persisten dudas sobre el alcance real de la participación estadounidense en operaciones en suelo mexicano.
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