Ciudad de México. – En una audiencia maratónica que se extendió por más de 11 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el presunto lavado de 73.9 millones de pesos desviados durante su gestión (2010-2016).
El fiscal Manuel Granados Quiroz argumentó un alto riesgo de fuga, al señalar que Duarte cuenta con una red de cómplices en Chihuahua, incluyendo a la actual gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, a quien acusó de haber recibido un soborno de 10 millones de pesos como parte de la llamada «nómina secreta». Según la FGR, esta relación de complicidad facilitó que la justicia estatal le concediera libertad provisional en junio de 2024, tras cumplir dos años de prisión preventiva en un caso local de peculado.
Granados también mencionó la negativa del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua a entregar información sobre bienes de Duarte, invocando «secreto profesional», y que una juez que le otorgó la libertad fue «premiada» con un ascenso a magistrada.
La jueza María Jazmín Ambriz López desestimó el señalamiento contra Campos como «subjetivo», pero dictó prisión preventiva justificada al exmandatario, quien permanece en el penal del Altiplano. Durante la audiencia, se desahogaron más de 100 pruebas, incluyendo dictámenes contables y registros bancarios que vinculan recursos públicos a empresas ganaderas donde Duarte y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, eran accionistas mayoritarios.
La diligencia se reanudó este domingo y culminó con receso cerca de la medianoche. Fuentes periodísticas, como la nota de Abel Barajas en Reforma, destacan que Duarte intervino al final, acusando al senador Javier Corral de vínculos con el narcotráfico, lo que la jueza rechazó por falta de pruebas.
Duarte fue detenido el 8 de diciembre en Chihuahua y trasladado al Altiplano tras autorización de Estados Unidos para procesarlo por este nuevo delito federal. La vinculación a proceso se resolverá en próximas horas.
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