Washington, D.C.- Un tribunal federal de apelaciones autorizó este martes al gobierno del presidente Donald Trump reanudar la ejecución de deportaciones rápidas de migrantes indocumentados en cualquier parte del territorio estadounidense, revirtiendo una restricción que limitaba este mecanismo únicamente a las zonas cercanas a la frontera.
Por mayoría de votos, un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia anuló el fallo de una instancia inferior que mantenía suspendida la aplicación ampliada de la llamada «expulsión acelerada». La resolución representa un avance judicial significativo para la administración republicana, la cual considera esta medida como un pilar fundamental dentro de su estrategia de deportaciones masivas.
El procedimiento de expulsión acelerada permite la deportación inmediata de extranjeros sin que estos tengan la posibilidad de comparecer ante un juez de inmigración. Históricamente, este mecanismo se limitaba a personas detenidas en las inmediaciones de la frontera o que ingresaban por vía marítima. Sin embargo, la actual administración federal determinó ampliar su cobertura a todo el país, lo que derivó en detenciones expeditas dentro de sedes judiciales a donde los migrantes acudían a realizar trámites, procediendo a su expulsión en un lapso de pocos días.
Debate por el debido proceso
Organizaciones civiles como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) manifestaron su rechazo a la reactivación de la medida. Anand Balakrishnan, abogado principal del organismo, advirtió que el esquema de vía rápida expone a los ciudadanos a un sistema injusto y propenso a errores, además de vulnerar el principio constitucional del debido proceso al momento de ejecutar una expulsión.
En contraste, el juez de circuito Justin R. Walker defendió la legalidad del programa al argumentar que los demandantes no comprobaron violaciones a los derechos de los migrantes, toda vez que se les notifica la acción gubernamental y se les concede la oportunidad de responder. El juzgador, junto a la jueza Neomi Rao, puntualizó que las autoridades no están obligadas a asesorar legalmente a los detenidos sobre cómo evitar la expulsión, como el demostrar una estancia mayor a dos años en el país.
El fallo de la corte de apelaciones deja sin efecto la suspensión previa dictada por la jueza de distrito Jia Cobb, quien había paralizado la norma bajo el argumento de que el gobierno federal carecía de protocolos para evitar deportaciones erróneas. Pese a que se documentaron casos de personas con arraigo de más de dos años que fueron procesadas de forma exprés, el tribunal de apelaciones determinó que dichos fallos corresponden a fallas individuales de los agentes y no a un defecto estructural de la ley.
