Uruapan, Michoacán.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó este lunes que el joven responsable del asesinato del alcalde Carlos Manzo fue sometido por su equipo de seguridad momentos después del ataque, pero terminó abatido en un forcejeo que levanta sospechas de ejecución extrajudicial. Víctor Manuel Ubaldo, de 17 años, originario de Paracho, disparó siete veces contra el político morenista el 1 de noviembre en el centro histórico de Uruapan, durante las celebraciones del Día de Muertos, y fue eliminado de un solo tiro antes de poder declarar sobre los autores intelectuales del crimen.
El homicidio ocurrió en una verbena nocturna, con la plaza principal repleta de catrinas y música de rancheros, cuando Manzo, exdiputado federal y figura popular por su cruzada anticorrupción, caminaba desprotegido pese a contar con ocho escoltas personales y 14 elementos de la Guardia Nacional. El sicario, armado con una pistola 9 mm, se acercó lo suficiente para acertar siete proyectiles en el torso del alcalde, quien cayó sin oportunidad de defensa. Testigos describieron el caos inmediato: gritos, disparos de respuesta y la multitud huyendo mientras los guardias reducían al atacante. Ramírez Bedolla detalló en conferencia que el joven fue «detenido y sometido» por los agentes, pero «momentos después hay un forcejeo y un solo disparo que lo abate», un suceso que la fiscalía estatal ya indaga como posible irregularidad en el uso de la fuerza.
Un adolescente reclutado por el narco en la zona limonera
Víctor Manuel Ubaldo, vecino de Paracho, al norte de Uruapan, era un menor adicto a la metanfetamina que había abandonado su hogar una semana antes del atentado. La fiscalía confirmó su identidad pese a la ausencia de credenciales oficiales, descartando versiones iniciales de un «sicario fantasma» o extranjero. Fuentes de la investigación lo vinculan directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que domina la producción de aguacate y metanfetaminas en la región, reclutando a jóvenes vulnerables como él para tareas de alto riesgo. El gobernador evitó especulaciones sobre su coacción, pero enfatizó que «se deberá investigar cualquier hipótesis», incluyendo si el menor actuó por deuda de droga o presiones familiares en un entorno donde el crimen organizado extorsiona cultivos como el limón y el aguacate.
Bajo la lupa, 22 elementos de seguridad y posibles móviles políticos
La muerte del sicario desató un escándalo que salpica a los protectores de Manzo: ocho escoltas de su círculo íntimo y 14 guardias nacionales enfrentan pesquisa por el «abatimiento en el lugar», con interrogantes sobre por qué se «flexibilizó» el perímetro de seguridad en una zona de alto riesgo. Ramírez Bedolla admitió que el ataque lleva la firma del crimen organizado, pero abrió la puerta a un móvil político al no descartar rivalidades internas en Morena, como las denuncias previas de Manzo contra el senador Raúl Morón, el diputado Leonel Godoy y el exalcalde Nacho Campos.
Periodistas en la rueda de prensa insistieron en si el retiro de la Guardia Nacional de Uruapan en octubre facilitó la brecha, un punto que el senador Colosio planea indagar con un informe oficial. La fiscalía, a cargo de Carlos Torres, explora todas las líneas: desde celulas del CJNG hasta Los Viagras, aliados de Cárteles Unidos y supuestamente cercanos al gobernador, en una guerra por el control territorial que divide Michoacán en feudos delictivos.
El caso reavivó el hartazgo en Michoacán, donde la violencia ha cobrado más de una docena de líderes locales en años recientes, recordando la matanza de la familia LeBarón o la desaparición de Ayotzinapa. Miles marcharon en Uruapan y Morelia con el grito de #NiUnPasoAtrás, a pie, a caballo y en convoyes, exigiendo justicia y un plan federal de pacificación que el gobierno de Claudia Sheinbaum prometió tras un gabinete de seguridad extraordinario. En el epicentro familiar, Grecia Quiroz, viuda de Manzo y madre de un bebé de 14 meses, juró como alcaldesa interina tras reunirse con la presidenta, declarando en un homenaje: «Carlos fue el único que se atrevió a levantar la voz, sin temor». Su liderazgo, marcado por el duelo, simboliza la brecha entre la popularidad del difunto —quien sondeaba un 44% para la gubernatura de 2027— y la desconfianza hacia instituciones que, una vez más, parecen incapaces de romper el ciclo de sangre en la tierra de los tarascos.
