El artículo del The New York Times (NYT), publicado originalmente el 2 de octubre y destacado en su edición impresa del 4 de octubre bajo el titular «An Embarrassment of Riches for Mexico’s Party of the Poor» (Una vergüenza de riquezas para el partido de los pobres de México), escrito por el periodista James Wagner, profundiza en la creciente brecha entre el discurso fundacional de Morena –el partido que se erige como defensor de los marginados y promotor de la austeridad republicana– y las evidencias de opulencia entre sus líderes y allegados.
El texto, que ocupó la portada de la sección internacional, se basa en una investigación que incluye declaraciones patrimoniales públicas, reportes de medios locales y testimonios de votantes desilusionados, revelando cómo figuras clave del partido han acumulado fortunas inexplicables o han exhibido estilos de vida que contradicen el lema «Por el bien de todos, primero los pobres».
Esta paradoja no solo erosiona la credibilidad de la Cuarta Transformación (4T), heredada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino que resuena en un México donde la desigualdad persiste: según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 36.3% de la población vive en pobreza en 2025, mientras el gasto en programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores ha aumentado un 20% anual bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. El NYT subraya que, a pesar de logros en redistribución –como la expansión de becas y pensiones que beneficiaron a 25 millones de personas en 2024–, los escándalos de la ostentación de riqueza amenazan con alienar a la base electoral de Morena, que en las elecciones de junio de 2024 le otorgó una supermayoría en el Congreso, pero cuya aprobación ha caído del 65% al 58% en encuestas recientes de Enkoll para El País.
Entre las revelaciones más impactantes, el artículo detalla casos específicos que ilustran esta «exhibición incómoda de riqueza». Andrés Manuel López Beltrán («Andy»), hijo de AMLO y secretario de Organización de Morena, fue fotografiado en julio pasado en el Hotel Okura de Tokio –un establecimiento de cinco estrellas con tarifas de hasta 400 dólares por noche–, donde gastó más de 177 mil pesos mexicanos en estancias y cenas, acompañado del diputado Daniel Asaf, excolaborador cercano al expresidente.
Otro caso es el del senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y aspirante presidencial en 2024, quien reportó ingresos privados de 4.3 millones de dólares entre 2023 y 2024, pero con contradicciones en su explicación sobre su origen, incluyendo rentas de propiedades no declaradas inicialmente.
Mario Delgado, secretario de Educación Pública y exlíder de Morena, aparece en un penthouse en la Ciudad de México valorado en 22 millones de pesos (declarado en 7.7 millones), además de una colección de relojes de lujo por 7.5 millones adquirida entre 2012 y 2017; fue visto en un hotel de lujo en Portugal durante vacaciones. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, cenó en un restaurante exclusivo en España, y el senador Gerardo Fernández Noroña admitió la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, por 12 millones de pesos, argumentando que era un derecho personal. Estas discrepancias en declaraciones patrimoniales –obligatorias por la Ley General de Responsabilidades Administrativas– han sido documentadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en 2025 inició 15 auditorías a funcionarios de Morena por omisiones similares, aunque solo tres han resultado en sanciones simbólicas hasta la fecha. El NYT también menciona el «huachicol fiscal», un escándalo de evasión fiscal masiva estimado en miles de millones de pesos, ligado a redes de protección a evasores por parte de allegados a Morena, que ha amplificado la percepción de impunidad.
La Hipocresía simbólica
El artículo del NYT no solo expone una contradicción simbólica –el partido que ganó elecciones con promesas de «vivir en la justa medianía» ahora exhibe a sus élites en jets privados y penthouses sobrevalorados–, sino que revela una erosión estructural de la credibilidad de Morena, donde la retórica populista de AMLO se desmorona ante evidencias de enriquecimiento que perpetúan las desigualdades que juraron combatir. Casos como el de Andy López Beltrán, quien pasa de coordinador territorial a huésped de hoteles de 400 dólares la noche, o el de Delgado con relojes por 7.5 millones, no son anomalías aisladas, sino síntomas de un sistema que, pese a las declaraciones patrimoniales obligatorias, carece de mecanismos de fiscalización efectiva: la SFP, bajo control morenista, ha iniciado auditorías pero rara vez impone sanciones que excedan multas simbólicas, permitiendo que el «huachicol fiscal» –un desvío estimado en miles de millones– se enquiste en redes de impunidad. Esta doble moral no solo decepciona a votantes, quienes ve en ello un «choque» con el cambio prometido, sino que socava la legitimidad de la 4T en un país donde el 21% de los encuestados por Enkoll percibe a Morena como «igual de corrupto» que el PRI o PAN, amenazando con fragmentar su base.
El enriquecimiento estructural
Más allá de los titulares sensacionalistas, el escándalo delineado por el NYT apunta a un enriquecimiento estructural inherente al ascenso de Morena al poder, donde exfuncionarios como Adán Augusto acumulan 4.3 millones de dólares en «ingresos privados» opacos –contradictorios con salarios públicos de menos de 2 millones de pesos anuales–, transformando al «partido de los pobres» en una élite emergente que replica las prácticas priistas que denunciaban, pero con un barniz de victimismo ante críticas internacionales. Esta traición a la base electoral, compuesta por 45 millones de pobres que esperaban equidad real, se agrava por la inacción de Sheinbaum: su defensa tibia de «vacaciones personales» ignora que tales lujos, financiados posiblemente por rentas no auditadas o favores políticos, perpetúan un ciclo de desigualdad donde el 1% más rico acapara el 21% del PIB nacional, según Oxfam, mientras programas como Sembrando Vida enfrentan recortes por desvíos.
La Impunidad institucional
La impunidad institucional que el NYT critica –donde Morena endurece lineamientos éticos en mayo de 2025 solo para ignorarlos en vacaciones de julio– representa el mayor riesgo para el legado de la 4T: un proyecto que prometió erradicar la corrupción como «plaga» ahora la normaliza, con figuras como Fernández Noroña justificando casas de 12 millones como «derecho personal» mientras la SFP archiva el 70% de quejas por omisiones patrimoniales, según reportes de MCCI. Esta laxitud no es casual: en un ecosistema donde el partido controla el 75% del Congreso y la mayoría de gobernaturas, la ausencia de contrapesos independientes permite que escándalos como el de Monreal en España o el penthouse de Delgado queden en meras disculpas, alimentando una narrativa global de México como «narcoestado en transición», exacerbada por presiones de EE.UU. bajo Trump. La sociedad civil, desde ambientalistas hasta ONGs como Transparencia Mexicana, exige no solo transparencia, sino reformas vinculantes como auditorías anuales por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a ingresos privados, pero Sheinbaum, al remolcar un partido «sin mística obradorista» como describe El País, arriesga su capital político: si no impone sanciones ejemplares –como destituciones o inhabilitaciones–, el «pueblo juzga» podría traducirse en abstencionismo masivo o auge de outsiders, condenando la 4T a ser recordada no como transformación, sino como otro capítulo de élites que se enriquecen a costa de los pobres, perpetuando la brecha que juraron cerrar. (Antonio Pinedo Cornejo, con información de The New York Times).
