Miami, Florida.- La vida de lujo y anonimato que Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, construyeron al otro lado de la frontera parece llegar a un abrupto cierre. El abogado fiscalista, prófugo desde 2021 por un escándalo de desvío de casi tres mil millones de pesos de fondos públicos en México, fue detenido el 24 de septiembre en esta ciudad por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su ficha lo ubica en el centro de detención Krome North, un complejo para migrantes en situación irregular, donde enfrenta un proceso por presuntas violaciones migratorias que podría allanar el camino para su extradición solicitada por el Gobierno de México.
La captura no responde a un operativo policial por los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada que pesan sobre él, sino a una «confusión estrictamente de carácter migratorio», según fuentes cercanas al caso. Sin embargo, este tipo de detenciones ha servido en el pasado como puente para repatriar a figuras mexicanas envueltas en corrupción. Es el mismo guion que se siguió con Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien fue arrestado en Texas en 2019 por irregularidades en su visa y terminó deportado para enfrentar juicios en México por el caso Odebrecht. Ahora, con Álvarez Puga bajo custodia federal, las autoridades mexicanas han sido notificadas y esperan la resolución de un juez en una audiencia de fianza programada en las próximas horas. «Lo detuvieron los representantes de migración por un tema de su situación migratoria», explicó el periodista Darío Celis en redes sociales, al recordar precedentes que terminaron en deportaciones exprés.
Los contratos millonarios de Osorio Chong
El trasfondo de esta detención remite a un entramado de corrupción que Álvarez Puga tejió desde su despacho legal, Álvarez Puga & Asociados, un bufete con presencia en 45 ciudades mexicanas que operaba como fachada para operaciones ilícitas. Junto a su hermano Alejandro, el abogado orquestó entre 2016 y 2017 la creación de empresas fantasma adjudicadas con contratos millonarios por la Secretaría de Gobernación, entonces al mando de Miguel Ángel Osorio Chong —hoy senador y aliado clave de Peña Nieto—. La dependencia buscaba modernizar los reclusorios federales, pero las firmas de papel, carentes de personal e infraestructura, simulaban servicios de seguridad penitenciaria para embolsarse 2 mil 950 millones de pesos, equivalentes a unos 145 millones de dólares al tipo de cambio actual. La Fiscalía General de la República documentó cómo el dinero fluía a través de transferencias ficticias, beneficiando a una red de al menos una decena de cómplices, en un esquema replicado en cientos de casos de malversación que han salpicado a políticos, empresarios y hasta narcotraficantes dispuestos a pagar una tajada por el servicio.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intervino en 2018 al detectar discrepancias fiscales en las cuentas de la pareja, congelando sus movimientos y desatando una investigación que escaló rápidamente. Inés Gómez Mont, sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y figura icónica de la televisión mexicana, fue señalada por adeudos tributarios que superaban los 13 millones de pesos; pagó una parte en noviembre de ese año, pero quedaron pendientes más de 2 millones 600 mil. La orden de aprehensión federal llegó en 2021, emitida por un juez a petición de la Fiscalía, pero para entonces el matrimonio ya había huido a Estados Unidos, donde acumularon un portafolio de propiedades de lujo en Florida. Desde su exilio dorado, continuaron disfrutando de lujos: desbloquearon cuentas bancarias mediante amparos judiciales y enfrentaron solo demandas civiles, como una por impago de un crédito hipotecario de cuatro millones de dólares contraído en julio de 2021 para una mansión en Miami.
Paseaba feliz en Miami
La ficha roja de Interpol, emitida poco después de su desaparición, no impidió que la pareja se instalara en la soleada costa floridana, rodeados de sus siete hijos menores. Rumores persistían sobre su paradero en barrios exclusivos de Miami, donde supuestamente vivían bajo perfiles bajos pero sin renunciar a las comodidades de su patrimonio. «Quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito», proclamó Gómez Mont en septiembre de 2021 desde su cuenta en redes sociales, en un intento por mantener su imagen pública intacta. Sin embargo, su vínculo con otros investigados, como el abogado Juan Collado —encarcelado desde 2019 por fraudes similares—, profundizó las sospechas de una red más amplia de impunidad.
Mientras Álvarez Puga aguarda su audiencia en Krome North —un centro conocido por sus condiciones precarias y hacinamiento—, el Gobierno de México evalúa con cautela el próximo paso. Fuentes federales consultadas por este medio indican que, una vez resuelta la fase migratoria, se activará el mecanismo de extradición bajo el tratado bilateral, priorizando los cargos por lavado y delincuencia organizada que no prescriben. El caso, que ha sido comparado con los grandes escándalos de la era Peña Nieto, podría reabrir heridas en el PRI y salpicar a figuras como Osorio Chong, cuya gestión en Gobernación facilitó los contratos fantasmas. Para Gómez Mont, aún en paradero desconocido, la detención de su esposo representa no solo el fin de una era de saltos de mata, sino un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, cruza fronteras.
