El dilema ético de Morena
Si se aplicaran con rigor absoluto los criterios morales proclamados por la dirigencia nacional de Morena, la lista de aspirantes a la gubernatura de Chihuahua quedaría vacía de inmediato. Tanto los anuncios de Ariadna Montiel sobre la medición de perfiles como las recientes declaraciones de Citlalli Hernández en televisión nacional respecto a la exigencia de buena fama pública y la ausencia de sombras chocan de frente con la realidad política del estado. Bajo una lectura literal de la retórica oficial del partido, los dos principales liderazgos de la entidad —ambos radicados y con su centro de operaciones en la frontera de Ciudad Juárez— quedarían descalificados de forma automática.
Por un lado, la figura del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar representa el ejemplo más claro de lo que el discurso guinda promete vetar. En el ámbito legal y administrativo, sobre su gestión se acumula ya la carpeta de investigación número catorce ante la Fiscalía Anticorrupción, derivada de la reciente denuncia penal interpuesta por los exalcaldes de Juárez, Gustavo Elizondo y Ramón Galindo. Este expediente señala un presunto peculado y desvío de recursos por más de 105.6 millones de pesos en la contratación y arrendamiento con sobreprecio de ocho máquinas barredoras. Según la acusación, cada unidad representó un costo promedio de 13.2 millones de pesos (alrededor de 750 mil dólares), cuando su valor comercial real no rebasaba los 850 mil pesos, además de presumir una simulación en el servicio que prometía barrer 411 kilómetros diarios sin bitácoras oficiales que lo comprueben.
A esta catorceava carpeta judicial se le suma una pesada herencia política que la militancia de base no le perdona a Pérez Cuéllar y que sus detractores internos explotan constantemente. Se le señala de manera persistente por su pasado dentro del PAN y, de forma particular, por sus alianzas durante el sexenio del exgobernador priista César Duarte Jáquez, periodo en el que fue vinculado a la llamada «nómina secreta» por presuntamente haber recibido dinero del erario estatal para sus campañas. A esto se añade la abierta sospecha de que mantiene un pacto o pragmático entendimiento de protección mutua con la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván. Dentro del propio Morena se le acusa de ser en los hechos el «candidato del Palacio de Gobierno», un perfil impulsado por la estructura estatal panista para frenar a la izquierda orgánica y garantizar la impunidad tras la alternancia.
Por otro lado, la senadora Andrea Chávez, también originaria de Ciudad Juárez, tampoco logra encajar en el perfil de la aspirante inmaculada que exige la dirigencia. Su proyecto político enfrenta severos cuestionamientos por el uso de recursos y el despliegue territorial de las denominadas «Caravanas de la Salud», estrategia señalada de forma constante por internos y opositores como un mecanismo de promoción personalizada y actos anticipados de campaña. Además, en la balanza interna pesan puntos en contra difíciles de matizar: su innegable liga con Adán Augusto López y el denominado «Grupo Tabasco», una adscripción al grupo de poder del sexenio anterior que le resta dinamismo dentro de la nueva correlación de fuerzas de la Cuarta Transformación y suma cuestionamientos a su aspiración.
En este escenario, los aclamados filtros éticos de la dirigencia nacional resultan del todo inaplicables en el terreno real. Exigir perfiles inmaculados en Chihuahua es una excelente fórmula discursiva para los medios de comunicación, pero un callejón sin salida operativo. De ser consecuentes con sus propias palabras, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández tendrían que descartar a las dos únicas cartas competitivas que la frontera juarense ofrece, dejando al partido sin candidatos con fuerza electoral para disputar la gubernatura.
Por esta razón, la decisión de posponer los resultados de las encuestas hasta el mes de diciembre no responde a un riguroso análisis de pureza moral, sino a la urgente necesidad de ganar tiempo para administrar el pragmatismo. La cúpula nacional terminará pasando por alto sus propios discursos de honestidad e impecabilidad para cobijar la candidatura que garantice viabilidad electoral y acuerdos de sobrevivencia interna. Cuando el cálculo de poder aprieta, la moralidad partidista cede, pues de aplicar los filtros al pie de la letra, en Morena Chihuahua no quedaría nadie ni para cerrar la puerta.
La tentación del control mediático
El proyecto presentado desde Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias reabre una discusión añeja en la historia de los medios de comunicación en México. La propuesta, puesta a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y respaldada por la Consejería Jurídica de la Presidencia, pretende obligar a las estaciones de radio y televisión a diferenciar mediante cortinillas, avisos o plecas en pantalla cuándo se transmite información noticiosa y cuándo se emite una opinión, además de supervisar códigos de ética e imponer defensores de las audiencias bajo el argumento de combatir la desinformación y garantizar el acceso a una información veraz.
Detrás de este catálogo de buenas intenciones se asoma un nuevo intento del poder público por tutorar, regular y, en última instancia, ejercer un control soterrado sobre los contenidos de la radio y la televisión. La premisa oficial parte de una visión paternalista que asume a los radioescuchas y televidentes como entes pasivos e incapaces de discernir el tratamiento de la nota periodística. Sin embargo, en un entorno democrático y mediáticamente diverso, el mecanismo defensivo más eficaz y democrático que posee cualquier ciudadano no requiere de regulaciones estatales ni de cortinillas obligatorias; se encuentra simplemente en el control remoto y en el botón de cambio de estación de la radio.
Las audiencias ejercen su soberanía al seleccionar los espacios informativos y las barras de análisis en las que depositan su confianza. Si un medio recurre a la manipulación o a la falsedad, el público sanciona de inmediato cambiando de canal o sintonizando otra frecuencia. Pretender que el Estado intervenga para supervisar la frontera entre lo que se informa y lo que se opina olvida que la pluralidad de opciones y la libertad de consumo son el verdadero antídoto contra el sesgo o la desinformación.
La exigencia presidencial de separar de forma tajante la información noticiosa de la opinión constituye un claro contrasentido editorial y técnico. En el ejercicio periodístico cotidiano, la frontera entre ambos conceptos no siempre es una línea rígida, sino un terreno de convergencia natural. El ejemplo más evidente se encuentra en las columnas de opinión y los espacios de análisis político, géneros ampliamente demandados y leídos por la ciudadanía. En este tipo de contenidos se cita la información dura precisamente como el insumo fundamental sobre el cual se construye la interpretación, el contexto y el juicio crítico.
Obligar a un comunicador o a un medio a colocar una advertencia formal para fragmentar un comentario donde la noticia y el análisis se entrelazan revela un profundo desconocimiento de la dinámica periodística. Este solo dilema expone lo difuso y ambiguo del proyecto gubernamental, abriendo la puerta a que la autoridad administrativa juzgue qué constituye una nota pura y qué representa un juicio de valor. Al final, intentar normar la conciencia interpretativa de los medios no protege a los ciudadanos; únicamente establece un precedente de intromisión burocrática que vulnera la libertad de expresión e intenta imponer un estándar oficial sobre cómo debe comunicarse la realidad del país.
Maru-Sheinbaum, confrontación abierta
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dio por terminada la etapa de la prudencia diplomática y abrió un frente de confrontación directa contra el Gobierno Federal. Aunque en la coyuntura mediática utilizó la ceremonia del Plan Kukulkán como el pretexto formal para denunciar el relegamiento de la entidad, el verdadero detonante de este quiebre institucional se remonta al choque provocado por la presencia no autorizada de agentes de la CIA en operativos en la Sierra Tarahumara.
El reclamo coyuntural tomó fuerza a partir de la entrega de reconocimientos del Plan Kukulkán, donde la mandataria recriminó la inclusión de Baja California a pesar de no ser sede mundialista. Sin embargo, esta inconformidad por el protocolo funcionó únicamente como una vía para canalizar un malestar acumulado por el distanciamiento de la Federación.
«Así es como tratan a Chihuahua: en el olvido y lejos del centro del país», declaró Campos Galván al cuestionar el trato diferenciado de la administración central.
La titular del Ejecutivo estatal aprovechó para arremeter contra la narrativa oficialista y sostener que su gobierno mantendrá una postura de contraste frente a las políticas de la Cuarta Transformación.
«Ellos son los de la mentira. Yo no le voy a mentir a los chihuahuenses. Yo le digo a los chihuahuenses lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Yo no juego con mi gente, con mi comunidad, con mi patria», aseveró.
Como muestra de las contradicciones presupuestales e institucionales que atribuye al centro del país, la gobernadora expuso el caso de una mujer con una hija con discapacidad que acudió a Palacio de Gobierno tras sufrir el retiro de su vivienda por parte del Infonavit, mientras el Estado colabora con la Federación en proyectos como las Casas del Bienestar.
Al ser cuestionada sobre la iniciativa federal para regular el derecho de las audiencias en medios de comunicación, Campos Galván admitió desconocer el texto técnico, pero llevó el concepto al terreno de la política institucional para exhibir que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no le ha otorgado una cita de trabajo bilateral desde el inicio del sexenio.
«La presidenta de México debería de dar audiencia a la gobernadora de Chihuahua. La garantía de audiencia. No me ha dado audiencia», expresó.
El señalamiento sobre la falta de audiencia formal confirma que los puentes diplomáticos entre Chihuahua y Palacio Nacional están rotos. El origen de este choque radica en las investigaciones por la participación de agentes estadounidenses de inteligencia en territorio chihuahuense, un episodio que Palacio Nacional catalogó como una afrenta a la soberanía y que derivó en la fiscalización de recursos estatales por la Auditoría Superior de la Federación y citatorios ante la Fiscalía General de la República.
Ante el endurecimiento de los expedientes judiciales y el agotamiento del diálogo, la gobernadora defendió su decisión de abandonar la moderación y asumir un rol de resistencia frente al centralismo.
«¿De qué sirve quedarse callados?, ¿de qué sirve llevarnos bien con el Gobierno de la 4T? Antes no, pero ahora ya lo decimos», concluyó.
Las afirmaciones de la mandataria confirman que la relación entre el Estado y la Federación ha superado la fase de la desavenencia administrativa para instalarse en una dinámica de choque abierto. Con el caso de la CIA como trasfondo de desconfianza y los reclamos protocolares como tribuna, el Gobierno de Chihuahua traslada el conflicto a la arena pública al dar por cerrada la vía de la concordia.
