Cruz y sus 14 carpetas judiciales
El espectáculo político en Chihuahua ofrece postales que raya en el cinismo. La imagen es contundente: catorce carpetas de investigación durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH), mientras desde la cúpula de Morena —con su dirigencia en el estado ratificando la narrativa oficialista— se sigue pregonando la existencia de impermeables «filtros éticos» para blindar las candidaturas del partido hacia el 2027.
Visto con la frialdad que exige el análisis, la permanencia de Cruz Pérez Cuéllar en las simpatías del alto mando guinda no solo desafía la lógica de la fiscalización pública, sino que expone cómo las viejas lealtades del panismo noventero mutaron para convertirse en el chaleco antibalas del edil juarense.
Amistades de ayer, protección de hoy
La reciente denuncia pública de Ulises Pacheco, dirigente del PAN en Ciudad Juárez, puso el dedo en la llaga al acusar directamente la parálisis en la FACH: las investigaciones simplemente no se mueven. La explicación a este fenómeno no se encuentra en la complejidad técnica de los expedientes, sino en la genealogía política de sus actores.
El fiscal anticorrupción, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, y Cruz Pérez Cuéllar no son desconocidos. Compartieron curul como diputados locales en la LVI Legislatura del Congreso del Estado (2001–2004) dentro de la bancada del PAN. Años más tarde, cuando Pérez Cuéllar dirigía el Comité Directivo Estatal panista, operó políticamente para impulsar a Abelardo a la dirigencia municipal de Juárez.
Aquel intento se topó con un obstáculo insalvable: Valenzuela no logró superar la prueba antidoping y los exámenes de confianza exigidos en su momento dentro del proceso interno. La contradicción institucional es evidente y demoledora: un fiscal encargado de la máxima responsabilidad anticorrupción en el estado, que en su pasado político quedó salpicado por no superar controles de confianza que hoy sí le son exigidos obligatoriamente a cualquier policía o subordinado bajo su mando. ¿Puede un fiscal con ese historial garantizar imparcialidad ante quien fuera su antiguo jefe político y aliado? La respuesta está guardada en los cajones de la fiscalía.
Catorce expedientes en el limbo
Presentar una denuncia más —como la decimocuarta impulsada por los exalcaldes Ramón Galindo Noriega y Gustavo Elizondo Aguilar por el contrato de las barredoras— parece un ejercicio de inutilidad institucional frente a una fiscalía congelada. Sin embargo, enumerar el desglose de los datos documentados es indispensable para dimensionar la magnitud del desaseo:
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La residencia de El Campestre: Acusación por enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones tras el uso/posesión de un inmueble de más de 25 millones de pesos. (Estatus: Única carpeta con medida cautelar de aseguramiento, congelada sin vinculación a proceso).
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El «Mochilagate»: Presunto desvío y sobreprecio de más de 49 millones de pesos en la compra de 250 mil kits escolares. (Estatus: Bajo la carpeta
0819-2023-00042, atascada en peritajes contables interminables). -
Pruebas COVID-19: Compra inflada de 43,103 pruebas sanitarias por 14.9 millones de pesos. (Estatus: En etapa de investigación previa sin citatorios emitidos).
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Presupuesto Participativo: Transferencia irregular de más de 111 millones de pesos destinados a participación ciudadana hacia gasto corriente. (Estatus: En integración documental).
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Juárez Digital: Licitaciones presuntamente dirigidas y sobrecostos en contratos de conectividad e internet municipal. (Estatus: Archivo preliminar).
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Insumos de Limpieza: Adjudicaciones directas con sobreprecio en productos de sanitización para oficinas públicas. (Estatus: En trámite administrativo).
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Predios de El Chamizal: Concesión e instalación irregular de infraestructura privada en zonas protegidas. (Estatus: En revisión de licencias).
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Estructura de Comunicación: Contratos millonarios asignados a presuntas empresas fachada y giros comerciales inconsistentes. (Estatus: En investigación previa).
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Arrendamiento de Flotilla Vehicular: Costos inflados en la renta multianual de unidades ligeras para la administración. (Estatus: En archivo de integración).
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Material de Bacheo: Asignación directa y sistemática de contratos a un grupo reducido de proveedores. (Estatus: En trámite inicial).
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Licencias de Construcción: Conflicto de interés en el otorgamiento de permisos de desarrollo urbano a grupos allegados. (Estatus: En integración).
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Alumbrado Público: Observaciones por compras atomizadas y mantenimiento no ejecutado. (Estatus: Sin avance pericial).
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Logística e Informes: Gastos excesivos y desproporcionados en eventos públicos y cobertura en medios para la imagen del edil. (Estatus: En investigación).
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El contrato de las Barredoras (La denuncia Galindo/Elizondo): Querella penal por el presunto peculado de 105.6 millones de pesos en el arrendamiento de 8 máquinas a la empresa PYPRA por 29 meses. Un contrato inflado a tal grado que permitía la compra holgada de los equipos. (Estatus: Recién radicada, destinada al mismo congelador institucional).
El mito de la purificación guinda
Frente a este volumen de sospechas, el cuento de los «filtros éticos» que promueve la dirigencia de Morena se cae a pedazos. Mientras la presidenta del partido se pasea justificando la selección de perfiles, la realidad muestra un pragmatismo electoral que tolera cualquier mancha con tal de retener territorialidad.
El rasero no es ético, es de conveniencia. El mismo Morena que tolera a Cruz Pérez Cuéllar es el que alberga la pugna con Andrea Chávez, cuya promoción mediante las «caravanas de la salud» financiadas por el empresario Fernando Padilla Farfán, el uso de camionetas High Country de más de 2 millones de pesos, vestuario de diseñador y sus nexos con el grupo político de Tabasco —señalado por la sombra de las «barredoras» de la delincuencia organizada— demuestran que los famosos filtros nunca existieron.
Lo verdaderamente alarmante para el futuro de Chihuahua es el fondo político de estas denuncias. Cuando personajes que compartieron militancia y gabinete con Pérez Cuéllar —como Ramón Galindo y Gustavo Elizondo— acuden a interponer recursos legales, no lo hacen únicamente por la coyuntura del presupuesto municipal. Lo hacen ante el temor fundado de que este estilo desaseado, caracterizado por el uso del erario para el peculio personal y el blindaje a través de un gasto desmedido en comunicación social, se traslade a la gubernatura del estado en el 2027.
Si la Fiscalía Anticorrupción sigue operando como la oficina de trámite para la impunidad de las viejas alianzas, la pregunta ya no es si las denuncias tienen sustento, sino hasta dónde la sociedad chihuahuense tolerará que la cosa pública siga tratándose como un patrimonio privado.
