San Miguel Amatitlán, Oaxaca.- Un comando armado ejecutó al presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, en el interior de su domicilio particular ubicado en la cabecera de esta localidad de la región Mixteca. El homicidio eleva la alerta por la vulnerabilidad de las autoridades locales y la persistencia de la violencia dirigida contra funcionarios municipales en la zona noroeste de la entidad oaxaqueña, cerca de los límites con el estado de Puebla.
De acuerdo con los primeros reportes de las corporaciones policiales, los agresores irrumpieron de manera violenta en la residencia del edil tras burlar los esquemas de seguridad perimetral. Una vez dentro del inmueble, los sujetos localizaron al funcionario de extracción panista en una de las habitaciones principales y abrieron fuego a corta distancia de forma directa, causándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte instantánea antes de que los servicios de emergencia pudieran brindarle los primeros auxilios.
El atentado se registró semanas después de que el propio Bravo Martínez denunciara públicamente el asedio de grupos delictivos en la zona limítrofe y solicitara de manera formal protección a las autoridades estatales en una mesa de seguridad regional, argumentando que temía por su vida tras haber sobrevivido previamente a un secuestro exprés y robo en carretera.
Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional arribaron al sitio para acordonar el perímetro y establecer un cerco de seguridad en las vías de acceso a la localidad con el fin de rastrear a los presuntos responsables, quienes emprendieron la huida con rumbo desconocido tras consumar la ejecución. Médicos legistas y peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se encargaron de procesar la escena del crimen para recolectar las evidencias balísticas e iniciar con las primeras entrevistas a familiares y testigos directos del ataque.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto asumió la conducción de la carpeta de investigación, abriendo varias líneas de indagatoria entre las que se priorizan los vínculos con la delincuencia organizada que opera en la región y las amenazas previas que recibió el munícipe. El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que el ayuntamiento de San Miguel Amatitlán solicitó el apoyo total de la federación para garantizar la gobernabilidad y proteger a los integrantes del cabildo tras el atentado.
