Washington, D. C.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que las fuerzas militares del país habían llevado a cabo un nuevo ataque letal contra una lancha rápida en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, hundiéndola y causando la muerte de cuatro hombres a bordo, a quienes calificó como «narcoterroristas».
En un mensaje publicado en la red social X, Hegseth detalló que la operación, ordenada directamente por el presidente Donald Trump, se realizó en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) y que ninguna fuerza estadounidense resultó herida. «Nuestra inteligencia confirmó sin duda alguna que esta embarcación traficaba narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas y operaban en una ruta conocida de tráfico de narcóticos», enfatizó el secretario, alegando que la lancha transportaba «cantidades sustanciales de narcóticos» destinados a Estados Unidos para «envenenar a nuestro pueblo». Adjuntó un video de casi 40 segundos que muestra la embarcación navegando antes de ser impactada por una red de proyectiles que provocan una explosión masiva, destruyéndola por completo.
Este incidente representa el quinto ataque militar estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe desde septiembre, con al menos tres de ellos cerca de Venezuela y uno adicional próximo a República Dominicana. La primera operación ocurrió el 2 de septiembre, cuando un «golpe de precisión» hundió una embarcación que partía de Venezuela, matando a 11 presuntos miembros de la banda Tren de Aragua, designada por la administración Trump como organización terrorista extranjera. Trump compartió un video similar en Truth Social, describiendo la acción como un esfuerzo para detener «narcoterroristas» que transportaban drogas hacia Estados Unidos.
El 15 de septiembre, un segundo ataque eliminó a tres personas en otra lancha venezolana, y el 16 de septiembre siguió un tercero, también con tres fallecidos. El cuarto, el 2 de octubre, resultó en la muerte de otros tres individuos. En total, estos operativos han causado al menos 24 muertes, según estimaciones de la administración estadounidense, aunque no se ha presentado evidencia pública detallada sobre la carga de drogas en la mayoría de los casos, salvo en uno donde se recuperaron 1,000 kilogramos de cocaína tras una operación conjunta con República Dominicana.
El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye al menos ocho buques de guerra, aviones de vigilancia, un submarino de ataque nuclear y más de 4,000 marines y marineros, se enmarca en una estrategia agresiva contra los carteles del narcotráfico, impulsada por la administración Trump para contrarrestar lo que describe como una «guerra» contra el flujo de drogas como cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense. El 2 de octubre, un día antes del último ataque, Trump notificó al Congreso mediante un memorando confidencial que Estados Unidos se encuentra en un «conflicto armado no internacional» con estos carteles, a los que califica como «grupos armados no estatales» y «combatientes ilícitos» equivalentes a terroristas.
La respuesta del gobierno venezolano ha sido de fuerte rechazo, con el presidente Nicolás Maduro denunciando las acciones como una «agresión imperialista» y una «guerra no declarada» contra su país. Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos desde 2020 por supuestamente liderar el «Cartel de los Soles» —una red alegada dentro de las fuerzas armadas venezolanas que facilita el tráfico de cocaína—, ha calificado los ataques como «asesinatos de civiles» y ha ordenado la activación de milicias civiles para defender la soberanía nacional.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha incrementado la presencia militar en regiones costeras como Zulia, Falcón y Nueva Esparta, argumentando que se trata de rutas de narcotráfico, pero también ha movilizado ejercicios militares en el Caribe como muestra de fuerza. El ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, ha tildado los videos de los ataques como «inteligencia artificial falsa», y el canciller Yván Gil ha elevado quejas ante la ONU, describiendo el despliegue estadounidense como la «mayor amenaza en un siglo» para Venezuela. En respuesta, Caracas ha intensificado la retórica antiimperialista, rechazando cualquier vínculo con carteles como Tren de Aragua —al que acusa de ser una invención estadounidense para justificar intervenciones— y ha incrementado la recompensa por información sobre Maduro a 50 millones de dólares.
Esta escalada ha generado preocupación internacional por un posible conflicto mayor en la región, con analistas señalando que, aunque el despliegue estadounidense no es suficiente para una invasión terrestre, podría presionar a Maduro hacia un cambio de régimen o desestabilizar aún más el frágil equilibrio en el Caribe. Organizaciones como el Grupo de Crisis Internacional han advertido que las acciones letales sin evidencia pública podrían violar el derecho internacional humanitario, mientras que aliados de Venezuela como Rusia e Irán han condenado los ataques como «piratería estatal». Por su parte, la administración Trump insiste en que estas operaciones han reducido el tráfico marítimo de drogas y advierte que continuarán «hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense», con posibles expansiones a strikes terrestres dentro de Venezuela en las próximas semanas.
