Ciudad de México.- El Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, solicitó formalmente este 28 de abril la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración. La petición se fundamenta en una acusación formal por delitos graves que incluyen tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, así como conspiración para la posesión de armamento de alto poder y dispositivos destructivos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la recepción de los expedientes y procedió a turnarlos a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis jurídico. No obstante, la cancillería mexicana señaló que los documentos recibidos carecen de las pruebas testimoniales o físicas suficientes para sustentar la orden de aprehensión de forma inmediata, calificando la entrega de información como parcial por parte de las autoridades estadounidenses. Entre los señalados destaca también el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien fuera secretario general de Gobierno de Sinaloa y es señalado por facilitar operaciones delictivas desde su cargo.
En los círculos diplomáticos, la celeridad de esta solicitud se interpreta como una respuesta directa a la reciente política de seguridad del gobierno federal y al asedio mediático mantenido contra mandatarios de oposición en México. Mientras Washington endurece su postura con restricciones de visado a más de 75 familiares y socios de personas ligadas al Cártel de Sinaloa, el fiscal neoyorquino Jay Clayton sostiene que la evidencia desclasificada demuestra una red de protección institucionalizada que operó bajo el mando directo de Rocha Moya.
Por su parte, el mandatario sinaloense ha rechazado tajantemente los cargos, describiéndolos como un ataque político sin sustento legal. La tensión binacional escala mientras la FGR evalúa si los indicios presentados por el Departamento de Justicia cumplen con los requisitos del tratado de extradición vigente o si se requiere de una ampliación probatoria para proceder con las capturas solicitadas en territorio mexicano.
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