Ciudad de México.- La detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia fundadora y representante legal de la Guardería ABC, representa un avance significativo en uno de los casos más emblemáticos de negligencia y corrupción en la historia reciente de México. A 16 años del incendio que cobró la vida de 49 niños y dejó heridos a 106 más, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó este 3 de octubre una orden de aprehensión en su contra por homicidio y lesiones culposas.
Téllez, quien había evadido la justicia durante tres años en Estados Unidos, fue deportada de manera controlada y trasladada inmediatamente al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, Sonora, para cumplir la sentencia que le impusieron en 2016. A continuación, detallo el contexto histórico, el proceso judicial, la cronología de su fuga y deportación, las reacciones de las víctimas y las implicaciones políticas de este caso que sigue exponiendo fallas sistémicas en la protección infantil y la impunidad.
La Tragedia de la Guardería ABC
El 5 de junio de 2009, alrededor de las 14:45 horas, un incendio iniciado en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda estatal en Hermosillo, Sonora, se propagó rápidamente hacia la Guardería ABC, un centro subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El fuego consumió el inmueble en minutos, atrapando a decenas de bebés y niños menores de cinco años. El saldo fue devastador: 49 menores fallecieron (25 niñas y 24 niños), y más de 100 resultaron heridos, con quemaduras graves en al menos 70 de ellos y afectaciones respiratorias en otros 39. Las investigaciones posteriores revelaron graves irregularidades: salidas de emergencia bloqueadas con archivos y mobiliario, falta de extintores funcionales, ausencia de rutas de evacuación claras y una construcción improvisada en un espacio no apto para niños, con paredes de yeso y techos inflamables.
La guardería, operada por un grupo de socias privadas bajo contrato con el IMSS, recibía subsidios federales pero operaba en condiciones precarias. Expertos forenses y peritos independientes concluyeron que el incendio podría haber sido evitado con mínimas medidas de seguridad, y que la propagación fue acelerada por la negligencia en el mantenimiento. Este suceso no solo generó un escándalo nacional, sino que expuso una red de corrupción: el contrato de subrogación se adjudicó de manera irregular, involucrando a funcionarios del IMSS y del gobierno estatal panista de Sonora, encabezado entonces por Eduardo Bours. Años después, se documentó que la guardería había sido inspeccionada superficialmente, ignorando denuncias previas de madres sobre el hacinamiento y las condiciones insalubres.
Sandra Lucía Téllez Nieves, de 51 años, era una de las socias propietarias y administradoras clave de la Guardería ABC, junto con otras figuras como June María Urrutia y Miriam Yazmín Narváez. Como representante legal, era responsable de la operación diaria, incluyendo el cumplimiento de normas de seguridad civil. Los padres de las víctimas, organizados en el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños (anteriormente Movimiento Cinco de Junio), la han señalado desde el inicio como una de las principales responsables del homicidio culposo de los 49 menores y las lesiones en los sobrevivientes, argumentando que priorizó el lucro sobre la seguridad.
El proceso judicial inició en 2009 con investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, ahora FGR). En 2016, un tribunal federal la sentenció inicialmente a 28 años, 11 meses y 4 días de prisión por homicidio y lesiones culposas. Sin embargo, tras múltiples apelaciones, amparos y recursos de revisión, su pena se redujo drásticamente en 2017 a 5 años y 7 meses de cárcel. Esta reducción generó indignación entre las familias, quienes denunciaron presiones políticas y errores procesales que beneficiaron a los acusados. Téllez cumplió parte de la sentencia en libertad condicional, con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, pero en febrero de 2022 incumplió esta condición y huyó a Estados Unidos, solicitando asilo político bajo el argumento de «persecución política». Una ficha roja de Interpol fue emitida en su contra ese mismo año.
Hasta la fecha, el caso ha involucrado a más de 20 exfuncionarios del IMSS y el gobierno de Sonora, como el exdirector del IMSS en Sonora, Alberto Monroy, y el exgobernador Bours. Sin embargo, muchos han fallecido sin enfrentar justicia, y los vivos carecen de sentencias firmes, lo que ha sido calificado por organizaciones como Amnistía Internacional como un ejemplo de «impunidad estructural».
Cronología de la fuga, detención y deportación
- Enero 2025: Téllez es arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona, durante una revisión migratoria rutinaria. Queda bajo custodia en el Centro de Detención de Eloy, Arizona, mientras se procesa su solicitud de asilo.
- Agosto 2025: El ICE confirma públicamente que Téllez está en proceso de deportación, a petición de la FGR a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales. El colectivo de padres envía una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal Alejandro Gertz Manero, exigiendo su extradición inmediata y criticando la «protección» que supuestamente recibió por nexos políticos.
- 3 de octubre de 2025: Tras gestiones diplomáticas entre México y EE.UU., se realiza una deportación controlada en la Garita I (Puerta México, Dennis DeConcini) en Nogales, Sonora. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, ejecutan la orden de aprehensión en el punto fronterizo. Téllez es trasladada de inmediato a Hermosillo y recluida en el penal femenil, a disposición del juez federal que la sentenció originalmente.
Esta operación conjunta destaca la cooperación bilateral, impulsada por la ficha roja de Interpol y la presión de las víctimas, aunque no fue una extradición formal (dado que EE.UU. optó por deportación administrativa).
