Culiacán, Sinaloa.- El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, reapareció públicamente mediante la difusión de un mensaje en video grabado desde la ciudad de Culiacán para desmentir de forma categórica las versiones que aseguraban su presunta entrega voluntaria ante las autoridades de Estados Unidos en la frontera con California.
En la grabación difundida en plataformas digitales, el exmando ministerial dio la cara para frenar las especulaciones sobre su paradero y su estatus legal, haciendo un llamado explícito a los medios de comunicación y a la opinión pública con la frase invito a que digan la verdad. Con este pronunciamiento, Almanza Avilés rechazó haber pactado con agencias federales norteamericanas o haberse sumado a la lista de excolaboradores gubernamentales sinaloenses que decidieron evadir el juicio de extradición en territorio mexicano.
La aparición del exdirector de la corporación investigadora da un vuelco a la información que circulaba en círculos políticos y de seguridad, la cual lo ubicaba ya bajo la custodia del Departamento de Justicia estadounidense para enfrentar cargos en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por presunta conspiración internacional y vínculos con el narcotráfico.
Con la confirmación de que Almanza Avilés permanece en la capital de Sinaloa y fuera del alcance de los tribunales extranjeros, la lista de exfuncionarios sinaloenses que efectivamente se han entregado por voluntad propia a las autoridades norteamericanas en días recientes se reduce a dos perfiles: el exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, y el extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.
El posicionamiento del exjefe policial obliga a una recomposición del mapa de objetivos prioritarios requeridos por el gobierno de Estados Unidos en la entidad, demostrando que, a diferencia de sus excompañeros de gabinete que optaron por la vía de la cooperación directa en el extranjero, este mando ministerial ha decidido sostener su defensa dentro del marco legal nacional y desde su propio territorio, rompiendo de momento con la narrativa de una claudicación en bloque de los ex servidores públicos señalados.
