La Haya, Países Bajos.- La Corte Penal Internacional recibió una denuncia formal por crímenes de lesa humanidad en contra de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ocho presidentes municipales de la entidad y los principales liderazgos del grupo delictivo conocido como Los Ardillos. El recurso legal internacional fue promovido de manera presencial en La Haya, Países Bajos, por la periodista y activista defensora de los derechos humanos e indígenas, Marcela de Jesús Natalia.
La acusación busca que el tribunal global abra un examen preliminar sobre la sistemática violencia que azota a las comunidades originarias de la región de la Montaña Baja, particularmente en el municipio de Chilapa de Álvarez y sus zonas aledañas. De acuerdo con el pliego presentado, el gobierno estatal y los alcaldes señalados han operado bajo un esquema de complicidad directa, colaboración estructural y omisión deliberada, permitiendo que la organización criminal mantenga un control territorial violento basado en ataques armados coordinados, uso de drones con explosivos, amenazas colectivas, asesinatos y desapariciones forzadas.
Entre los funcionarios municipales incluidos en la denuncia penal internacional se encuentran Mercedes Carballo Chino, alcaldesa de Chilapa; Ángel Aguilar Romero, alcalde de Acatepec; Alberto Michi Campos, de Tixtla; David Astudillo Morales, de Quechultenango; Pedro Ojeda Reyes, de Ahuacuotzingo; Gerardo Mosso López, de Mochitlán; y Jesús Vázquez García, de Mártir de Cuilapan. La parte demandante sostiene que algunos de los principales operadores y líderes del cártel, identificados como Celso, Antonio, Jorge Iván y Bernardo Ortega Jiménez, han estado incrustados históricamente en el servicio público y en alcaldías locales, consolidando un brazo de protección institucional.
El documento entregado en los tribunales internacionales expone que la ofensiva armada perpetrada por Los Ardillos en semanas recientes provocó el desplazamiento forzado de más de dos mil personas. Este éxodo masivo derivó en la creación de comunidades fantasma debido al abandono de hogares, lo que a su vez generó la parálisis total de las actividades agrícolas, la suspensión de ciclos escolares y la ruptura del tejido comunitario en las poblaciones indígenas de la franja territorial.
La activista Marcela de Jesús Natalia fundamentó el traslado del caso al ámbito internacional bajo el argumento de que el nivel de violencia e infiltración institucional en el estado de Guerrero se encuentra completamente rebasado. Asimismo, subrayó ante los magistrados de La Haya que los mecanismos de justicia en México no ofrecen garantías de imparcialidad ni de seguridad, ya que denunciar penalmente estas redes de complicidad dentro del territorio nacional representa un peligro mortal para los defensores de los derechos colectivos y las madres buscadoras que intentan documentar los crímenes.
El reporte audiovisual adjunto aborda con mayor profundidad el proceso de examen preliminar abierto ante el tribunal internacional y expone las evidencias presentadas sobre el desplazamiento forzado masivo de las comunidades de la Montaña Baja, proporcionando un análisis sobre el impacto que esta acusación representa para la administración estatal de Guerrero.
