Caracas, Venezuela.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, asuma de inmediato las funciones de presidenta encargada del país, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en encabezar el Ejecutivo nacional. La decisión se produce tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses en una operación militar realizada en la madrugada del 3 de enero.
La presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, leyó el fallo en una alocución transmitida obligatoriamente por radio y televisión. «Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación», declaró D’Amelio.
El TSJ calificó la captura de Maduro como un «secuestro» y una situación «excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución». Invocando el artículo 234, que regula las faltas temporales del presidente, el tribunal justificó la medida para suplir la ausencia forzosa del mandatario, al transferir la vicepresidente ejecutivo por hasta 90 días, prorrogables por el Parlamento.
Previamente, Rodríguez activó el Consejo de Defensa de la Nación, que preside, y envió al TSJ un decreto de estado de conmoción exterior firmado por Maduro antes de su detención. Este consejo otorga facultades extraordinarias, como la movilización de la Fuerza Armada y el control de infraestructuras clave, incluyendo la industria petrolera.
El fallo ordena notificar de inmediato a Rodríguez, al Consejo de Defensa, al alto mando militar y a la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, cuya instalación para el periodo 2026-2031 está prevista para el lunes 5 de enero. No se especificó fecha para la juramentación de Rodríguez.
Maduro, trasladado a Nueva York, enfrenta cargos federales por narcoterrorismo y tráfico de cocaína. La operación estadounidense, que incluyó ataques a instalaciones militares en Caracas, ha generado condenas internacionales y celebraciones en comunidades venezolanas en el exterior.
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