Ciudad de México.- Autoridades estatales y federales anunciaron el que fue catalogado como el mayor aseguramiento de contrabando de combustible en la historia reciente de México: 59 millones de litros localizados en un complejo de 15 hectáreas ubicado en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato. Sin embargo, diversas inconsistencias sobre las fechas del operativo, la cantidad real del hidrocarburo y la situación jurídica de la planta han puesto en entredicho la magnitud de la incautación difundida inicialmente.
El caso cobró relevancia pública cuando Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad de la entidad, presumió en redes sociales el volumen del hallazgo mediante un mensaje institucional que destacaba la intervención coordinada. La cifra superaba los registros históricos previos, como los 15 millones de litros asegurados en julio de 2025 en Coahuila y los 10 millones incautados en marzo de 2015 en Tamaulipas vinculados al petrolero Challenge Procyon. Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, visitaron la entidad y prometieron detenciones, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a dilucidar el origen de las investigaciones.
La indagatoria se originó a principios de julio, cuando un conductor fue detenido en San Luis de la Paz al no poder acreditar la procedencia de 33,000 litros de diésel que descargaba de una pipa. Esto derivó en cateos en una gasolinera local, en un inmueble de gas LP en Dolores Hidalgo y, finalmente, en la planta de distribución operada por Grupo Simsa en San José Iturbide.
No obstante, la operación se complicó cuando se reveló que el sitio pertenece a Grupo Simsa —firma de la familia Issa Tafich—, empresa que opera como centro de almacenamiento para terceros y no como propietaria directa del hidrocarburo. A través de un comunicado, la compañía aclaró que cuenta con sus permisos en regla y que se limita a recibir productos de empresas usuarias que acreditan su legalidad ante la Comisión Nacional de Energía, entre las que figuran Petróleos Mexicanos (Pemex), ExxonMobil y Kansas City Southern. Fuentes del sector señalaron que los 10 tanques del complejo tienen una capacidad máxima de 100 millones de litros, por lo que la cantidad real sujeta a investigación dependerá de que las compañías propietarias demuestren la legal procedencia de los productos guardados.
Adicionalmente, reportes periodísticos señalaron que el operativo no se realizó en la fecha anunciada, sino a principios de septiembre, y que la planta no fue clausurada, operando de manera normal desde el día 10 de ese mes. Ante este escenario, la FGR emitió un nuevo posicionamiento en el que detalló que actualmente se realiza el acopio de información, análisis documental y entrevistas a directivos para verificar la trazabilidad fiscal y financiera de la totalidad del combustible, mientras trascienden cuestionamientos sobre la precisión en la comunicación inicial del gabinete de seguridad estatal.
