Ciudad Juárez, Chih.- Con la participación de más de 200 activistas, defensores de derechos humanos, colectivos de familias de personas desaparecidas e integrantes de más de 100 organizaciones civiles de México, Estados Unidos y Canadá, concluyó este fin de semana en la región fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, la Cumbre Binacional por la Paz y la Justicia 2026.
El encuentro, desarrollado del 18 al 20 de septiembre, sirvió como un espacio de convergencia comunitaria y social para analizar de manera integral las causas estructurales de las violencias que afectan a la región norteamericana, superando la visión tradicional de que la seguridad pública se reduce únicamente a la presencia de fuerzas del orden o al combate frontal de los delitos. Durante las mesas de trabajo y ponencias, los asistentes subrayaron que la construcción de paz exige atender las desigualdades sociales, garantizar el acceso a oportunidades de desarrollo y reducir las brechas de vulnerabilidad que impactan a las comunidades más desprotegidas.
Uno de los ejes centrales de la clausura fue la discusión sobre el flujo transfronterizo de armas y drogas, un fenómeno que alimenta la criminalidad en ambos lados de la línea divisoria. Los participantes vincularon esta problemática con las acciones legales emprendidas por el Estado mexicano contra fabricantes y distribuidores de armamento en Estados Unidos, señalando que la corresponsabilidad binacional es indispensable para frenar el tráfico ilícito que dota de poder a las estructuras delictivas. Asimismo, se presentaron testimonios de violaciones a derechos humanos y experiencias de resistencia comunitaria, destacando la presencia de colectivos de familiares de víctimas y de los normalistas de Ayotzinapa, quienes exigieron mecanismos efectivos de verdad y justicia.
El foro también estuvo marcado por la exigencia de respeto a la labor de la sociedad civil organizada, luego de que durante el desarrollo de las jornadas se registraran incidentes de retención e incomunicación de activistas por parte de autoridades migratorias en los cruces internacionales. Las conclusiones recabadas en este ejercicio binacional integrarán un diagnóstico regional que servirá de base para impulsar una agenda común de defensa de los derechos humanos y la justicia social desde las bases comunitarias de los tres países de Norteamérica.
