De los baches a la guerra política
El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha protagonizado una serie de confrontaciones con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, del PAN, que revelan las tensiones partidistas en un estado marcado por la inseguridad y la precariedad urbana. El episodio más reciente surgió cuando el vehículo de Campos cayó en un bache durante una visita a Juárez, lo que la llevó a criticar públicamente al alcalde por negligencia en el mantenimiento vial, exigiendo que “se ponga a trabajar”. Esta acusación no solo expone la deficiente infraestructura local, sino que también ilustra cómo los líderes políticos utilizan incidentes menores para desacreditar a opositores, desviando la atención de sus propios fracasos en inversiones públicas. Este intercambio parece una maniobra electoral anticipada, considerando que Chihuahua se prepara para ciclos políticos donde el control de Juárez es clave para el dominio estatal.
Torre Centinela; símbolo del despilfarro
En respuesta, Pérez Cuéllar no se limitó a defenderse, sino que contraatacó cuestionando la utilidad de la Torre Centinela, un megaproyecto de seguridad impulsado por Campos, al que calificó como un “mugrero” que ha devorado millones de pesos sin beneficios tangibles para los juarenses. Este proyecto, con un costo inicial estimado en más de 4,700 millones de pesos, ha sido criticado por sobreprecios, asignaciones directas sospechosas a empresas como SeguriTech y retrasos significativos, alcanzando apenas el 61% de avance en 2025 según informes oficiales. Desde una perspectiva crítica, la Torre representa el clásico despilfarro gubernamental: un monumento a la presunta corrupción disfrazado de innovación tecnológica, donde fondos públicos se destinan a contratos opacos.
Baches el abandono estructural
Los “baches” –esos pozos viales que simbolizan el deterioro urbano– se han convertido en el epicentro de esta bronca, con Campos culpando directamente al municipio, mientras que Pérez Cuéllar replica que la falta de inversión estatal agrava el problema. Políticamente, esta disputa resalta la hipocresía bipartidista: el PAN, en el poder estatal, ha priorizado proyectos faraónicos como la Torre Centinela sobre apoyo a municipios opositores, fomentando un centralismo que debilita la autonomía local. Críticamente, los baches no son solo un fallo técnico, sino un síntoma de desigualdad regional, donde Juárez, como ciudad fronteriza con altos índices de migración y crimen, sufre el abandono sistemático de un gobierno estatal más enfocado en vigilancia masiva que en bienestar urbano.
Torre Centinela, ¿obra orwelliana?
La Torre Centinela, promovida como un centro de inteligencia con más de 30,000 cámaras, arcos lectores de placas y reconocimiento facial, ha generado críticas por su potencial invasivo, incluyendo la vigilancia de migrantes y el intercambio de datos biométricos con Estados Unidos. Analíticamente, este sistema evoca un estado policial orwelliano, donde la seguridad se usa como pretexto para erosionar derechos civiles, beneficiando a corporaciones extranjeras y aliados internacionales a costa de la privacidad ciudadana. Pérez Cuéllar, al denunciar su ineficacia, expone cómo Campos ha invertido en herramientas de control que no han reducido significativamente la delincuencia, según datos de homicidios estancados, revelando un enfoque represivo en lugar de preventivo.
Las deudas prediales del PAN
Otro frente de conflicto involucra las deudas prediales del PAN en Juárez, donde el partido acumula más de 9.5 millones de pesos en adeudos desde 2012, incluyendo propiedades como su sede principal y estacionamientos. Mientras el gobierno municipal de Morena exige el pago de impuestos como cualquier ciudadano, el PAN ha evadido sistemáticamente estas obligaciones, recurriendo a amparos y negociaciones políticas que evidencian un trato preferencial. Esta situación pone en jaque la credibilidad del partido blanquiazul, que critica la corrupción ajena mientras mantiene privilegios fiscales propios, alimentando la narrativa de que en Chihuahua las élites políticas operan por encima de la ley.
Centralismo estatal el trasfondo
La bronca entre Pérez Cuéllar y Campos no es solo personal o anecdótica; responde a un modelo de gobernanza donde el gobierno estatal panista concentra recursos y decide prioridades, dejando a los municipios en una posición de debilidad financiera y operativa. Juárez, pese a ser motor económico del estado, recibe transferencias insuficientes para atender rezagos históricos, lo que obliga al alcalde a confrontar públicamente a la gobernadora. Críticamente, esta dinámica reproduce el viejo esquema priista de control centralizado, ahora con colores panistas, donde la oposición municipal se convierte en chivo expiatorio de las fallas estructurales del poder estatal.
¿Un ataque clasista y electoral?
Cuando Maru Campos exige que el alcalde “se ponga a trabajar” por un bache, está reproduciendo un discurso clasista que deslegitima la gestión de gobiernos de izquierda al presentarlos como incapaces o flojos. Este tipo de ataques no solo busca desgastar a Pérez Cuéllar de cara a futuras elecciones, sino que también refuerza la idea de que solo el PAN puede “ordenar” y “gobernar con eficiencia”. Desde el análisis crítico, se trata de una estrategia propagandística que oculta la responsabilidad compartida en la infraestructura y traslada toda la culpa a la gestión local, ignorando que el estado retiene la mayor parte de los ingresos fiscales.
Sobreprecios y opacidad
Más allá de su supuesta función de seguridad, la Torre Centinela ha sido señalada por observadores independientes y auditorías parciales como un foco de irregularidades: contratos millonarios sin licitación pública, modificaciones presupuestales injustificadas y pagos anticipados a empresas con vínculos políticos. Este esquema no es aislado; forma parte de un patrón panista de grandes obras que benefician a consorcios cercanos al poder más que a la ciudadanía. Pérez Cuéllar aprovecha estas grietas para posicionarse como el defensor de los recursos públicos, aunque su propio gobierno municipal tampoco está exento de señalamientos de opacidad.
Juárez víctima de la disputa
En el fondo, los juarenses son los grandes perdedores de esta bronca interminable. Mientras el alcalde y la gobernadora se acusan mutuamente, la ciudad sigue padeciendo baches, iluminación deficiente, inseguridad y falta de servicios básicos. La polarización política impide cualquier coordinación real entre niveles de gobierno, perpetuando un abandono que afecta especialmente a colonias populares y zonas marginadas. Esta guerra de egos y colores partidistas demuestra que, en Chihuahua, los intereses electorales pesan más que el bienestar colectivo de la segunda ciudad más importante del estado.
Antesala de la batalla electoral
Todo indica que el choque entre Cruz Pérez Cuéllar y Maru Campos es apenas el preludio de una contienda mucho más agresiva rumbo a las elecciones intermedias y de gubernatura de 2027. Ambos actores están construyendo narrativas: él como el alcalde que resiste al centralismo panista y defiende los recursos de Juárez; ella como la gobernadora que exige orden y resultados a un municipio desordenado. En un estado donde Morena ha ganado terreno en las ciudades grandes, esta disputa no es casual: es la preparación de un terreno electoral donde los baches, la Torre Centinela y las deudas prediales se convertirán en munición diaria de campaña.
