Washington, D.C.- El programa de visas agrícolas H-2A en los Estados Unidos se encuentra en una fase de rápida expansión, impulsado por el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump hacia los trabajadores indocumentados y la restricción de diversas vías de inmigración legal. Durante la primera mitad del año fiscal 2026, el Departamento de Trabajo de ese país aprobó un 17 por ciento más de estos visados en comparación con el mismo periodo del año anterior, acelerando una tendencia que desde 2013 ha cuadruplicado la presencia de estos jornaleros hasta convertirlos en una sexta parte de la fuerza laboral del campo estadounidense.
La aceleración del flujo de trabajadores, procedentes principalmente de México y Centroamérica, responde también a un incentivo económico provocado por el propio gobierno norteamericano. El otoño pasado, el Departamento de Agricultura disminuyó los salarios mínimos que deben percibir los trabajadores invitados, abaratando sustancialmente los costos de operación para los productores agrícolas estacionales que enfrentan una severa escasez de mano de obra local debido al envejecimiento de su población y a la desaceleración de la inmigración en general.
A pesar de que el esquema representa un beneficio mutuo que permite a los agricultores levantar cosechas delicadas y a los migrantes obtener ingresos superiores a los de sus países de origen de forma segura, defensores de los derechos humanos y organismos fiscalizadores advierten sobre los riesgos estructurales del programa. Datos de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno revelan que el 84 por ciento de las más de 2,800 investigaciones realizadas por el Departamento de Trabajo entre 2018 y 2023 detectaron infracciones que van desde el fraude en el reclutamiento hasta el abuso y el tráfico de mano de obra.
Organizaciones civiles señalan que la vulnerabilidad de los jornaleros al trabajo forzado se exacerba debido a que su estatus legal, vivienda y posibilidad de recontratación futura están atados exclusivamente a un solo empleador, lo que genera una marcada asimetría de poder. Mientras que en estados demócratas como Oregón y Washington existen normativas locales estrictas y medidas de protección contra el calor extremo, regiones como Florida, Georgia y Carolina del Norte concentran casi un tercio de estos empleados bajo regulaciones mínimas y menores niveles de fiscalización laboral.
