Washington, D.C.- El Senado de los Estados Unidos aprobó, con una cerrada votación de 52 votos a favor y 47 en contra, un megaproyecto de ley de 70,000 millones de dólares destinado a financiar las medidas de represión de la inmigración promovidas por el presidente Donald Trump para el resto de su mandato. La medida fue enviada de inmediato a la Cámara de Representantes, donde se proyecta una rápida ratificación por parte de la mayoría legislativa.
La jornada parlamentaria se transformó en una victoria estratégica para el partido oficialista en pleno año electoral, consolidando la postura de línea dura en materia migratoria de cara a los comicios que definirán el control del Congreso. La iniciativa logró salir adelante de manera unificada dentro del bloque republicano, registrando únicamente el voto en contra de la senadora por Alaska, Lisa Murkowski, quien se sumó a la negativa unánime de la bancada demócrata.
Sin embargo, la aprobación definitiva requirió que el liderazgo republicano sofocara una intensa revuelta interna que amenazaba con descarrilar el presupuesto. El descontento se originó por la intención de la Casa Blanca de entrelazar la agenda migratoria con intereses políticos personales de Trump, tales como la creación de un fondo discrecional de 1,800 millones de dólares para indemnizar a aliados políticos, una partida de 1,000 millones de dólares para el salón de baile de la Casa Blanca y el polémico nombramiento de Bill Pulte como jefe de inteligencia nacional de forma simultánea a su cargo en la agencia de vivienda.
Los demócratas, encabezados por el líder de la minoría Chuck Schumer, aprovecharon el mecanismo del proyecto de ley de reconciliación —el cual permite enmiendas ilimitadas— para obligar a los republicanos a emitir votos políticamente costosos durante una sesión que se prolongó hasta la madrugada. A través de propuestas de modificación que buscaban prohibir el uso de recursos públicos en los proyectos personales del mandatario, la oposición exhibió las fracturas del partido gobernante, atrayendo de manera temporal los votos de senadores republicanos moderados o en campaña de reelección como Susan Collins, Jon Husted, Dan Sullivan, Thom Tillis y Bill Cassidy.
Pese a las objeciones éticas de varios legisladores que temían que el fondo de pagos federal beneficiara a los involucrados en el asalto al Capitolio del seis de enero de dos mil veintiuno, el bloque mayoritario contuvo las deserciones en las votaciones definitivas para evitar que se maniatara la capacidad ejecutiva del presidente. El líder de la mayoría, John Thune, defendió el uso del presupuesto especial a prueba de obstruccionismo argumentando que la parálisis legislativa obedecía exclusivamente a la negativa de la oposición demócrata para asignar recursos económicos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza.
