El gobernador Javier Corral solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que su Gobierno se desista ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la controversia constitucional promovida por Enrique Peña Nieto, en la que se pidió la suspensión de cualquier acto de los poderes del Estado de Chihuahua en contra de funcionarios o exfuncionarios federales, dentro de las investigaciones que realiza por corrupción política y desvío de recursos públicos.
El oficio DE-09/2019, firmado por el mandatario estatal, fue recibido la tarde de este miércoles en Oficialía de Partes del Gobierno de la República y de recibir respuesta positiva, quedará entonces sin efecto la suspensión ordenada por la SCJN, por lo que cada poder del Estado de Chihuahua podrá continuar con sus funciones.
Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico de Gobierno del Estado, explicó que el presidente López Obrador tiene la posibilidad de girar instrucciones a su consejero jurídico Julio Scherer Ibarra para que tramite el desistimiento de la controversia constitucional que, dijo, se trata más bien de un amparo simulado a favor de los ahora exfuncionarios.
“En el documento se le pide al presidente que como Gobierno se desista de aquellos actos que reclaman, porque consideramos que son improcedentes”, agregó.
Recordó que desde su oficina, el 10 de diciembre de 2018 se presentó al consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, un primer escrito de solicitud de desistimiento de la citada controversia constitucional, del cual aún se espera respuesta; ahora, la solicitud se realiza directamente por el Gobernador Javier Corral, al Presidente de la República.
“Esperamos que el Presidente realmente cumpla un compromiso en cuanto a retirar esa controversia, que tiene suspendidos los procedimientos en Chihuahua”, reiteró Espinoza Cortés.
El documento firmado por el titular del Ejecutivo, destaca la verdadera pretensión de quienes promovieron dicha controversia constitucional, que es “transfigurar una noble y fundamental institución de nuestra régimen democrático, cuyo fin es la protección del orden constitucional, para convertirla en un FUERO PROTECTOR PERMANENTE para funcionarios federales, que busca la impunidad en el fondo, ABANDONANDO LAS TESIS Y PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y ESTADO DE DERECHO”.
En el documento, el gobernador Javier Corral advierte de una total improcedencia en la intención de la Consejería del Ejecutivo Federal, ya que pretende la parte actora detener y obstaculizar cualquier diligencia ministerial o judicial relacionada con el ejercicio de su encargo, ya que como es sabido, dichos actos son de orden público y de interés social.
Explica además que la pretensión del expresidente Peña Nieto, que se hace extensiva a cualquier servidor público federal para que no pueda ser investigado en algún estado, “es indudablemente la obtención de un fuero permanente disfrazado de controversia constitucional, que raya en la impunidad y que servirá a diversos servidores públicos, para no ser investigados o juzgados bajo ninguna circunstancia, lo que traería como principio abandonar los principios de legalidad y estado de derecho en un régimen democrático”.
La controversia fue presentada por el Gobierno del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, a través del titular de la Consejería Jurídica, Misha Leonel Granados Fernández, documento que fue recibido por la SCJN el 9 de octubre de 2018, quien una semana después presentó una ampliación de la demanda inicial, para agregar los conceptos de invalidez.
Ahí solicitó invalidar diversos actos que pudieran ejercer los diferentes poderes del Estado de Chihuahua.
Del Gobernador pidió invalidar su intervención directa o indirecta, actual o inminente en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración, que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
Además limitan a la Fiscalía General del Estado para que pueda emitir citatorios a funcionarios o exfuncionarios, de órdenes de aprehensión, de detención, de arraigo, así como la comunicación de cualquier tipo que realicen funcionarios de la dependencia.
Del poder Judicial solicitaron invalidar la emisión de citaciones, órdenes de aprehensión, de presentación o arraigo, respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
