Chihuahua, Chih. — El Gobierno Federal presentó una controversia constitucional contra el estado de Chihuahua, motivada por la reforma a la Ley Estatal de Educación que fomenta el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español en las aulas, lo que en la práctica busca evitar la incorporación del llamado lenguaje inclusivo.
El diputado local Carlos Olson (PAN), impulsor de la iniciativa aprobada en octubre de 2025, denunció que esta acción legal del centro del país prioriza una disputa ideológica por encima de problemas urgentes como la inseguridad, la violencia y las deficiencias en el sistema educativo nacional.
“El fondo no es educativo, es ideológico. Les molesta que en Chihuahua no se permita el adoctrinamiento ni la imposición del lenguaje inclusivo en las escuelas”, afirmó Olson. Según el legislador, este tipo de lenguaje —con formas como “todes”, “elles” o “compañere”— no constituye un avance pedagógico, sino una carga que confunde el aprendizaje, empobrece la enseñanza del idioma y politiza el aula, afectando directamente a niñas y niños.
Olson enfatizó que la educación debe basarse en criterios pedagógicos sólidos y no en experimentos ideológicos. “Con los niños no se experimenta. La escuela no es un laboratorio ideológico; debe formar, no confundir”, subrayó.
La reforma, aprobada por mayoría en el Congreso local con votos de PAN, PRI y PVEM, modificó el artículo 8° para promover el dominio normativo del español, lo que ha generado críticas de sectores de Morena, PT y organizaciones civiles, quienes argumentan que vulnera derechos de inclusión y contradice principios constitucionales.
El diputado panista aseguró que Chihuahua defenderá en tribunales su autonomía educativa y el derecho de los menores a una enseñanza clara, sin imposiciones centralistas. “Vamos a dar la batalla legal para proteger el aprendizaje sólido, la libertad de pensamiento y el desarrollo integral de la niñez. En Chihuahua, la educación se respeta”, concluyó.
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