Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera procedió al congelamiento de las cuentas bancarias del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien buscaba la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí respaldado por la coalición Morena-PT. Tras esta acción fiscalizadora, el político y empresario abandonó el territorio nacional, de acuerdo con la revelación hecha por Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo.
El líder petista cuestionó severamente la actuación de la UIF, acusándola de presuntamente presionar a Sánchez Zumaya para obligarlo a renunciar a sus aspiraciones políticas, y aseguró que actualmente se encuentra radicado en el extranjero bajo la condición de perseguido político.
En el ámbito legal, la red de personas físicas y morales conectadas con el empresario potosino ha emprendido acciones jurídicas mediante la promoción de amparos para combatir el bloqueo de sus activos financieros. Los registros oficiales indican la existencia de demandas interpuestas por dos empresas ligadas directamente a Sánchez Zumaya, así como por seis individuos implicados en una presunta red de factureros que ha sido vinculada al senador morenista Adán Augusto López.
Uno de los casos documentados corresponde a la empresa Grupo Mineral y Logistic, la cual promovió un amparo en contra de la UIF el pasado 2 de octubre. Dicha compañía fue constituida en el año 2014 con un capital social inicial de 50 mil pesos; sin embargo, en diciembre de 2025 presentó un cheque por 400 millones de pesos con el fin de incrementar su capital ante el Notario Público número 4 de Tabasco, Manuel Alejandro Cachón, quien es señalado por sus nexos con Adán Augusto López y con su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, identificado como líder de la organización criminal La Barredora.
A partir de dichos movimientos, la empresa comenzó a recibir contratos por parte de Petróleos Mexicanos. Asimismo, informes correspondientes al año 2025 señalan que tanto Pemex como el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron facturas que superan los 2 mil 800 millones de pesos a otras tres empresas fantasma presuntamente relacionadas con Sánchez Zumaya.
La investigación también apunta a la participación de Héctor Manuel Portales Ávila dentro de esta estructura, quien hoy en día se desempeña como testigo protegido de la Fiscalía General de la República dentro del proceso penal instruido contra Roberto Blanco Cantú, alias El Señor de los Buques. Portales Ávila, quien mantiene lazos familiares con Sánchez Zumaya, ha expuesto ante la instancia federal los presuntos acuerdos sostenidos entre El Señor de los Buques, diversas autoridades y el crimen organizado, así como la red de sobornos operada para permitir el tráfico ilícito de combustibles o huachicol fiscal.
