Ciudad Juárez, la urbe fronteriza por excelencia de México, representa un mosaico de contrastes: un polo industrial que genera el 43.5% del PIB de Chihuahua, con más de 1.5 millones de habitantes, pero también un territorio marcado por el desorden espacial y el deterioro estructural. Su crecimiento explosivo, impulsado por la maquiladora desde los años 60, ha sido un motor económico, pero también el catalizador de una expansión urbana descontrolada. A pesar de planes como el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf) de 1961 o el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2040, la ciudad acumula rezagos en infraestructura que convierten lluvias leves en catástrofes y periferias en zonas de marginación.
Con la más leve mirada crítica examina cómo la ausencia de una planeación urbana integral ha perpetuado desigualdades, exacerbado vulnerabilidades ambientales y socavado la calidad de vida, proponiendo que solo una visión binacional y participativa puede revertir este legado de negligencia.
El Legado de un crecimiento desordenado
El auge de Ciudad Juárez se remonta a la industrialización fronteriza de los 60, cuando el Pronaf y el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF) atrajeron mano de obra masiva, duplicando la población en tres décadas. Sin embargo, este «desarrollo» fue caótico: la mancha urbana se expandió dispersamente hacia el sureste, priorizando parques industriales con vialidades impecables mientras las colonias residenciales carecían de lo básico. Observadores como el ingeniero Andrés Carbajal atribuyen esto a tres factores: corrupción, ambición inmobiliaria y desinformación, que fomentaron asentamientos irregulares en periferias sin reserva territorial planeada.
Un estudio del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) estima que abatir el rezago básico —pavimentación, transporte, escuelas y salud— requeriría 60 mil millones de pesos, cifra conservadora que subestima la realidad, posiblemente superior a 250 mil millones. Esta omisión histórica no es accidental; los planes de desarrollo urbano han servido más como instrumentos de legitimación para la expansión que como herramientas de equidad. A pesar de múltiples programas desde los 80, la expansión ha generado carencias en equipamiento, dejando a la ciudad vulnerable a inundaciones anuales por la ausencia de drenaje pluvial. En 2025, con un presupuesto municipal de 10 mil millones anuales, el rezago persiste, agravado por la falta de continuidad entre administraciones, donde cada sexenio prioriza obras electorales sobre estrategias a largo plazo.
Este patrón revela una planeación reactiva, no proactiva. La ciudad creció sin normas reguladoras que integraran a los habitantes en el diseño urbano, priorizando el «confort» industrial sobre la habitabilidad humana. El resultado: una urbe donde el 30% de las calles carece de pavimentación adecuada, y el transporte público es ineficaz, generando congestión y costos familiares elevados.
Los déficits infraestructurales de Juárez son palpables y multifacéticos. La falta de drenaje pluvial, un «rezago histórico», transforma lluvias en caos vial y riesgos sanitarios, afectando a 300 mil habitantes en vialidades como Cuatro Siglos. En 2025, el IMIP calcula que resolver esto demandaría 5 mil millones de dólares, más de la mitad del presupuesto anual municipal, destacando la insostenibilidad financiera. Además, el alumbrado intermitente, recolección de basura deficiente y ausencia de parques, centros de salud y escuelas violan estándares de la ONU en hábitat.
En el suroriente, la revocación de candados a construcciones ha agravado la inseguridad y el déficit de servicios, con 24 mil viviendas deshabitadas en zonas de las orillas urbanas sin cobertura educativa o de transporte. Modelos multicriterio identifican asentamientos irregulares con un 97% de precisión, revelando precariedad en agua, electricidad y vialidades, exacerbada por topografías accidentadas y especulación inmobiliaria. La sobreexplotación del acuífero urbano, por falta de planeación hidrológica, amenaza la sostenibilidad ambiental, mientras la movilidad —con carriles no delimitados y puentes peatonales escasos— encarece la vida diaria.
Estos rezagos no son meros fallos técnicos, sino síntomas de privatización de lo público. Élites inmobiliarias intervienen en políticas para transferir bienes comunes a privados, mediante desregulaciones que agilizan trámites a costa de la factibilidad infraestructural. En 2025, la inversión federal en infraestructura cayó 29.1%, atribuida a debilidades en gobernanza: planeación débil, silos sectoriales y corrupción. Esto contrasta con El Paso, Texas, donde la integración binacional ha mitigado tales déficits, exponiendo la miopía de Juárez al ignorar su contexto transfronterizo.
Una Ciudad Fracturada
La falta de planeación no solo degrada la infraestructura, sino que profundiza desigualdades. Periferias como el suroriente enfrentan marginación educativa y de salud, con instalaciones insuficientes pese a diagnósticos desde 2004. La violencia, heredada de la «guerra contra el narco», se entrelaza con espacios desurbanizados: ausencia de espacios públicos fomenta aislamiento y crimen. En 2025, con 115 mil hogares abandonados desde 2009, la ciudad lidera en desempleo y pobreza, amplificada por violencia y crisis económica.
Ambientalmente, la dispersión urbana genera asentamientos irregulares que encarecen servicios y erosionan el suelo, mientras la falta de reservas territoriales propicia deforestación y agotamiento hídrico. Esto refleja un «urbanismo social» superficial: proyectos emblemáticos como la Plataforma Centinela, poco más que en obra negra tras dos años, priorizan visibilidad política sobre impacto real. La ciudadanía, excluida de la planeación, ve sus necesidades —movilidad accesible, espacios verdes— ignoradas en favor de lógicas electorales.
Abatir este rezago exige trascender visiones cortoplacistas. Primero, una continuidad administrativa, con fondos federales blindados para infraestructura básica, como sugieren foros de la ONU. Segundo, integración binacional con El Paso para movilidad y agua, aprovechando el Paso del Norte como metrópoli unificada. Tercero, participación ciudadana en planes como Juárez 2040, evitando que sirvan de legitimación para especulación.
Modelos dinámicos, como los de simulación de usos de suelo con Stella®, pueden prever demandas futuras, integrando variables sociales y ambientales. Esto requiere combatir la corrupción mediante transparencia en dictámenes de impacto urbano, asegurando que modificaciones menores no comprometan la sostenibilidad. Solo así Juárez pasará de ser un «paciente crónico» a un modelo de resiliencia.
La falta de planeación urbana en Ciudad Juárez no es un accidente histórico, sino una elección política que ha convertido el crecimiento en rezago. Con déficits que demandan inversiones colosales y una expansión que margina a sus habitantes, la ciudad urge una transformación radical: de la legitimación a la equidad, del caos a la cohesión. En 2025, ante inundaciones recurrentes y desigualdades crecientes, Juárez debe apostar por una planeación inclusiva y visionaria. De lo contrario, su frontera no será de oportunidades, sino de fracturas perpetuas. La pregunta no es si puede cambiar, sino si sus líderes —y su gente— lo permitirán.
