Ciudad de México.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, arribó este jueves a las 11:00 horas a la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para sostener un encuentro privado con el titular de la dependencia, Omar García Harfuch. La reunión, que se prolongó por espacio de una hora, tuvo lugar tras el accidente en la Sierra Tarahumara donde perdieron la vida dos agentes de la Fiscalía estatal y dos elementos identificados como miembros de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
Previo al encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que se instruyó esta reunión presencial para esclarecer los hechos ocurridos durante un operativo de localización de laboratorios de metanfetamina. Por su parte, García Harfuch enfatizó que, si bien existe un intercambio constante de información y una relación de confianza con las agencias de seguridad de Estados Unidos, los elementos extranjeros no participan en acciones de campo del Gabinete de Seguridad Federal.
El funcionario federal aclaró que la Secretaría de la Defensa Nacional no tenía conocimiento previo sobre la intervención de los agentes estadounidenses en las maniobras realizadas en territorio chihuahuense. Según la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad, la presencia de estos uniformados en el operativo de la semana pasada fue resultado de una solicitud directa de la fiscalía local y no de una coordinación con los mandos federales.
Investigación y protocolos de acompañamiento
Ante la controversia por la posible violación a los protocolos de seguridad nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene una comunicación estrecha con la Embajada de Estados Unidos para obtener detalles técnicos sobre la estancia de los agentes en la zona. El secretario Harfuch subrayó que los procedimientos institucionales dictan que cualquier acompañamiento operativo debe solicitarse formalmente a la Guardia Nacional, al Ejército o a la Marina.
El diálogo entre la gobernadora y el secretario busca unificar criterios sobre la operatividad en la entidad, especialmente en zonas de alta incidencia delictiva donde participan la Agencia Estatal de Investigaciones y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. Este acercamiento ocurre en un momento crítico para la relación bilateral en materia de seguridad, tras confirmarse que las fuerzas federales no fueron notificadas sobre la integración de personal extranjero en tareas de rastreo y vigilancia en la sierra.
