Bonilla y CNC se acercan
La estrategia territorial de Marco Bonilla Mendoza en la búsqueda de la candidatura a la gubernatura por Acción Nacional ha dado un giro táctico fundamental: la consolidación de una red de alianzas con los núcleos organizados del sector primario en Chihuahua. Lejos de enfrentar un escenario de rechazo generalizado hacia otros aspirantes, la realidad es que los propios agricultores organizados han extendido invitaciones directas al precandidato panista para sumarlo a sus asambleas gremiales, configurando un respaldo tácito que se traduce directamente en la conquista del llamado voto verde en las zonas rurales del estado.
La reciente reunión de Bonilla con la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina no debe leerse como un acto administrativo aislado, sino como la manifestación más pura de la convergencia política entre el PAN y el PRI. En el más llano sentido de la palabra, este encuentro contó con la presencia del presidente estatal del PRI, Alex Domínguez, y del diputado local y líder estatal de la CNC, Arturo Medina, quienes flanquearon al precandidato para dejar constancia de la sincronía partidista. La participación conjunta de estas figuras confirma que el otrora músculo movilizador del tricolor y la estructura blanquiazul operan ya como un solo engranaje.
Este acercamiento responde a una agenda de trabajo sistemática. El precandidato ha sostenido encuentros con la Unión Ganadera Regional y ha acudido a convocatorias directas en distritos agrícolas estratégicos como Santa Isabel, donde la interlocución con los productores fluye sin intermediarios. Esta dinámica le ha permitido al panista realizar una precampaña mucho más orgánica, basada en la confianza institucional y en la participación dentro de los espacios formales de los propios hombres del campo.
Mientras que otros actores políticos acuden a las regiones bajo la tensión de reclamos pasados por el asunto del agua, Bonilla capitaliza la apertura de las asociaciones agrícolas que ven en su proyecto un canal viable para sus demandas. Este paso, lejos de ser sólo un evento proselitista, consolida en la práctica los cimientos de una alianza PAN-PRI que se ejecuta en el territorio bajo el aval de sus principales liderazgos partidistas y agrarios. Si el sector primario refrenda su confianza en las urnas tal como lo ha hecho en estas mesas de trabajo, el control del voto rural se perfila como el factor decisivo que podría inclinar la balanza en la próxima contienda por el gobierno de Chihuahua.
En entredicho la alianza de Morena
La disputa interna rumbo a la gubernatura de Chihuahua muestra un escenario territorial intenso pero políticamente fragmentado para Andrea Chávez. Sus recorridos recientes combinan visitas a colonias populares de Ciudad Juárez como la colonia Revolución, la colonia Fronteriza, la colonia Francisco Sarabia, la colonia Aldama y la colonia Valle Verde, además de incursiones en municipios del interior como Galeana, Buenaventura, Ahumada, Nonoava, San Francisco de Borja, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Janos. En estas regiones, la aspirante ha buscado consolidar presencia mediante asambleas y encuentros comunitarios de proximidad.
Sin embargo, este despliegue en territorio contrasta de manera directa con las tensiones que dominan la cúpula de los partidos aliados. La presencia constante de la diputada federal Lilia Aguilar Gil, quien forma parte de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del Partido del Trabajo y es consejera propietaria del partido ante el INE, busca proyectar un respaldo firme desde las estructuras de su partido. A pesar de este acompañamiento local, en los hechos la coalición entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México se mantiene en un profundo entredicho.
La ruptura de los equilibrios partidistas quedó expuesta cuando Arturo Escobar, un influyente operador del Partido Verde, se abrió sin tapujos para manifestar su respaldo político a favor de Cruz Pérez Cuéllar, confrontando la estrategia de Morena en la entidad. Esta fractura se complementa con la postura del coordinador de los diputados del PT en el Congreso de la Unión, Reginaldo Sandoval, evidenciando que los acuerdos cupulares de la alianza oficialista no están amarrados en Chihuahua. Mientras los equipos recorren las calles del estado buscando simpatías, los liderazgos nacionales de los partidos colaterales persiguen agendas divergentes que ponen en riesgo la unidad del bloque oficial rumbo a la contienda electoral.
La ley según el poder
Hay una coincidencia política que no debería pasar inadvertida entre dos expresiones pronunciadas con más de cuatro años de diferencia por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. No son frases idénticas ni ocurrieron en el mismo contexto, pero contienen un concepto común: cuando la ley, la norma o la regla jurídica entra en conflicto con lo que el gobernante considera conveniente, justo o favorable para la población, su cumplimiento puede ser desplazado por el criterio político.
El 6 de abril de 2022, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador se refirió a la discusión que mantenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de la Industria Eléctrica, una de las reformas centrales de su gobierno. En medio de sus críticas a los ministros y a quienes defendían la aplicación estricta de las disposiciones jurídicas, pronunció una frase que se convirtió en una de las más controvertidas de su sexenio: “No me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
La expresión debe entenderse dentro de aquel contexto. López Obrador cuestionaba que los ministros analizaran la reforma exclusivamente desde la perspectiva jurídica y sostenía que debían considerar lo que él entendía como interés público. El problema político apareció cuando el jefe del Ejecutivo colocó ese interés, definido desde su propia concepción del gobierno, frente al principio de que las autoridades están obligadas a sujetarse a la Constitución y las leyes.
El 16 de julio de 2026, durante una gira de trabajo por Tulum, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum protagonizó una escena diferente, pero con una semejanza que resulta difícil ignorar. Durante un recorrido por el Parque Nacional del Jaguar escuchó reclamos relacionados con restricciones derivadas de la regulación ambiental. Frente a esa situación, se dirigió al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria, y le pidió actuar con “sentido común y para la gente”.
Hasta ahí no habría controversia. Un gobierno debe revisar las consecuencias de sus normas y corregir aquellas que produzcan injusticias. El problema surgió cuando la presidenta agregó: “Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal”, y después fue todavía más explícita: “No cumplas con la norma, eso es lo que te estoy diciendo”.
La diferencia entre ambas expresiones es de contexto, no necesariamente de principio. López Obrador dijo que no aceptaba que se le respondiera que “la ley es la ley”; Sheinbaum le indicó directamente a un funcionario: “No cumplas con la norma”. En ambos casos aparece una misma premisa: la regla jurídica no debe imponerse cuando, a juicio del poder, entra en contradicción con un interés superior a juicio del gobernante.
Aquí está el verdadero problema. Nadie puede sostener que todas las leyes son justas o que todas las normas administrativas son razonables. Existen disposiciones equivocadas, burocráticas o perjudiciales. Pero para corregirlas existen procedimientos institucionales: reformas legislativas, recursos administrativos, amparos, controversias e interpretación jurídica. La solución no debería ser que el funcionario simplemente deje de cumplirlas.
La pregunta inevitable es quién determina cuándo el sentido común está por encima de la norma. Si esa facultad corresponde al gobernante, la ley deja de ser una regla general y se convierte en una disposición cuya aplicación depende del criterio de quien ejerce el poder.
Por eso, aunque no sean declaraciones textualmente iguales, sí pueden analizarse bajo un mismo enfoque. En abril de 2022, López Obrador cuestionó el principio expresado en “la ley es la ley”. En julio de 2026, Sheinbaum afirmó que cuando una norma se coloca por encima de la gente y del sentido común, el funcionario debe “no cumplir” con ella.
La tesis es clara: ambos mensajes colocan la interpretación política del interés público por encima de la obligación de sujetarse estrictamente a la norma. Y ahí aparece una frontera peligrosa para cualquier democracia constitucional. El sentido común puede servir para gobernar mejor, pero no puede convertirse en una autorización para desacatar la ley. Cuando desde el poder se normaliza que una norma puede incumplirse porque el gobernante considera que otra cosa es más justa, la excepción deja de ser excepcional y comienza a convertirse en una forma de ejercer el poder.
