Ciudad de México.- La negativa del Gobierno colombiano para permitir el ingreso de la brigada de rescate del Ejército mexicano tras el sismo de magnitud devastadora ocurrido este lunes ha abierto un frente de debate político y diplomático, luego de que las autoridades de ese país argumentaran la falta de acreditaciones específicas bajo los estándares del Sistema de Asesoría y Coordinación Internacional de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas.
Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la administración colombiana frenó la llegada del agrupamiento especializado, a pesar de contar con una trayectoria probada en misiones internacionales de auxilio humanitario. La mandataria federal detalló que el argumento oficial giró en torno a la exigencia de certificaciones adicionales, requisito que calificó como una traba administrativa innecesaria ante la emergencia.
Las autoridades del país suramericano solicitaron acreditaciones adicionales para permitir el despliegue del equipo, expuso Sheinbaum, al tiempo que recordó la experiencia acumulada del agrupamiento militar mexicano en misiones de salvamento desplegadas en diversas naciones del mundo. Pese al freno diplomático, la titular del Ejecutivo federal subrayó que la brigada permanece en alerta y lista para zarpar en cualquier momento si las condiciones cambian.
La postura de Bogotá fue fijada formalmente por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Tamayo, quien comunicó la víspera que el país sudamericano limitaría la recepción de ayuda extranjera a equipos respaldados directamente por la red internacional de búsqueda y rescate coordinada por la ONU. El funcionario argumentó que solo se aceptarían brigadas cuyos países de origen garanticen estándares técnicos rigurosos, centralizando la colaboración en delegaciones procedentes de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador.
No obstante, la exclusión del equipo mexicano frente a la inclusión de otras delegaciones gubernamentales generó cuestionamientos sobre los criterios aplicados por la gestión de riesgos en Colombia. Entre los países autorizados por Bogotá figura El Salvador, una nación cuyo equipo de rescate tampoco aparece registrado dentro del directorio oficial de equipos de búsqueda y rescate clasificados internacionalmente por la red de la ONU, al igual que ocurre con el agrupamiento mexicano.
La controversia escala mientras las labores de búsqueda en territorio colombiano continúan para dar con los desaparecidos y atender a los damnificados por el movimiento telúrico, dejando en pausa la tradicional cooperación solidaria que las fuerzas armadas mexicanas suelen desplegar en auxilio de naciones hermanas ante catástrofes naturales.
