Ciudad de México.- La situación jurídica y política de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional y senador de la República, se encuentra en un punto crítico luego de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados anunciara que el proceso de desafuero en su contra podría quedar resuelto y votado durante el próximo mes de septiembre. El caso, que ha permanecido abierto en el Poder Legislativo a través de diversas etapas e indagatorias procedentes de Campeche, revive la pugna entre la coalición oficialista y la dirigencia opositora en un contexto marcado por acusaciones mutuas de persecución política y tensiones diplomáticas.
Contexto del proceso y solicitudes de procedencia
El actual juicio de procedencia o desafuero no representa el primer intento por retirar la inmunidad constitucional al también exgobernador campechano. En julio de 2025, tras desechar formalmente una primera solicitud de carácter histórico, la Sección Instructora comenzó el análisis de una nueva petición impulsada por la Fiscalía General del Estado de Campeche. Dicha carpeta recopila expedientes que acusan al legislador de presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, vinculados al manejo de recursos públicos durante su administración al frente de dicha entidad federativa.
Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, ha señalado reiteradamente que el análisis del expediente se ha conducido bajo criterios estrictamente legales y técnicos. Tras aplazar las deliberaciones legislativas en periodos anteriores para robustecer la pulcritud del dictamen, el órgano legislativo retomará las evaluaciones con base en las pruebas aportadas por las fiscalías locales y federales.
Detenciones y cerco judicial sobre su círculo cercano
La reactivación del interés político y mediático en torno al juicio de desafuero coincide con avances significativos en investigaciones ministeriales contra operadores y excolaboradores cercanos a Moreno Cárdenas. Recientemente se reportaron las aprehensiones de figuras clave como Luis Antonio N, señalado como presunto contador de allegados al dirigente priista, y Carlos N, exdirector de la Unidad de Comunicación Social en Campeche, quien es investigado por la presunta malversación de millones de pesos.
Estas acciones ministeriales han alimentado los argumentos de los legisladores de Morena y sus aliados en el Congreso, quienes reclaman celeridad en el proceso de desafuero. Desde la tribuna legislativa, representantes del oficialismo han intensificado los señalamientos en contra del líder partidista, endureciendo el discurso político al calificar su actuación pública como una de las principales afectaciones a los intereses nacionales, lo que ha avivado el debate sobre la pertinencia de mantener su fuero constitucional.
La estrategia internacional y la defensa de la dirigencia priista
En respuesta al avance de los procedimientos en su contra, Alejandro Moreno ha optado por una estrategia de internacionalización del conflicto político. El senador ha realizado diversas visitas a Washington, Estados Unidos, con el propósito de denunciar ante instancias internacionales lo que califica como una persecución de Estado, un clima de autoritarismo y un intento sistemático de censura por parte del gobierno mexicano y de las autoridades electorales tras criticar a la administración en funciones.
El dirigente del tricolor sostiene que las carpetas de investigación, las acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y peculado forman parte de una ofensiva jurídica fabricada desde el poder para debilitar a la oposición y coartar la libertad de expresión de los liderazgos partidistas. Argumenta que las acusaciones carecen de sustento legal válido y obedecen exclusivamente a motivaciones de índole electoral y partidista.
Próximos pasos en el Congreso
De cumplirse las previsiones de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en septiembre, el pleno legislativo se alistaría para erigirse en jurado de procedencia. Si el dictamen determina que existen elementos suficientes para proceder penalmente, el fuero constitucional de Alejandro Moreno sería retirado parcialmente, lo que permitiría a la Fiscalía General de la República y a los órganos ministeriales locales ejecutar órdenes de aprehensión o someterlo formalmente ante los tribunales federales comunes. En caso contrario, el expediente sería desechado de manera definitiva, marcando un precedente clave en las relaciones entre el Poder Legislativo y los actores políticos de oposición durante la actual legislatura.
