Ciudad de Guatemala, Guanyemala. – La declaración de estado de sitio por 30 días en todo el territorio guatemalteco, anunciada por el presidente Bernardo Arévalo el domingo 18 de enero, marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. La medida responde a una oleada de violencia desatada por la pandilla Barrio 18, que incluyó motines simultáneos en tres prisiones y el asesinato coordinado de al menos nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los disturbios comenzaron el sábado 17 de enero en los centros penitenciarios Renovación I (Escuintla), Fraijanes II y el Sector 11 del Preventivo zona 18 (capital). Reclusos, en su mayoría miembros de Barrio 18, tomaron como rehenes a decenas de guardias —hasta 46 según algunas fuentes— y exigieron el restablecimiento de privilegios como traslados a cárceles menos estrictas, entrega de comida especial, aire acondicionado y camas extragrandes para su líder, Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”.
Las autoridades rechazaron negociar y recuperaron el control de las prisiones el domingo mediante operativos que liberaron a los rehenes. Sin embargo, la respuesta de la pandilla no se hizo esperar: ataques en represalia en calles de Ciudad de Guatemala y zonas aledañas dejaron un saldo inicial de siete policías muertos, que subió a nueve y luego a diez con fallecimientos posteriores por heridas graves. Varios agentes resultaron heridos, algunos en estado crítico.
Arévalo, en cadena nacional, calificó los hechos como una ofensiva de “mafias político-criminales” que buscan “aterrorizar a la población” y desestabilizar su gobierno anticorrupción. “Este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia”, afirmó, vinculando la violencia a la resistencia de grupos que ven amenazados sus privilegios ante la reforma penitenciaria y la designación de pandillas como organizaciones terroristas (por EE.UU. en 2025 y ratificada localmente).
El estado de sitio faculta a la PNC y al Ejército para establecer puestos de control, realizar detenciones sin orden judicial y suspender ciertas garantías constitucionales, aunque el presidente insistió en que no afectará derechos fundamentales de los ciudadanos. Se desplegaron unos 45,000 policías y militares; las calles de la capital lucieron semivacías el lunes, con escuelas cerradas (reanudaron martes) y un fuerte dispositivo de seguridad.
Expertos como Ana María Méndez Dardón, de WOLA, ven en estos eventos una “alerta” sobre intentos de grupos paralelos por romper el orden constitucional y perpetuar la impunidad. La situación llega en un momento clave para Arévalo, quien enfrenta la elección de un nuevo fiscal general y busca desmantelar redes de corrupción enquistadas en instituciones.
Hasta el lunes, se reportaron al menos 10 detenciones de presuntos pandilleros de Barrio 18 vinculados a los ataques, incluyendo figuras clave. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló a “El Lobo” como principal instigador desde su celda. El Ejército reafirmó su respaldo al presidente, descartando amenazas de desestabilización.
La crisis penitenciaria no es nueva: en octubre de 2025, 20 reos de alto rango de Barrio 18 se fugaron, lo que provocó destituciones y promesas de apoyo internacional, incluido del FBI. Ahora, con el estado de sitio, el gobierno apuesta por una ofensiva frontal contra estructuras que operan desde dentro y fuera de las cárceles, en un país donde las pandillas influyen en política, extorsión y tráfico.
Familiares de los policías asesinados lloraron en funerales presididos por Arévalo, mientras la población observa con temor si esta medida restablece el control o escala el conflicto. El desafío para el mandatario es claro: recuperar la seguridad sin ceder a la intimidación criminal.
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