Arde el PAN en la capital
La sucesión por la Presidencia Municipal de Chihuahua comienza a dejar de ser una competencia de nombres para convertirse en una verdadera pelea por el control político del Ayuntamiento. El PAN cerró su registro con ocho aspirantes: César Jáuregui, Santiago de la Peña, Rafael Loera, Manque Granados, Alfredo Chávez, Jorge Soto, Carlos Olson y Alan Falomir. Pero aunque son ocho los registrados, el ruido político empieza a concentrarse en unos cuantos y, particularmente, en la confrontación que protagonizan Loera y Jáuregui.
La disputa tiene un ingrediente que vuelve más delicada la operación panista: la percepción de que la candidatura podría terminar resolviéndose desde el centro del poder estatal. El propio secretario nacional de Elecciones del PAN, Luis Olmedo, reconoció que la opinión de la gobernadora Maru Campos tendrá un peso “relevante” en la decisión, aunque descartó una designación directa y aseguró que se buscará al perfil más competitivo. Es decir, habrá mediciones, pero nadie en el PAN ignora quién tiene la llave de la casa.
En ese escenario, Rafael Loera ha decidido no jugar a las escondidas. Su discurso se ha vuelto cada vez más confrontativo contra cualquier posibilidad de imposición y ha colocado sobre la mesa una de las palabras que más incomodan a cualquier dirigencia partidista: piso parejo. Su posición resulta políticamente entendible. Si las encuestas y la competencia interna serán el mecanismo para definir al candidato, Loera necesita que las reglas sean creíbles y que nadie llegue a la meta con ventaja de fábrica.
César Jáuregui tampoco parece dispuesto a hacerse a un lado. El exfiscal formalizó su registro el 14 de julio y desde entonces ha incrementado su actividad política. Ya había mostrado músculo desde antes y su discurso ha adquirido mayor firmeza frente a quienes lo cuestionan. En junio respondió a sus críticos con una frase que resume su estrategia: mientras otros hablan, él seguirá recorriendo Chihuahua y escuchando a la gente.
Los números, además, le dan combustible. Una encuesta de RUBRUM levantada el 20 de julio colocó a Jáuregui en primer lugar entre los panistas, con 30.7 por ciento de las preferencias, seguido por Manque Granados con 24, Santiago de la Peña con 18.7 y Rafael Loera con 14.3 por ciento. Es una fotografía, no una sentencia, pero explica por qué Jáuregui no tiene ninguna intención de abandonar la pista.
De la Peña juega otra carta
Mientras Loera confronta y Jáuregui acelera, Santiago de la Peña parece haber elegido una estrategia mucho más silenciosa: dejar que la operación política pase por la gobernadora y por quienes tienen capacidad de decisión dentro del grupo en el poder. No significa que haya abandonado la competencia. De hecho, se registró entre los ocho aspirantes y desde enero había dejado claro que estaba disponible para cualquier candidatura.
Su ventaja potencial es precisamente esa cercanía con el núcleo de decisión; su desventaja es que esa misma cercanía puede convertirse en argumento para quienes advierten contra una candidatura previamente acordada. Y ahí está el verdadero riesgo para el PAN: que una contienda que debería producir al candidato más competitivo termine produciendo al candidato que deje más heridos.
Porque la alcaldía de Chihuahua no es cualquier posición. El propio Luis Olmedo dijo que cualquiera de los perfiles que el PAN coloque en la capital garantiza, en su opinión, una candidatura competitiva y un escenario favorable para el partido. Pero también reconoció que la contienda “se ha calentado de más”.
El PAN tiene la ventaja de saber que puede ganar la capital. Lo peligroso es que, precisamente porque todos saben que puede ganarla, todos quieren ser quienes cobren el premio.
Y ahí la pregunta ya no es solamente quién encabeza las encuestas. La pregunta es quién será capaz de llegar a la candidatura sin incendiar el camino. Porque si Loera sube el tono, Jáuregui aprieta el paso y De la Peña confía en la operación desde arriba, la elección interna puede terminar siendo más cruenta que la constitucional.
En política, a veces el verdadero enemigo no está enfrente. Está sentado en la misma mesa.
Bonilla al territorio
El PAN decidió no esperar a que Morena termine de darse de codazos para escoger candidato y ya puso a trabajar la maquinaria rumbo a 2027. Mientras los morenistas siguen enfrascados en la pelea entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, los panistas comenzaron a instalar sus mesas políticas en el estado. Y el mensaje, aunque lo quieran vestir de organización partidista, es bastante claro: Acción Nacional quiere ganar tiempo y, de paso, meterle presión al adversario.
La jugada arrancó en Ciudad Juárez y para este miércoles quedarán instaladas las mesas de Juárez y Cuauhtémoc, para después extenderse a otros municipios, especialmente aquellos donde gobierna el PAN. La instrucción es sencilla: organizar territorio, revisar indicadores, alinear equipos y llegar a octubre con la estructura política funcionando. Pero detrás de esa operación hay algo más que reuniones, café y diagnósticos electorales. El PAN ya escogió, en los hechos, el camino y a quien lo va a recorrer.
Marco Bonilla fue designado “Defensor de la Patria, la Familia y la Libertad” y asumió la coordinación política estatal. El nombre es largo, pero el mensaje político es bastante corto: Bonilla va. No es todavía la candidatura formal porque los tiempos legales tienen sus propios calendarios, pero políticamente la fotografía está tomada. Bonilla encabeza la operación y Daniela Álvarez, dirigente estatal panista, coordina las mesas. La maquinaria ya tiene conductor y ahora está buscando que todos los engranes giren al mismo tiempo.
Y aquí aparece la parte sabrosa de la historia. Morena inventó este juego. Desde 2022, Andrés Manuel López Obrador convirtió las llamadas “Coordinaciones de Defensa de la Transformación” en una fórmula para adelantar las campañas sin llamarlas campañas. Se trataba de recorrer, medir, organizar, posicionar y, sobre todo, mantener a sus aspirantes bajo los reflectores mucho antes de que comenzaran formalmente los procesos electorales. Ahora el PAN tomó la receta, le cambió el membrete y la puso a cocinar en Chihuahua.
Los “Defensores de la Cuarta Transformación” tienen ahora su versión panista en los “Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad”. Cambió el color, cambió el discurso, pero la música se parece bastante. La diferencia es que, en Chihuahua, el PAN parece haber llegado antes al escenario. Mientras Morena todavía tiene que resolver quién encabezará su proyecto estatal, Acción Nacional ya tiene a Bonilla recorriendo el estado y a su estructura política trabajando para acompañar esa operación.
Mientras unos pelean, otros organizan
El problema para Morena es que su estrategia, que durante años le permitió adelantarse a los demás partidos, ahora puede estar jugando en su contra. La disputa entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar por encabezar el proyecto de Morena rumbo a la gubernatura se ha convertido en una contienda intensa. La senadora con licencia y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez mantienen sus respectivos grupos, realizan recorridos, buscan respaldos y miden fuerzas. Los dos quieren la misma silla y ninguno parece dispuesto a regalarle centímetros al otro.
Mientras tanto, el PAN ya está haciendo algo mucho menos espectacular, pero políticamente importante: ordenar la casa. Las mesas políticas no son todavía una campaña, pero se parecen bastante a una sala de operaciones. Ahí se revisarán territorio, estructura, indicadores, estrategia y responsabilidades. Y si todo sale conforme al plan panista, cuando Morena termine de decidir quién será su abanderado, Acción Nacional ya tendrá varios meses de ventaja en organización.
Eso tampoco significa que Bonilla tenga la elección en la bolsa. La política mexicana tiene la mala costumbre de convertir favoritos en derrotados y desconocidos en sorpresas. Pero sí significa que el PAN entendió algo elemental: en una elección competitiva, el tiempo también se disputa. No basta con tener candidato; hay que construir estructura, ocupar territorio, mantener presencia y conseguir que los equipos trabajen en la misma dirección antes de que la contienda entre formalmente en su etapa decisiva.
Morena enseñó el truco y el PAN aprendió rápido. Ahora falta saber si el alumno terminó copiando la tarea completa o si, además, pretende sacar mejor calificación que el maestro. Por lo pronto, mientras en Morena siguen preguntándose quién será el defensor de la Cuarta Transformación, en el PAN ya pusieron a sus defensores a trabajar.
Y ahí está precisamente la picardía de la jugada. Morena creó el mecanismo para adelantar la sucesión sin llamarla campaña; el PAN lo tomó, lo bautizó a su manera y comenzó a aplicarlo cuando su principal competidor todavía está ocupado resolviendo quién manda en su propia casa. En política, esas pequeñas ventajas pueden terminar pesando mucho cuando llega la hora de contar votos.
Por lo pronto, Acción Nacional ya movió sus piezas en Ciudad Juárez y Cuauhtémoc y pretende llevar la misma operación al resto del estado. Morena tendrá que decidir pronto si continúa la pelea interna o empieza a organizar el tablero. Porque esta vez el partido que durante años enseñó a los demás a madrugar puede terminar descubriendo que alguien más aprendió a poner el despertador.
Y como dice el viejo refrán, muy mexicano y muy electoral: el que pega primero, pega dos veces.
La austeridad quedó atrás en la SCJN
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó con acordeón bajo el brazo y austeridad en el discurso. El mensaje fue contundente: se acabarían los privilegios, se reducirían los excesos y los nuevos ministros demostrarían que la transformación del Poder Judicial también podía hacerse con el cinturón apretado. El problema es que apenas comienza la nueva etapa y ya aparecen síntomas de que aquello de la austeridad podría haber sido, al menos en parte, un recurso para la tribuna.
Primero aparecieron las camionetas de más de un millón de pesos. Nada demasiado extraordinario para una institución que maneja un presupuesto considerable, pero bastante incómodo para quienes llegaron prometiendo precisamente lo contrario. Una cosa es explicar que un ministro necesita un vehículo seguro y funcional para cumplir con su responsabilidad y otra muy distinta es utilizar durante meses los privilegios de los anteriores ministros como argumento para transformar al Poder Judicial y terminar reproduciendo algunas de esas prácticas.
Ahora llega otro detalle que tampoco ayuda al discurso: el presupuesto de la Suprema Corte aumentará más de 12 por ciento. Es decir, la nueva Corte parece haber encontrado una curiosa manera de practicar la austeridad: gastar más. Cuando el presupuesto crece de manera significativa, la retórica empieza a quedarse corta frente a la calculadora.
Los abusos que ya no parecen tan abusivos
Pero lo más interesante está en las prestaciones. Algunas de las cosas que durante la discusión de la reforma judicial fueron presentadas como ejemplos de los privilegios que debían desaparecer comienzan a regresar por la puerta de atrás. Entre ellas aparece nuevamente el seguro de gastos médicos mayores para los ministros.
Y aquí surge la pregunta inevitable: si ayer el seguro era considerado un abuso porque los ministros debían recurrir a los servicios públicos de salud, ¿por qué hoy puede convertirse en una prestación aceptable? ¿Cambió el seguro o cambiaron los beneficiarios?
El problema no es solamente cuánto cuesta una camioneta o cuánto representa un seguro dentro del presupuesto. El problema es la congruencia. Cuando una transformación política se construye sobre la denuncia de los privilegios del pasado, cada prestación recuperada y cada gasto cuestionable adquieren un significado mayor.
Menos trabajo, más privilegios
Y mientras se discuten camionetas, presupuesto y prestaciones, aparece otro asunto todavía más delicado: la productividad de la nueva integración de la Corte. Se han formulado cuestionamientos sobre la disminución en el número de asuntos resueltos y sobre el desempeño de algunos ministros durante sus primeras intervenciones públicas.
El problema ya no sería solamente cuánto cuesta la nueva Corte, sino qué está entregando a cambio. Si los ministros reciben mejores condiciones materiales mientras disminuye su productividad, la pregunta deja de ser incómoda para convertirse en obligada: ¿dónde está la austeridad y dónde está el trabajo?
A ello se suman episodios que han generado críticas por el manejo de conceptos jurídicos, la argumentación y el dominio técnico mostrado en algunas sesiones. En una institución cuya principal materia prima es precisamente el conocimiento del derecho, que sus integrantes sean cuestionados por deficiencias jurídicas resulta mucho más serio que cualquier discusión sobre camionetas.
La nueva Corte todavía está a tiempo de demostrar que existe una diferencia real con el Poder Judicial que sustituyó. Pero tendrá que hacerlo con algo más que discursos sobre austeridad, porque los números son menos sentimentales que la propaganda.
Por ahora, la historia empieza a parecerse a la del político que prometió llegar caminando al poder y, una vez instalado, descubrió que también necesitaba chofer, camioneta y seguro.
La transformación judicial prometió quitar privilegios. Apenas comienza y algunos ya parecen estar de regreso. La pregunta incómoda es si la austeridad fue una convicción o simplemente el boleto de entrada.
