Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley de Amparo propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un avance significativo para limitar litigios que obstaculizan políticas públicas del gobierno federal. La votación, efectuada esta tarde en sesión ordinaria, registró 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, consolidando el respaldo de la coalición oficialista integrada por Morena, PT y PVEM.
El dictamen altera la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 3, 5, 7, 25, 26, 27, 28, 30, 59, 60, 82, 107, 111, 115, 121, 124, 128, 129, 135, 137, 138, 146, 148, 166, 168, 181, 186, 192, 260, 262 y 271. Estas modificaciones pretenden restringir la procedencia de amparos contra actos de autoridad cuando involucren interés público, facilitando la ejecución de proyectos de infraestructura, programas sociales y regulaciones en sectores como energía, medio ambiente y fiscal.
Las reformas extienden su impacto al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, que aborda procedimientos tributarios y suspensiones provisionales, y al artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Incluyen también cambios en los transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, que definen plazos de vigencia y adaptación para las nuevas disposiciones.
La Mesa Directiva reportó que, una vez aprobado el lo general, se inició la discusión en lo particular, con presentación de reservas por parte de diversos grupos parlamentarios. La propuesta, remitida por Sheinbaum en septiembre pasado como parte de un paquete de ajustes judiciales y administrativos, responde a quejas del oficialismo sobre el uso excesivo de amparos para bloquear iniciativas gubernamentales, como las suspensiones judiciales a tramos del Tren Maya o normas en materia energética.
Alertas por la ambigüedad del interés público
El concepto de «interés público» emerge como eje de las reformas, pero su definición vaga ha suscitado críticas de juristas y sectores económicos. Publicaciones de El Economista en su sección de Política resaltan preocupaciones empresariales sobre un posible debilitamiento de garantías individuales, lo que podría exponer a impugnaciones legítimas a interpretaciones discrecionales del Estado. Organizaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM han advertido en posicionamientos iniciales sobre riesgos de concentración de poder y potenciales violaciones a derechos humanos protegidos por la Constitución.
Durante el debate, la oposición –encabezada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano– rechazó la iniciativa en bloque, denominándola un «golpe al equilibrio de poderes». El diputado Ricardo Anaya (PAN) la acusó de promover impunidad en casos de corrupción al limitar revisiones judiciales. En contraste, la diputada morenista María Guadalupe Díaz, ponente del dictamen, la justificó como medida para «eficientar» la justicia y priorizar el beneficio colectivo, en sintonía con los principios de la Cuarta Transformación.
Etapas pendientes
La aprobación se inscribe en los esfuerzos de Sheinbaum por afianzar su administración desde octubre de 2024, siguiendo el legado de Andrés Manuel López Obrador, quien promovió intentos similares en 2021. Con mayoría calificada en Diputados –superando los 300 escaños de la coalición–, el proyecto se dirige al Senado, donde Morena mantiene influencia, aunque podría enfrentar obstáculos en comisiones. De aprobarse en lo particular y en la Cámara alta, se publicaría en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor, afectando juicios en curso y futuras impugnaciones.
La sesión, conducida por la diputada Hortensia Noroña (PT), se prolongó hasta altas horas, exponiendo fricciones incluso dentro del bloque oficialista mediante las abstenciones registradas. Analistas estiman que las deliberaciones artículo por artículo demandarán días adicionales, con posibles ajustes para atenuar oposiciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) monitorea el proceso, anticipando posibles controversias constitucionales post-promulgación.
En un contexto de tensiones con el Poder Judicial –tras la elección de nuevos ministros y reformas electorales–, esta iniciativa redefine el rol del amparo como herramienta de control ciudadano, potenciando la ejecución estatal de políticas prioritarias y alimentando un debate nacional sobre el balance entre eficiencia gubernamental y protección de derechos.
