Caracas, Venezuela.- Los colectivos, grupos paramilitares progubernamentales armados que operan principalmente en motocicletas y vehículos, han sido un pilar clave en el aparato represivo del régimen de Nicolás Maduro, según denuncias consistentes de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y la ONU.
Conocidos por vestir jeans, ropa oscura y frecuentemente máscaras o encapuchados, estos pistoleros móviles actúan como fuerza de intimidación contra la oposición política. Se despliegan en protestas antigubernamentales para dispersar manifestantes, disparar, detener arbitrariamente o marcar viviendas de disidentes, lo que ha generado un clima de terror efectivo para frenar críticas al gobierno.
Originados en barrios populares durante la era de Hugo Chávez como grupos comunitarios, evolucionaron bajo Maduro en estructuras paramilitares con impunidad estatal. Reportes de HRW documentan su involucramiento en asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y represión postelectoral, especialmente tras las controvertidas elecciones de julio de 2024, donde participaron en abusos junto a fuerzas de seguridad.
En el contexto actual, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses este 3 de enero, figuras chavistas como Diosdado Cabello han llamado públicamente a los «motorizados» —término común para referirse a estos colectivos— a movilizarse y mantener el control en las calles, evidenciando su rol persistente en la defensa del chavismo incluso ante la crisis institucional.
Activistas y residentes de zonas como el 23 de Enero en Caracas describen a los colectivos como la «única ley» en barrios pobres, donde extorsionan, controlan servicios y reprimen disidencia. Su acción ha contribuido a miles de detenciones arbitrarias y éxodos masivos en los últimos años.
La comunidad internacional, incluyendo la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, ha exigido investigaciones por crímenes de lesa humanidad vinculados a estos grupos y al régimen.
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