Ciudad de México.— Como parte de una estrategia integral para combatir el hacinamiento, recuperar el control del sistema penitenciario y evitar que las organizaciones criminales operen desde el interior de los centros de reclusión, el gobierno federal anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en el país.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los nuevos recintos sumarán de manera conjunta un total de 18 mil 480 espacios, proyectando su entrada en operación hacia el año 2028.
La edificación de las nuevas instalaciones estará distribuida en seis entidades estratégicas del territorio nacional: Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
El anuncio gubernamental surge tras los recientes hechos de violencia registrados en centros penitenciarios del país —como los acontecimientos críticos en el penal de Mazatlán, Sinaloa—, los cuales evidenciaron los riesgos derivados de la sobrepoblación, el déficit de personal de custodia y la vulnerabilidad ante la operación de grupos delictivos.
Ante esta problemática, el funcionario federal explicó que el modelo de los nuevos penales contemplará estrictos estándares de seguridad, infraestructura de alta tecnología, sistemas avanzados de vigilancia y monitoreo, además de tecnología especializada para el bloqueo de señales de telefonía e internet, inhibiendo con ello las extorsiones y la comunicación ilícita desde las celdas.
Asimismo, el diseño de los centros incorporará módulos diferenciados para clasificar a los internos según su perfil y nivel de riesgo, combinando el control estricto con ejes orientados a la reinserción social que incluirán espacios destinados a la salud, actividades deportivas, educación y capacitación para el trabajo.
La saturación de las cárceles mexicanas, impulsada históricamente por el uso prolongado de la prisión preventiva que mantiene a miles de personas privadas de la libertad sin una sentencia condenatoria, ha representado históricamente un desafío crítico para la estabilidad institucional y los derechos humanos. Con este proyecto de infraestructura, la administración federal busca mitigar la crisis carcelaria y dotar al Estado de mayor capacidad operativa y de gobernabilidad en el sistema penitenciario.
